Milagroso consenso federalista… en dispendio para publicidad oficial

El pasado 22 de marzo, las polémicas se quedaron atrás y un insólito consenso político unió a oposición y partido gobernante para reformar el llamado “plan b” en una regla específica que afecta intereses de grandes medios de comunicación, porque pone tope de gasto a la propaganda gubernamental no solo federal, también de entidades federativas.

Así, las medidas de austeridad, elemento calve para entender la lógica del llamado “plan b”, quieren cancelarse en este rubro específico, a través de una repentina vocación por el consenso que iluminó, como milagro de días santos, a todos los partidos en el mismo sendero de lucha en favor de las finanzas de empresas de medios y promoción de gobernantes locales en tiempos de elecciones. 

La reforma a la reforma en ciernes pide eso, que ya no exista ningún límite rígido al gasto en publicidad oficial local, precisamente cuando viene época electoral y también cuando hay posibilidad de reelección para presidencias municipales de todas las entidades.

El famoso “plan b” incluyó un ajuste al artículo 26 de la “Ley General de Comunicación Social” para homologar el tope federal al gasto millonario en publicidad de gobiernos locales de todos los signos partidistas. Los dineros en propaganda oficial históricamente fluyen con mayores en montos y entusiasmo en tiempos de comicios, y para racionalizar eso se fijó un límite igual para el ámbito federal y local apenas publicado el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial. Con pretextos absurdos como afirmar que se afectaría “el derecho a la información”, el consenso vio la luz, el entendimiento, los parabienes de todos los partidos. El punto de unión no es el interés público sino la presión de empresas privadas de comunicación y la tentación de gobernantes para desplegar e inyectar publicidad que les posicione electoralmente con cargo a los impuestos en un contexto de reelección.

Sería muy bueno que esas campañas fueran para garantizar el “derecho a la información” sobre vacunación, protección civil o servicios educativos, pero la experiencia dice que el diseño es gastar con precio alto para aplausos alquilados al estilo de la película La Ley de Herodes de Luis Estada, el síndrome “Verguitas” en donde cada presidente municipal se asume futuro gobernador y tira la casa por la ventana (dinero público) en promoción.

La ley todavía vigente establece entonces que el límite del gasto “del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”. Y pide que en “Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado” con ese porcentaje. Esa es la redacción que esta insólita coalición de partidos unidos por la causa de las empresas de comunicación y el “derecho a la información” (a la propaganda oficial) quieren eliminar. 

La justificación formal de esta reforma a la reforma que se cocina fast track es que de pronto se ha dado cuenta Morena, sin votos en contra ni mayor roce con sus opositores, que debe concederles razón a críticos del “plan b” en este rubro, porque es primero el “derecho a la información”, el pago de anuncios a medios sin un incómodo tope. Es decir, la reforma insólita y de consenso es para que los gobiernos estatales y municipales no tengan un límite específico de gasto en propaganda para que puedan colocar sus anuncios, gacetillas e infomerciales habituales, faltando tan poco para la contienda de 2024.

El propio dictamen reconoce que sería más austero el gasto en propaganda gubernamental aplicando el tope que ahora eliminan. En un comparativo donde traduce ese tope que están por eliminar, una tabla refleja que, por ejemplo, en Aguascalientes el gasto en publicidad oficial local 2018 (año electoral) fue de 71.6 millones de pesos y si el tope se aplicara no podría rebasar 32 millones en 2023, en Chihuahua ese año fue de 155.4 millones y con el tope sería de 92 millones ¿es eso una tragedia? ¿reducir el gasto en publicidad o ponerle un límite?

Pues parece que sí en la opinión de la cámara, que dice ver una afectación al “derecho a la información” y también un riesgo muy alto de “reiteraciones en la norma” que podrían confundir. Es un viraje, arrepentimiento en esta parte del “plan b” que se abre paso sin prisa, sin votos en contra. 

No han transcurrido ni tres meses desde que los ajustes a la Ley Federal de Comunicación Social habían sido publicados en el Diario Oficial cuando de pronto, las posturas que lucían irreconciliables en torno al conjunto de ajustes a las reglas de competencia y austeridad electoral que incluye el llamado “plan b” cambiaron. El milagro del consenso para seguir con la simulación propagandística plural en todo el territorio.