El desastre humanitario de la pandemia en México, a juicio en Washington

Esta es la segunda entrega sobre la denuncia presentada por un grupo de 58 firmantes mexicanos, en su mayoría médicos de gran reconocimiento por su destacada actividad y experiencia profesional. Eminentes especialistas buscan que no quede impune la desastrosa gestión del gobierno federal durante la pandemia, que pudo haber costado la vida a más de 798 mil personas, según estudios pormenorizados incorporados a la denuncia que analiza el concepto de exceso de mortalidad con un enfoque estrictamente científico.

El contexto se encuentra exhaustivamente explicado en la queja formal en poder de esta columna, donde se toman como base estudios de instituciones internacionales, entre ellas de la prestigiada revista The Lancet, acusada de mentirosa por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, señalado como uno de los principales responsables de la crisis humanitaria vivida en nuestro país.

El documento presentado el 1 de agosto de 2022 en Washington pone los acentos en hechos sistemáticamente eludidos por la Secretaría de Salud, que dirige Jorge Alcocer. Además informa y acredita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México “no existe planeación para combatir las secuelas post-covid en el futuro”. Es decir, cerca de 480 mil sobrevivientes a la enfermedad requerirán atención médica por el daño pulmonar que les afecta, lo que reducirá dramáticamente su esperanza de vida, ya que en el sector público no existe ningún plan o proyecto para acompañar a estos pacientes, lo que significa una violación a sus derechos humanos. 

Se menciona también la indiferencia oficial hacia el personal médico que se mantuvo heroicamente en la primera línea de combate en hospitales y clínicas durante la evolución de la pandemia. “Las promesas incumplidas al cuerpo médico, de plazas, bonos e insumos indispensables para su trabajo ocasionó la falta de atención apropiada a la epidemia de covid en los hospitales del Estado mexicano, que dio lugar a muertes y dilaciones en los centros de salud”. Cabe recordar que nuestro país ocupa el primer lugar mundial de defunciones en personal de salud durante la gestión de la crisis sanitaria más aguda de la historia moderna, con más de 4 mil decesos, en su mayoría enfermeras y médicos.

En la página 10 de 29, los firmantes establecen –según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– que la decisión de desaparecer el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) produjo una tormenta perfecta: “la población sin acceso a los servicios de salud aumentó de 20.1 a 35.7 millones entre 2018 y 2020”. Una pésima decisión adoptada justo en el preludio de la alerta internacional sobre los contagios masivos, que nos tomó mal parados desde el arranque de la emergencia.

Otro de los datos duros comprobables incluye el reconocimiento oficial del colapso en la atención de padecimientos ajenos al covid que dejó a la deriva miles de enfermos. Entre 2020 y 2021 se otorgaron la mitad de consultas y se practicaron medio millón de cirugías menos que en 2017. 

Al finalizar el primer semestre de 2022 se registró un subejercicio del gasto en el sector público de salud, que representa más de 4 mil millones de pesos que se dejaron de invertir en aspectos esenciales como la compra de vacunas, equipamiento de hospitales o el abasto de medicamentos para tratamientos de cáncer.

Por donde se vea, ha quedado detallada la responsabilidad de funcionarios públicos de alto nivel que pretenden darle carpetazo al desastre.

Es encomiable que antes de la intervención de la comisión interamericana, la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie haya exhibido en dos libros bien documentados los errores e irresponsabilidad de Hugo López-Gatell y ahora se suma con autoridad al grupo de especialistas que aportan información para fortalecer la queja en Washington. Al final del texto aparece la firma del doctor José Antonio Crespo Pozuelo, reconocido ginecólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en calidad de representante de todos los denunciantes. 

El gobierno federal mintió, ocultó información, usó la tragedia de miles de familias con fines político electorales, abandonó a muchos enfermos que pudieron haber sobrevivido. 

Que el olvido inducido desde el régimen respecto a esta catástrofe no nos haga indiferentes e insensibles hacia las víctimas de la negligencia y sus deudos. Que la táctica de los distractores absurdos de Andrés Manuel López Obrador sea la marca que nos recuerde siempre la indignidad de nuestros gobernantes y su miseria humana.

La potencial recomendación de la CIDH hacia el Estado mexicano se prepara con elementos probatorios contundentes que ni la demagogia más insultante podrá soslayar. 

EDICTOS 

Si algo ha distinguido la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal es la tolerancia cero ante irregularidades en los órganos jurisdiccionales. Esta vez, y no creo en las coincidencias, fue en Querétaro, estado natal de Zaldívar, donde se practicó una visita extraordinaria el pasado 24 de octubre en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo. La realizó Naela Márquez Hernández, visitadora judicial “A” y como resultado preliminar de su revisión han sido suspendidos tres juzgadores cuyos nombres no revelaré para respetar su derecho de presunción de inocencia, incluso en temas administrativos.

La disciplina lejos de desacreditar el trabajo de los juzgadores fortalece la credibilidad de las instituciones, por eso sería muy deseable también hacerle una visita de inspección a Iván Aarón Zeferín Hernández, adscrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, que tiene fama bien ganada de ser obsequioso con Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República para conceder de inmediato y con ligereza cuantas órdenes de aprehensión le solicita, encaminadas a sus venganzas personales.

Con lujo de cinismo, Zeferín conduce un programa de televisión denominado Sentencias Justas, ¡ironía involuntaria pura! ¿Quién protege a Zeferín en el Consejo de la Judicatura Federal? Ya se los contaré más adelante.