Aborto: menos debate, más garantías

En México, cada 28 de septiembre o cuando algún Congreso sube el tema del aborto a su tribuna, opositores y partidarios desatan feroces debates que casi siempre son estériles; básicamente, porque ni siquiera están hablando de lo mismo ni parten del mismo lugar.

En primera instancia, los ‘antiabortistas’ defienden el natalismo, la vida biológica per se por encima de su contexto. Mientras los ‘proaborto’ pugnan por el bienestar, tanto de la madre como del producto. Ninguna de las dos partes comprende a la otra porque su prioridad es distinta y su punto de partida también: el debate no es sobre el aborto sino sobre su criminalización.

Los argumentos presentados durante esos debates se apoyan en la biología, religión, educación, moral, datos científicos –y otros no tanto– sobre el momento en que un ser humano empieza a serlo… como si el dilema fuera aprobar o desaprobar el aborto por sí mismo. Legal o no, bueno o malo, ocurre de cualquier modo. Lo debatible no es si debe suceder o no, sino en qué contexto.

Dudo muy seriamente que exista en el mundo una mujer que pida aborto legal porque desee abortar. En eso estamos de acuerdo ambas partes: un aborto no es deseable para nadie. Lo que se discute es si debemos seguir castigando con cárcel a quien lo hace, porque una violación no es la única motivación para hacerlo, por lo tanto no debe ser la única justificación legal para permitirlo.

Precisamente porque no hay consenso y porque los principios de cada persona deben respetarse, debe ser legal. Porque al tiempo que todos discutimos en foros, en redes o en las calles con pancartas, hay mujeres muriendo por un aborto practicado en la clandestinidad, otras privadas de la libertad, hay niños abandonados en basureros o en excusados. Mientras debatimos desde la moral, la religión, el deber ser y otras ambigüedades, que sea legal.

Si hay otras soluciones mejores que el aborto –ciertamente las hay y varias son ideales–, mientras estas no estén al alcance de todas, que no se criminalice. En lo que enseñamos, en lo que garantizamos acceso a métodos anticonceptivos, en lo que combatimos la pobreza, en lo que extirpamos la moral al sexo para dar verdadera educación sexual que evite embarazos no deseados –y no solo que enseñe cómo es un condón–, que no se castigue con prisión.

Porque legalizar no obliga a abortar: la que no está de acuerdo por el motivo que sea (científico, religioso o moral), incluso cuando no sea un embarazo planeado ni deseado, si no quiere hacerlo nadie la obligará. Tampoco las que lo apoyan correrán a abortar por placer o por novedad. Incluso puede ser positivo que existan asesorías psicológicas para mujeres que lo estén considerando, para ayudarles a tomar una decisión con la que queden satisfechas. Lo que no es adecuado, lo que es violatorio de derechos humanos, es que esas “asesorías” sean un chantaje religioso o moral, que habiendo solo dos posibilidades –ser madre o no– les sea cancelada una porque hay alguien que “no está de acuerdo”.

Pero sobre todo, que se piense que el Estado debe tener algún tipo de injerencia sobre semejante decisión. Incluso mirándolo desde el punto de vista religioso, donde la mujer que aborta contraviene la voluntad de un dios que “le mandó” un hijo, sería en todo caso problema de ella con su dios, no del Estado. Serían cuentas que ella tendría que rendirle a su fe, no al Estado. Ni a una sociedad que se considera guardiana de los preceptos de ese dios.

Los que se oponen no están obligados a estar de acuerdo. No tienen que estarlo ni promoverlo, lo que es más: ni siquiera deberían desgastarse en argumentar una opinión sobre la decisión de abortar de alguien más, porque esta es personal e individual. Igual que en las preferencias sexuales: los demás no tenemos ni siquiera por qué estar a favor o en contra, porque no es nuestro cuerpo ni nuestra decisión, no es una materia de interés público. Lo que sí es de interés público es la legislación, el que una práctica sea legal o no y, sobre todo, cómo se castigue cuando es ilegal, eso sí es de interés público porque a todas las mujeres nos afecta el que no exista libertad para tomar esa decisión individual.

Por eso se exige la despenalización. Durante la marcha del pasado miércoles, alguien me preguntó “¿por qué marchan si aquí (en Ciudad de México) sí es legal?”. Porque el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y la libertad de hacerlo sin ser encarceladas no debe ser un privilegio de la capital, ni de ciudades o países desarrollados: todas las mujeres deben gozar de la tranquilidad de saber que si un día necesitan abortar, pueden hacerlo sin ser criminalizadas. Que la carga emocional y psicológica de un aborto será la única que tendrán que soportar, y no la cárcel. Que sus cuerpos se someterán a un proceso estresante pero no mortal, porque la legalidad conlleva seguridad. Y los niños nacidos de una madre libre serán deseados. Como lo merecen todos los niños.