A 36 días del relevo en la SCJN

Tiempos inéditos han experimentado los jueces constitucionales en los últimos 4 años, durante el periodo en que Arturo Zaldívar ha presidido el Máximo Tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal.

Desde la gran reforma que entró en vigor en 1995 que redujo a 11 integrantes el pleno y lo dotó de atribuciones esenciales para juzgar actos del Ejecutivo y el Legislativo a través de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales no se había vivido al interior del Poder Judicial de la Federación un clima de descalificaciones y abierta persecución desde la Presidencia de la República. Más allá de la narrativa idealizada en la que se trata de establecer una generosa autoevaluación del cuatrienio que está por finalizar, considero que la coyuntura amerita reflexiones más equilibradas sobre la situación general que experimentan los juzgadores federales en esta época. 

Los linchamientos mediáticos desde Palacio Nacional para quienes se han atrevido a negar la razón jurídica en diversos asuntos litigados por el Ejecutivo Federal han hecho notorio el abandono institucional para defender la autonomía e independencia que reconoce nuestra Constitución a este Poder de la Unión. Un sector numeroso de jueces y magistrados anhelan que las cosas cambien a partir de enero, con el aire fresco de una nueva presidencia.

Para bien o para mal, cada 4 años la vida interna en la Corte y el Consejo se reinventan con un distinto estilo de gobernar que trata casi siempre de romper con el antecesor. Dentro del edificio sede de Pino Suárez 2, las cosas son relativamente sencillas en aspectos administrativos, el verdadero reto se presenta en el Consejo de la Judicatura Federal, considerado un monstruo de cien cabezas; disciplina, administración, obra, adscripción, carrera judicial, nuevas tecnologías, lidiar con el sindicato de trabajadores, abrir concursos transparentes e incluyentes para desarrollar el talento de aspirantes honestos, aptos y comprometidos. 

Sofocar los focos de molestia, volver al gobierno de los jueces para incluirlos en los retos extraordinarios de la impartición de justicia y  sacudir inercias. Nadie pretende que a partir de enero se abra una confrontación con el Ejecutivo, eso sería absurdo, pero existe el anhelo de plantear una relación con mayor equilibrio en defensa de la función jurisdiccional que ha sido maltratada sin que se alce la voz para marcar distancias cuando prevalecen las descalificaciones. Juzgadoras y juzgadores anhelan que sean más las acciones firmes de defensa ante los ataques desde el gobierno federal y menos el activismo digital por TikTok que privilegia las trivialidades para esquivar la necesidad de poner un hasta aquí a las agresiones sistemáticas.   

Eliminar cotos de poder de funcionarios que tratan de preservar sequitos incondicionales, integrar equipos experimentados que ofrezcan resultados medibles para mejorar a la institución, extirpar  a la burocracia nociva cuyo único objetivo es cobrar con el mínimo esfuerzo sin comprometerse a potenciar sus capacidades. La sucesión presidencial en el Tribunal Constitucional siempre es una oportunidad para recalibrar los principios más nobles de la función pública.

La Corte y el Consejo requieren un gobierno judicial que redoble el esfuerzo para reconocer lo que se ha hecho bien y corregir lo que pudo ser mejor en aras de la autonomía como columna vertebral de una institución que será exigida hasta el límite en un contexto demagógico que ve en la independencia judicial un inconveniente.

En 36 días naturales a los que hay que descontar 16 del periodo vacacional  de fin de año, los 11 integrantes del pleno elegirán en sesión pública el nuevo perfil que les representará. El saldo de Arturo Zaldívar tiene claroscuros notorios, nadie le puede regatear su eficaz combate al nepotismo. La marca histórica que le perseguirá siempre será ese intento fallido de ampliación de su periodo, que lo desgastó al extremo, así como los notorios silencios que algunos de sus colegas le reprochan por haber sido tibio ante las abusivas actitudes de Andrés Manuel López Obrador. 

El sector de jueces de carrera termina esta etapa con la esperanza de un cambio, vienen tiempos difíciles por la reducción presupuestal con el intento persistente de una reforma para debilitar a la Suprema Corte y acotar su papel como Tribunal Constitucional. 

Época de negociaciones y escenarios de votación para medir fuerzas entre quienes aspiran con reales posibilidades,  quien obtenga el triunfo para sumar 6 votos el lunes 2 de enero tendrá el compromiso de limar asperezas, sumar e integrar a todos los sectores del Poder Judicial de la Federación con sana distancia del Ejecutivo, ese justo medio entre cercanía complaciente y relación respetuosa de colaboración con el debido desapego que nadie reprocharía.

Tiempo de definiciones para darle destino a una institución esencial del Estado, fiel de la balanza y dique de contención para un presidencialismo que exige obediencia e impone su voluntad por encima de la ley.

EDICTOS

A 16 días laborables de que termine 2022 las tendencias internas dentro de la Corte parecen decantar a 5 candidatos para relevar al ministro Zaldívar. Yasmín Esquivel Mossa, Norma Piña, Margrita Ríos Farjat, Javier Laynez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Hacia dónde se dirigirá el voto del sector de carrera judicial? ¿Cómo operará el emisario presidencial que despacha en gobernación para evitar el triunfo de los perfiles más incómodos a la 4T? ¿Qué capacidad tendrán los aspirantes para ubicarse en una posición de autonomía ante el Ejecutivo? ¿Hacia dónde irá el respaldo de las ministras y el ministro que se pusieron la toga en la era López Obrador? ¿Quién garantiza un punto medio entre los 2 grupos antagónicos en la Corte?

Falta muy poco para saber las respuestas.