La marcha que viene

El próximo domingo 26 de febrero, México tendrá uno de los días más importantes para su sociedad civil y su imperfecta democracia, en el que la primera tendrá que refrendarse como tal llenando las calles de la capital mexicana, mostrando su compromiso y su consciencia en los asuntos trascendentales del país, y la segunda –que en realidad depende del vigor y compromiso de la sociedad organizada que la moldea y sostiene– tendrá también un día crítico en el que un evento social de gran magnitud podría tener un impacto poderoso en la opinión pública y en el curso legal del llamado ‘plan b’ para desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Vilipendiada y minimizada a diario desde el púlpito de adoctrinamiento de masas gubernamental llamado ‘mañanera’, la cual es oficiada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, secundado por un lastimoso elenco de servidores públicos, la marcha del próximo domingo convocada en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, promete rebasar por mucho a la primera, cuyos números no oficiales (es decir, aquellos un tanto más creíbles dadas las nimias condiciones de fiabilidad que ostentan los ‘otros datos’ del oficialismo obradorista) rozaron el medio millón de participantes a finales del año pasado.

Una manifestación ciudadana en defensa del INE y lo que representa para un país como México, donde las elecciones forman parte de un complejo claroscuro a lo largo de la empedrada y corta historia democrática de un país que en tiempos electorales adopta también palabras como ‘embarazo de urnas’, ‘acarreo’, ‘compra de votos’, ‘quema de urnas’, entre otros que dejan ver lo frágil del ecosistema democrático en un país que ha luchado por sostener y perfeccionar este sistema durante las últimas tres décadas y que, en el momento menos inesperado y tras la llegada de una supuesta izquierda que defendería las causas sociales y fortalecería los derechos civiles (el voto libre, secreto y sobre todo, seguro y confiable), se ha obcecado en intentar destruirlo bajo argumentos poco dignos de ‘demócratas’.

Cabe señalar que la llamada “marcha en defensa del INE” ocurre semanas antes de una ‘batalla social’ anunciada que tendrá como arena final la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida ahora por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien tras su designación y los claros gestos de no hincarse ante sus pares Legislativo y Ejecutivo, proyecta certeza sobre las decisiones trascendentales que seguramente se estarán tomando en el Máximo Tribunal del país en las próximas semanas y meses, dados los amparos y las acciones de inconstitucionalidad que se prevén contra el ‘plan b’ y que tendrán que resolver los jueces, quienes serán el último escollo de la Cuarta Transformación para regresar a México a los años setentas. Al menos aquellos que no han sido colocados por el gobierno actual.

Pero no menos importante que este casi inevitable dirimiendo en la SCJN dado el curso que ha seguido el ‘plan b’ desde su aprobación en San Lázaro y el Senado, lo que seguramente abonará en el ánimo social para manifestarse rumbo al fin de semana, algo que si bien será benéfico para incrementar el número de asistentes para protestar contra la reforma obradorista, no lo es así para México y su democracia dadas las decisiones que se vienen tomando por los legisladores de ambas cámaras, muchos (los del partido oficial), convencidos del ‘plan supremo’ de su líder, pero otros, los mal llamados opositores, luciendo medrosos o alineados, cooptados o bien, demasiado comprometidos desde otras aristas contra lo que en muchos sentidos es una dolorosa regresión al México de la ‘caída del sistema’ porque no alcanzó para pagar el recibo de la luz.