La lista de Tomás Zerón

Un correo de 2014 enviado a Tomás Zerón por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revela que la Agencia de Investigación Criminal tenía conocimiento de al menos 20 presidentes municipales de Guerrero que tenían vínculos con el crimen organizado.

La lista enviada en ese mail no distingue colores: hay alcaldes del PRI, PAN, PRD, PVEM Y PT por igual. El que encabeza es José Luis Abarca Rodríguez, entonces presidente municipal de Iguala, a quien la información señala de brindar protección a Guerreros Unidos y de colaborar en sus actividades delictivas. “Aunado a lo anterior, se señala a la esposa de éste, la C. María de los Ángeles Pineda Villa, de mantener vínculos cercanos con miembros de la familia Beltrán Leyva”.

Este correo fue enviado unas semanas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y para entonces Abarca ya se había dado a la fuga. Las investigaciones del informe de Alejandro Encinas señalan que Zerón y funcionarios federales le habrían ofrecido impunidad si pedía licencia como alcalde y se iba del estado un tiempo, aunque después lo habrían traicionado a él y a otros miembros de los cárteles locales.

De otro alcalde se habla de que fue interrogado por la PGR en 2014 para que declarara sobre sus vínculos y los de su policía con Guerreros Unidos, cártel al que estaría apoyando a través de elementos de la policía rural.

Otro de los alcaldes, según el mismo correo filtrado por Guacamaya, tendría varias denuncias ciudadanas que lo vinculaban con “El Pez”, presunto dirigente del grupo La Familia. Uno más proporcionaba elementos de su policía municipal para ser escoltas de un miembro de Los Caballeros Templarios.

El presidente del municipio contiguo habría estado lavando dinero de los Caballeros Templarios a través de un hotel de su propiedad, lo cual le habría valido estar presente en fiestas y reuniones sociales de los operadores de esa banda. Además, un panista habría llegado al poder gracias al financiamiento de “El Sapo Guapo” y de “El Cholo Palacios”, dirigentes de Guerreros Unidos.

Del resto, las historias son similares: políticos que ofrecen protección institucional a los narcos y reciben a cambio cuantiosas recompensas. Sin embargo, han pasado ya ocho años desde que la Sedena informó a Zerón de ese correo y ninguno de ellos, a excepción de Abarca, parece estar indiciado por algún delito.

De hecho, desde que se envió ese correo las desapariciones en Guerrero no se han detenido: hay 98 personas desaparecidas en Iguala, 10 en el municipio del alcalde que fue interrogado por la PGR, 15 en el municipio del que protegía a los Caballeros Templarios, 40 en donde la campaña política fue financiada por “El Sapo Guapo”, 11 en donde protegían al “Cholo Palacios” y un largo etcétera que nos da una cifra de 2 mil 101 personas desaparecidas en toda la entidad desde finales de 2014 hasta la fecha.

Entonces, ¿qué hacía exactamente la PGR con la información de inteligencia que les proporcionaba la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Qué hacía la Agencia de Investigación Criminal encabezada por Zerón con esos mismos datos? ¿De qué sirve recopilar estos informes si la espiral de violencia no puede frenarse y hay miles de hogares enlutados en Guerrero hoy?

Setenta de las desaparecidas en este periodo son niñas de entre 10 y 14 años. ¿Si las instituciones de seguridad del Estado mexicano no le sirven a ellas, entonces a quién sí? La filtración de Guacamaya revela muchas tareas de espionaje, pero pocas labores de inteligencia.

Nota del editor: Inicialmente, la columna decía que el correo había sido por Tomás Zerón a la Sedena, pero fue al contrario: la secretaría informó al titular de la Agencia de Investigación Criminal.