Nuevo León y su orografía desigual: racismo ambiental en la crisis hídrica

Un estudio llamado Watered Down Justice evidenció que el vivir en una comunidad afroamericana acarrea más posibilidades de experimentar desabasto o contaminación en los sistemas de agua potable debido a la aplicación inefectiva de la normativa, la segregación residencial y la discriminación racial. Las comunidades negras, indígenas o de tono de piel oscuro experimentan de forma desproporcionada los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático. El término racismo ambiental nombra las desigualdades generadas por políticas y prácticas que colocan a las comunidades racializadas cerca de la contaminación o en entornos con escasez.

Actualmente Nuevo León se encuentra enfrentando la sequía más grave en 35 años, provocando que dos presas que abastecen la urbe alcancen niveles mínimos. Aunque aparentemente la escasez afecta a toda la población, el agua está conectada con el poder social en las ciudades, lo cual condiciona el acceso de forma distinta a las comunidades históricamente discriminadas. Lo cierto es que el área metropolitana de Monterrey está compuesta por una orografía de profundas desigualdades; convergen uno de los municipios con mayor riqueza en América Latina como San Pedro Garza con colonias que viven en pobreza, como las que habitan en el cerro de la Loma Larga.

La colonia de la Campana ejemplifica cómo se experimenta el racismo ambiental en el suministro de agua. En sus zonas más altas ha vivido con problemáticas en el servicio de agua potable desde hace años, incluso antes de la declaratoria de emergencia. A partir de estaciones de bombeo operadas por personas de la comunidad, el suministro pierde presión por las constantes fugas, los diámetros no soportan la demanda de tuberías a base de mangueras de poliducto de plástico que se rompen fácilmente, además de tuberías viejas de fierro que propician la acumulación de sarro, incrementando el riesgo de enfermedades. Previo a la emergencia, el consumo de algunas familias rondaba en 450 litros para seis personas o 100 litros para dos. A partir del desabasto reciente, los tanques no se llenaron por lo que, en la medida de sus posibilidades físicas, las personas cargaron depósitos de agua proveídos por el estado a través de la pronunciada pendiente del cerro.

Esto se contrapone con las cifras relevadas por el gobierno: el municipio que más agua consume es el de San Pedro Garza García con 300 litros por habitante al día. Si bien existen zonas san petrinas que han sido abastecidas por pipas estatales, las comunidades que viven en riqueza no se encuentran inmersas en contextos estructurales de desabasto de agua previo a la emergencia y sostienen privilegios raciales y de clase que les permite contar con poder económico para contratar pipas privadas y la implementación de cisternas en negocios y casas.

Se podría argumentar que la clase es el indicador más importante en estos casos, lo cierto es que en México la pobreza es racializada y no se puede separar de la identidad étnico racial. Por ejemplo, el tono de piel es un factor relevante para acceder al trabajo y la educación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque el 80% de las personas en nuestro país son personas morenas, las personas de tonos de piel más claros ocupan el centro de la vida política, económica y educativa; más del 60% de las personas blancas se encuentran en el quintil más rico del país. Mientras, las personas de tonos de piel oscura, así como las indígenas y afro poseen más posibilidades de nacer y permanecer en pobreza, de acuerdo con Oxfam.

El privilegio racial define cómo se transita una sequía: define la existencia de medidas que garanticen mejores condiciones en el abasto, garantiza el poder económico para acceder a fuentes de agua. Hacer frente al cambio climático no implica solo tomar medidas de adaptación y mitigación, implica reparación de las profundas e históricas desigualdades raciales en las ciudades.