Ciudad Juárez y la migración desde una perspectiva socialdemócrata

Es una tragedia lo ocurrido recientemente en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida en un incendio dentro de la estación del Instituto Nacional de Migración. Esta desgracia se debió a muchas cuestiones: irresponsabilidad criminal, falta de criterio, falta de capacitación, pero sobre todo por la criminalización de la migración y su explotación por parte del crimen organizado, basta ver el tema de San Luis Potosí.

El fenómeno de la migración no es un fenómeno del siglo XXI. A lo largo de la humanidad y por muchos motivos las personas deciden salir de su comunidad, no solo en búsqueda de un mejor trabajo, sino por cuestiones de guerra, conflictos civiles, inseguridad, persecución derivada de la discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, religión, orientación sexual, idioma u opiniones políticas, pero también por los daños ocasionados por el cambio climático que trae devastación, crisis alimentarias, escasez de agua; la pobreza y la incapacidad para ganar o producir lo necesario para la propia subsistencia. Todos ellos son factores que contribuyen al flujo de migrantes.

Desde la perspectiva laboral y el sueño de tener una vida mejor, hombres y mujeres abandonan sus países de origen para buscar mejores trabajos y mejores condiciones de vida, cosa que debiera ser un derecho: el libre flujo de mano de obra, y no emigrar a la fuerza por los factores antes mencionados.

En la actualidad, la ola migratoria presente en todo el mundo ha tenido un crecimiento exponencial a tales magnitudes de representar un problema global, que requiere una política exterior con visión de futuro, de acciones estratégicas, pero sobre todo de políticas multilaterales y de cooperación internacional, ya que involucra a todas las naciones, tanto a países de origen, de tránsito o de llegada.

No hay que perder de vista que la mayoría de las personas que emigran y padecen de las peores condiciones en su tránsito, son las más vulnerables: los migrantes indocumentados, los refugiados, quienes buscan asilo, los desplazados a causa de continuos conflictos y las víctimas de diferentes crímenes, que vuelven a ser victimizados en nuestro país.

Ante este devastador panorama, los Estados nacionales, como México, tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de estas personas. Todas ellas son seres humanos, afirmación que parece obvia, pero que no lo es, y por ello debe garantizárseles un conjunto de derechos humanos fundamentales, universales e irrenunciables. Estos derechos humanos básicos son expresión de su dignidad personal y los gobiernos no los conceden graciosamente sino que deben reconocérseles y darles protección, basados en nuestras propias leyes y en los acuerdos internacionales de los que México es parte.

Al gobierno mexicano no debe olvidársele que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, menos para criminalizarla, por lo que también debe ser salvaguarda de su seguridad.

Por ello, desde la visión socialdemócrata la lucha contra el hambre y la pobreza debe estar en el foco de la política de desarrollo, ya que solo así se podrá reducir las desigualdades que en muchas ocasiones son detonantes de la migración.

Basta observar el escenario que tenemos de frente en México y América Latina, con desaceleración del crecimiento económico y una lenta generación de empleo, sobre todo de empleos de calidad, junto con fuertes presiones inflacionarias que han impactado el incremento del precio de los alimentos y la energía, y caídas importantes en la inversión. La elevada inflación, especialmente en el componente alimentario de la canasta de consumo, afecta con mayor intensidad a los quintiles de menores ingresos (el sector más pobre de la población), con impactos también en los estratos de ingreso medio más vulnerables. Estos factores se suman a otros riesgos en curso, como el incremento en la frecuencia de desastres y los impactos de la emergencia climática.

Urge dejar a un lado los discursos simplones y mediáticos e implementar una política migratoria cooperativa, y como he mencionado, consolidar políticas sociales inclusivas para proteger y garantizar el bienestar de la población y el ejercicio de sus derechos tanto en sus países de origen, como en el nuestro.

Ya basta de criminalizar a las personas migrantes, ya basta de que sean carne de cañón del crimen organizado y este gobierno solo cierre los ojos ante esta problemática. Ya basta de proteger a funcionarios cuya irresponsabilidad ha rayado en masacres como la de Ciudad Juárez.