La conexión Caro Quintero-Echeverría
Memorial

Periodista que intenta entender desde la complejidad. Conduce el noticiero Tendencias ADN40 a las 17:30 horas en la señal digital de este canal. Ha publicado reportajes de investigación en El Universal, BuzzFeed News, Aristegui Noticias, Emeequis y Radio Centro. Twitter: @maumondeo

La conexión Caro Quintero-Echeverría
Caro Quintero. Foto: EFE

Hay un hilo que une al narcotraficante Rafael Caro Quintero con el expresidente Luis Echeverría Álvarez en el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena: se trata de una propiedad en Lope de Vega 881, en la ciudad de Guadalajara.

El cuñado de Echeverría, Rubén Zuno Arce, fue propietario de ese inmueble a donde fue llevado el agente Camarena para ser torturado y posteriormente asesinado en febrero de 1985. Rubén fue hermano de María Esther Zuno Arce, quien renunció a ser llamada “primera dama” y escogió en su lugar el mote de “primera compañera”.

Rubén Zuno Arce fue detenido en 1989 en Texas por vínculos con el narcotráfico y por su supuesta implicación en el homicidio de Camarena. Aunque en su momento se llegó a argumentar que los testimonios con los que lo acusaron eran “comprados”, esta columna obtuvo algunos de los documentos de la corte de California donde se le enjuició.

El cuñado de Echeverría se defendió diciendo que la propiedad de Lope de Vega 881 la recibió como un regalo de su madre, que la arrendó hasta 1984 y que después fue vendida al doctor Rubén Sánchez Barba un mes antes del asesinato del agente de la DEA; pero uno de los testigos del juicio afirmó que el plan para secuestrar a Camarena lo armaron precisamente en el bautizo de una familiar de Sánchez Barba.

En ese juicio, los coacusados de Zuno Arce fueron Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carillo “Don Neto”, Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan Matta Ballesteros y varios narcotraficantes más. Finalmente, el hermano de la “primera compañera” fue encontrado culpable del delito de conspiración y sus días en la cárcel no fueron nada amables.

En los documentos de la Corte hay una carta fechada en 1989 donde los abogados de Zuno Arceo aseguran que fue golpeado, amenazado, bulleado y agredido físicamente por los custodios de la prisión. Uno de esos días fue esposado con tal fuerza que se quejó y la respuesta del policía en turno fue: “Te odio, hijo de puta, y te mostraremos cómo vamos a protegerte mientras estés aquí. Vamos a mostrarte cómo es la custodia”.

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Resignificar las calles

Rubén Zuno Arce murió en 2012 a los 82 años en una prisión de Estados Unidos y su cuñado Luis Echeverría murió la semana pasada, a los 100 años, sin haber rendido cuentas por su participación en hechos de la Guerra Sucia como la matanza de Tlatelolco, el Halconazo, la actuación de la Brigada Blanca en las operaciones de contrainsurgencia o las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Guerrero durante la búsqueda de Lucio Cabañas.

A pesar de esa estela de sangre que Echeverría intentó ocultar con supuestos actos de compasión por los países del “tercer mundo”, decenas de calles, escuelas, colonias, deportivos, unidades habitacionales y demás recintos en el país llevan su nombre. ¿Cómo puede resultarnos aceptable que un lugar a donde van los niños a aprender sea homónimo del hombre que estaba al mando del Ejército que desapareció a Rosendo Radilla Pacheco en 1974?

En España, la iniciativa “DeberíaDesaparecer” ha contabilizado 5 mil 600 vestigios de la dictadura franquista en las calles del país: vialidades, escudos, monumentos, nombres de pueblos, entre otros. Su análisis, según una entrevista en ElDiario.es, es que el régimen de Francisco Franco utilizó el poder de la simbología para enviar un mensaje político e intentar adoctrinar a la población.

De acuerdo con datos del Inegi, en México hay 442 calles y 39 pueblos con el nombre de Luis Echeverría, mientras que el membrete de Gustavo Díaz Ordaz lo llevan mil 45 calles, 35 pueblos y dos municipios. ¿Cómo explicar con sentido común este culto a dos de los represores más tristemente célebres de este país? 

En la Ciudad de México, el gobierno anunció que cambiaría el nombre de la calle Serapio Rendón por el de Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos que fue asesinada y luego revictimizada una y otra vez por las filtraciones de la Procuraduría capitalina –encabezada entonces por Bernardo Bátiz– en los medios de comunicación, los cuales abundaron en detalles sobre su vida privada y su salud mental para culparla de su propia muerte.

Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado mexicano y ordenó reabrir el caso. Parte de la sentencia es que su nombre se dignifique y esté en un premio de derechos humanos y en alguna calle. No obstante, ese cambio de nombre no ha ocurrido aún y Serapio Rendón conserva su vialidad.

Durante las jornadas de protestas del pasado 8 de marzo, un grupo de mujeres cambió simbólicamente los nombres de las calles de la colonia Roma al taparlos con los nombres de víctimas de la violencia machista como Abril Pérez, Wendy Sánchez y Montserrat Bendimes, o el de escritoras como Tina Modotti, Marcela Lagarde y Valeria Luiselli.

Está sembrada ahí la semilla para renombrar las calles que caminamos todos los días y dejar de rotularlas con el nombre de un acusado de genocidio.

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