Lo que no propone la reforma electoral de AMLO

El jueves 28 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados. El principal motivo de la reforma es eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los tribunales electorales, con la intención de tener un órgano afín en el 2024, año en que se decidirá la continuidad o no de la Cuarta Transformación. El segundo objetivo, al reducir el tamaño del Congreso, es que Morena obtenga los votos necesarios para aprobar las reformas que desde el Ejecutivo se promuevan y, en alianza con sus partidos afines, se logre materializar y perpetuar la visión y el proyecto de gobierno del presidente.

El presidente insiste en que el INE es carísimo y que esa es la principal razón para reformar la Constitución. Pero lo cierto es que tan solo un mes de pérdidas de Pemex equivalen al presupuesto anual del INE. Por otro lado, la reforma constitucional que propone el presidente no toca, o aborda de modo indebido, dos problemas torales que requieren arreglo para lograr un buen funcionamiento del Poder Legislativo y del sistema político mexicano. Me refiero a la disfuncionalidad que existe actualmente en la forma de gobierno interno del Congreso de la Unión.

El sistema de representación directa vigente en el país encuentra un balance que evita la sobrerrepresentación de los partidos más fuertes a través de la figura “plurinominal”. 

No obstante lo anterior, los partidos logran la sobrerrepresentación por otros medios, por ejemplo, a través de las coaliciones para que el partido en el poder logre aprobar reformas afines a su proyecto de gobierno sin tomar en cuenta a la oposición. Este fenómeno se ha hecho por años por todos los partidos, pero en el 2018, cuando Morena teniendo el voto de un 37.6% del padrón electoral logró una sobrerrepresentación de más de 50% de diputados, llegó a un nivel extremo que obliga a la reflexión. 

Resulta necesario desaparecer los incentivos que llevan a vicios que acaban por dañar al sistema democrático, tal es el caso de los “préstamos” de legisladores entre partidos (los llamados “chapulines”), que abandonan su bancada para lograr los números requeridos y obtener la sobrerrepresentación, y simulaciones en las que candidatos que hicieron campaña por un partido a la hora de ganar cambian de partido, todo esto también para conformar y presidir comisiones parlamentarias y órganos de gobierno legislativo. 

Una forma de limitar estas prácticas podría ser mediante la eliminación de la cláusula de gobernabilidad y la asignación proporcional de los legisladores a través de listas abiertas de los partidos a la ciudadanía que estén obligados a hacer campaña para lograr el triunfo de ellos y del partido (como sucede en Alemania, donde los votantes votan en boletas separadas por candidatos y partidos de su preferencia) o mediante la transición a sistemas parlamentarios o semiparlamentarios donde las coaliciones entre partidos son el mecanismo legal para alcanzar mayorías y conformar gobierno.

El otro tema, gran ausente de la reforma, es la falta de un diseño institucional adecuado para el órgano legislativo. De nada serviría que el electorado elija de forma correcta a sus legisladores si la asamblea termina funcionando sin representar la votación obtenida en las urnas. 

Aquí convendría quizá introducir esquemas de gobierno corporativo al interior del Poder Legislativo: separación entre el titular de la Cámara y el responsable del gobierno del órgano legislativo, protección de los grupos minoritarios, existencia de unidades de fiscalización y auditoría que no dependan de las Cámaras, reparto equitativo de las comisiones, y modificación a la integración de la Comisión Permanente, que privilegia a los partidos mayoritarios. 

Estas propuestas podrían ser viables mediante una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, no es el momento político adecuado para concretar reformas estructurales de gran calado en el Poder Legislativo a través de una reforma constitucional.