Internet caro en tu smartphone, ¿autoboicot gubernamental?

Una de las tendencias que padece nuestro país en la actualidad es el desdén a los organismos autónomos constitucionales. La lógica para debilitar estos contrapesos desde el poder es simple: representan un estorbo para alcanzar sus objetivos, pues la mayoría suelen ser violatorios de la ley.

Una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ignora de forma sistemática el maltrato del Estado hacia los migrantes, un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que no puede sesionar tras ser bloqueada la designación de sus comisionados, un Instituto Nacional Electoral bajo fuego con la consigna de achicarlo para someterlo, son apenas algunos ejemplos.

Pero a estos, se suma el del Instituto Federal de Telecomunicaciones el cual, a pesar de tener el mandato constitucional de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones, continúa siendo minimizado e ignorado por parte de la Secretaría de Hacienda respecto a sus recomendaciones de bajar el costo del espectro, entendido este como la autopista invisible (con carriles limitados) por la que corren las señales y datos de la telefonía móvil, mismo que cada Estado/Nación tiene la facultad de concesionar a privados. 

Pero ¿por qué el órgano autónomo constitucional no es escuchado? Es una de las principales preguntas que dentro y fuera del país se hacen los especialistas en telecomunicaciones cuando hablan de la necesidad de que México deje de aislarse y entre en sintonía con un mercado de crecimiento exponencial en donde los beneficios a los usuarios, como son mejora en el servicio y baja en los costos, sólo llegarán si se incentiva la competencia.

El fracaso del Gobierno frente al sector es posible palparlo mediante un suceso que estaría próximo a repetirse este año:  el abandono de la licitación que hace el Estado mexicano sobre dicho espectro. La primera ocasión fue en 2021 cuando se dejó desierto dicho ejercicio luego de que ninguna empresa viera oportunidades reales para participar. Incluso ha pasado lo contrario: corporativos como la estadounidense AT&T ha optado por devolver parte de su espectro en dos ocasiones, sumándose a la española Telefónica que ante la frustración decidió renunciar a la totalidad de las bandas que tenía para sus servicios. 

Un dato que puede ilustrar de mejor manera el autoboicot del gobierno en la materia es el de los 4 mil 500 millones de pesos que han dejado de entrar a las arcas federales anualmente por paralizar de facto estas concesiones, aspecto que, al debilitar la competencia, allana el camino a la preponderancia de un solo actor en el mercado, como hoy sucede con América Móvil (Telcel) con 70% del mismo. En nuestro país, las tasas anuales que pagan América Móvil y AT&T por el uso del espectro alcanzan el 85% del valor total de la concesión cuando el promedio en el resto de los países de Latinoamérica es de 20%.

Para comprender la dimensión de la problemática, México se ha convertido en el único país latinoamericano con devoluciones masivas de frecuencias. Todos los operadores de telecomunicaciones han coincidido, una y otra vez,  en la necesidad de reducir el costo del espectro en todas las bandas. El proceso de transformación digital que catalizó la pandemia en todas y cada una de las actividades económicas está siendo mermado en el país derivado de una anticuada visión por parte del gobierno. 

Datos recientes de la Asociación GSMA –una organización de operadores móviles, que agremia a 750 operadores de telefonía móvil y más de 400 empresas relacionadas–, sostienen que si el costo del espectro en nuestro país estuviera alineado con el promedio de Latinoamérica, al menos 5 millones de mexicanos adicionales tendrían cobertura 4G. Nada mal en un país donde la brecha digital persiste. 

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 3 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a internet. ¿La política de “internet para todos” no contempla mejorar la competencia y por ende que bajen los costos asegurando mayor accesibilidad? ¿A quién conviene que el gobierno deje de recibir 4 mil 500 millones de pesos anuales por este tipo de concesiones? ¿Por qué el IFT no termina de hacer efectivo el derecho de los mexicanos a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones? Son preguntas que veremos si son respondidas con hechos en la próxima licitación del espectro.