Eliminar organismos descentralizados, la prolongación del deterioro gubernamental

La contrarreforma energética ha opacado la intención, anunciada desde el gobierno, de desaparecer varios órganos de la administración pública, desde algunas instituciones públicas en materia ambiental y social, hasta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca quitar autonomía técnica y de gestión a 16 órganos descentralizados y desconcentrados. 

Al menos se ha mencionado la desaparición o fusión de siete órganos descentralizados, cuyas funciones serían incorporadas a las secretarías de Estado lo que propiciará inevitablemente la desaparición o disminución de las acciones que estos entes venían ejerciendo en favor de los adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, refugiados, del medio ambiente y del combate a la corrupción, por citar algunos. 

Estos órganos denominados descentralizados gozan de autonomía técnica y de gestión para realizar sus funciones. Su existencia se fundamenta en el eficaz desempeño del Estado en las áreas estratégicas y de carácter prioritario, además de proporcionar un servicio público o social.

Como se sabe el Poder Ejecutivo está dividido, para su ejercicio, en la administración pública centralizada y paraestatal. De la primera penden todas las secretarías de Estado y podríamos decir que sus funciones son político administrativas, además de estar dotadas de facultades de imperium, concepto que se encuentra relacionado con el de coacción; mientras tanto, el actuar de la administración pública paraestatal, donde se localizan los descentralizados, no se relaciona estrictamente con el ejercicio de poder, ni de coacción y según lo ha determinado la Suprema Corte, no son esencialmente autoridades. 

Además de lo anterior, considerando que a los descentralizados se les encomienda la ejecución de programas de desarrollo establecidos por las secretarías de Estado (proporcionar educación, construir hospitales, fomentar la economía nacional y realizar actividades económicas, entre otros), estos órganos necesitan de mayor especialidad, agilidad y estabilidad para cumplir con sus atribuciones.

Dado que los organismos descentralizados realizan funciones auxiliares permanentes, se les otorga total libertad de acción en el aspecto técnico, presupuestal, patrimonial y de gestión. Si bien no forman parte del Poder Ejecutivo, sí se encuentran alineados con las políticas públicas de Estado, de ahí que el marco jurídico y la integración de un órgano colegiado con integrantes profesionalizados y expertos que colaboran permanentemente con el gobierno federal, asegura la consecución de sus objetivos.

Es válido señalar que los organismos descentralizados son centros de decisión que no corresponden propiamente a ninguno de los tres poderes tradicionales; forman parte de cualquier reforma moderna y seria del Estado que se presuma de serlo, como han señalado estudiosos de izquierda, como Porfirio Muñoz Ledo en su libro La vía radical para refundar la República. No es cuestión de “colores” o de “facciones”.

El presidente López Obrador ha criticado a los órganos descentralizados argumentado que busca evitar “el derroche y la duplicidad de funciones” y justifica su desaparición dada la máxima de austeridad que ejecuta su gobierno. En este sentido, es válido que el desempeño de cualquier órgano del Estado esté sujeto a revisión y escrutinio, sopesando su desempeño y resultados de acuerdo a su mandato. 

Lo que es claro es que esta valoración técnica y objetiva no se ha realizado durante la presente administración, estamos ante la avasalladora y permanente concentración del poder político para dotar de recursos a los programas prioritarios del Ejecutivo federal, lo cual, de concretarse, continuará con el deterioro de la capacidad gubernamental para realizar sus funciones y, en consecuencia, afectará el bienestar de los ciudadanos.