Linchamientos

En 1870, época oscura para los derechos humanos en Estados Unidos, el titular de la Corte del condado de Virginia encarceló sin previo juicio a un grupo de personajes leales a la corona británica, señalados como supuestos incitadores de una rebelión. El juez Charles Lynch que comulgaba fervientemente con las causas que dieron origen a la independencia de la Unión Americana decidió embestir contra los sospechosos negándoles la oportunidad de defenderse. El argumento de Lynch, que pasó a la historia como una de las vergüenzas más aberrantes en la impartición de justicia, fue el “estado de necesidad en tiempos de guerra”. A los prisioneros se les condenó extrajudicialmente con base en las apariencias y fueron entregados a sus acusadores que de inmediato los ahorcaron. El apellido del juez dio origen al término linchar, práctica salvaje que en pleno siglo XXI sigue arraigada e incluso se incrementa.

Hartazgo, ingobernabilidad, desconfianza en las autoridades, frustración ante la impunidad que es ausencia de castigo para quien delinque son los detonadores de los linchamientos en diversas regiones de México. Los casos nos llevan a recordar situaciones que han mostrado las expresiones más primitivas de turbas incontrolables que acusan, sentencian y ejecutan guiados por la venganza.

Son expresiones inadmisibles en las que una aparente búsqueda de justicia produce un resultado abominable que ya no puede ser reparado. Los linchamientos van en aumento para evidenciar la descomposición del sistema de justicia. Según Raúl Rodríguez Guillén, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana especializado en el fenómeno, durante 2022 se tiene registro de más de 2 mil 300 casos, de los cuales el 70% fueron documentados en la capital, el Estado de México y Puebla. La mayoría de las veces se trató de asaltos en transporte público que habrían sido cometidos por ladrones capturados en flagrancia.

El viernes 10 de junio en el municipio de Huauchinango, Puebla, un joven asesor legislativo fue señalado por algunos pobladores de la región de Papatlazolco como “robachicos”. La única falta que cometió Daniel Picazo, abogado de profesión que visitaba a su padre, fue transitar por el lugar y momento equivocados. Bastó el rumor infundado de algunos lugareños para molerlo a golpes y quemarlo vivo en una pira medieval escalofriante.

La muerte de Daniel significa el fracaso de la justicia en un país que ha normalizado las atrocidades en una regresión que nos debería avergonzar.

Los linchamientos también se manifiestan de forma verbal, se dan desde el púlpito de un ignorante cura de pueblo o desde la tribuna nacional del tlatoani que busca eliminar a sus adversarios con injurias cotidianas en la hoguera del populismo.

¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor.

EDICTOS

Vaya alboroto que causaron en el Consejo de la Judicatura Federal y la oficina de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, las tronantes declaraciones de la magistrada Elba Sánchez Pozos a la periodista Carmen Aristegui. La juzgadora denunció una supuesta red de complicidades dentro de la institución que llega hasta un personaje ciertamente oscuro que lleva acumuladas graves recriminaciones de jueces y magistrados en los últimos meses. Se trata de Carlos Alpizar, secretario de la Presidencia en la Judicatura Federal y mano derecha de Zaldívar.

La entrevista provocó la reacción institucional a través de una carta de aclaración en la que se admite el cambio de adscripción de Sánchez Pozos a un tribunal unitario, nada menos que en Culiacán, Sinaloa, lo que para efectos prácticos en el medio jurisdiccional y ante el clima de violencia en esa entidad significa una clara represalia.

La magistrada ha expresado en su cuenta personal de Twitter que vive un infierno a causa de las denuncias expuestas ante la opinión pública. Con casos como este, resulta irónico que el discurso oficial sea tan enfático en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no creen?