Suprema Corte: 193 días

La designación en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la nueva consejera de la Judicatura Federal dejó ver los ánimos entre los ministros, a unos días de comenzar el segundo semestre del último año de la presidencia de Arturo Zaldívar.

Si se toma en consideración que la segunda quincena de julio viene el periodo vacacional de verano y se resta además la quincena navideña con su respectivo receso para concluir 2022, prácticamente nos encontramos en una recta final de cinco meses o 20 semanas en las que la operación sucesoria y los cabildeos internos serán intensos. Una dinámica bien conocida al interior de la institución, pero nunca reconocida oficialmente.

Se dice también que el año más difícil para un presidente del Máximo tribunal es el quinto, al concluir su periodo. En esta coyuntura, el equipo cercano del ministro saliente suele planear su aterrizaje y preparar la entrega de sus cargos. Muchos buscan salidas decorosas, otros solo se afanan en tratar de mostrar que dieron resultados en sus cargos, hay quienes realizan rimbombantes campañas para atribuirse logros de sus antecesores. Los menos tienen claro que el ciclo termina y se preparan con serenidad para entregar con orden sus responsabilidades administrativas.

En la actual administración, el sentimiento generalizado en los circuitos judiciales es que se establece una narrativa egocéntrica en la que se dice que nada valioso había antes, porque Zaldívar reinventó la institución. La renovación durante el arranque de 2023 será crucial frente a dos escenarios, un perfil que retome la llamada sana distancia del Ejecutivo federal o el que dé continuidad a esa cercanía que ha decepcionado adentro y afuera.

Es claro que el combate al nepotismo ha cambiado el rostro a la judicatura, sin embargo, persiste la corrupción, el marcado favoritismo y una presión implícita para todos aquellos jueces y magistrados que han propiciado el enfado de la Cuarta Transformación con decisiones que frenan los abusos en los proyectos del presidente de la República. Son considerados disidentes, conservadores y traidores en Palacio Nacional y los mensajes internos para respaldarlos han sido tibios o francamente inexistentes.

En el Consejo de la Judicatura a las y los juzgadores federales que hacen públicas sus críticas se les considera problemáticos y susceptibles de ser enviados a las adscripciones más complicadas en Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Zacatecas o Baja California.

Los privilegiados, porque los sigue habiendo, son asignados dentro de los órganos ubicados en el Valle de México. Eso no ha cambiado porque se mantiene vigente la dinámica del premio y el castigo, más allá del desempeño estrictamente profesional.

En algunas ponencias dentro de la Corte hay casos de magistrados con licencia, que dieron un salto cuántico relampagueante, sin siquiera haber sido jueces de distrito. Su privilegio es la protección de alguna toga que les guarda el lugar para cuando sea necesario.

En ese contexto comienza su trabajo Lilia Mónica López Benitez, electa con algunos forcejeos después de cuatro rondas de votación y un receso, necesarios para lograr una mayoría calificada de nueve ante el pleno del Máximo tribunal. La designación no fue tersa y reveló de inicio un empate a cinco votos con la magistrada Rosa María Temblador Vidrio y rondas subsecuentes que no alcanzaban la cifra calificada mínima de ocho.

Están fuera de duda las capacidades, trayectoria y experiencia de López Benitez, quien tiene la gran oportunidad de balancear el poder del bloque 4T encabezado por Bernardo Bátiz, en el que participa el mismo Zaldívar, en su calidad de presidente del órgano administrador de la justicia federal. Tendrá que demostrar que estará dispuesta a dar la cara por un numeroso sector de sus colegas que se siente ofendido, lastimado y menospreciado por una casta burocrática insensible a la naturaleza de la función jurisdiccional, que sólo defiende autonomía e independencia en los discursos.

EDICTOS

Ha iniciado la cuenta regresiva de Arturo Zaldívar en una presidencia marcada por el intento fallido de prolongarla. Se perfilan en la sucesión Javier Laynez por parte del sector que tratará de evitar el embate final del régimen para tomar el timón por mayoría del Poder Judicial de la Federación. Laynez tiene las simpatías de los ministros de carrera judicial, encabezados por la ministra Norma Piña.

La candidata antagónica es Yasmín Esquivel Mossa, quien tiene todo el respaldo de Zaldívar Lelo de la Larrea y Loretta Ortiz, brazo operativo de López Obrador en el Tribunal constitucional.

No se puede descartar una tercera vía en la que podrían tener opción Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena o Margarita Ríos Farjat. Esa decisión solo atañe a 11 y la conoceremos en 193 días.