El derecho a la información está amenazado

Desde el 12 de junio de 2003, la forma en que ejercemos nuestra ciudadanía se modificó para siempre. Aquel día, comenzó a operar un andamiaje institucional capaz de defender dos derechos humanos que son indispensables para todas las personas que viven en un sistema democrático. Desde hace casi 20 años, este Instituto ha estado del lado de la gente cuando las autoridades les han negado su legítimo derecho a saber de la vida pública, así como cuando sus datos personales fueron vulnerados. 

Si bien el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), antes (Ifai), tiene cerca de dos décadas trabajando a favor de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia, como un organismo autónomo garante del derecho de acceso a la información pública, y del derecho a la protección de datos personales, debemos recordar que la garantía de estos dos derechos humanos y la posibilidad de contar con instituciones públicas más abiertas y transparentes es resultado de un largo proceso de democratización política, en la que periodistas, académicos, miembros de la sociedad civil y miles de mexicanas y mexicanos volcaron su espíritu a favor de la libertad de expresión, la participación ciudadana y la garantía de su derecho a saber.

De tal forma, no defender a la autonomía del Instituto y los derechos humanos que éste garantiza, es contradictorio a los principios y valores compartidos de una democracia. Desde estas líneas lo subrayamos, no levantar la voz por el Inai sería indigno de la naturaleza de la Institución y de la promesa que hicimos al ingresar a su servicio.  

Ante las narrativas del discurso público que pretenden desdibujar las funciones y relevancia del Instituto Nacional de Transparencia, debemos tener en claro que dentro de las atribuciones que se definen en el artículo 6° de nuestra Constitución y las funciones que se establecen en la normativa en la materia, no se dispone que el Inai sea una fiscalía especializada para la investigación y sanción de actos de corrupción.

Así mismo, el espíritu legislativo no dispuso que este Instituto sea un gran recolector que pueda negar u ocultar deliberadamente la información generada por los 779 sujetos obligados del ámbito federal. En cambio, somos una instancia técnica y especializada que se integra por personas servidoras públicas altamente capacitadas a las que las personas pueden recurrir cuando las autoridades les nieguen o entorpezcan sus solicitudes de información pública, o el ejercicio de sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales.

De tal modo, reiteramos: cuando una instancia del ámbito federal a la se le solicite información veraz y oportuna la niegue, pueden recurrir a nosotros, al Inai. Contamos con diversas vías para acercarnos a la sociedad y a todas las personas que requieran asesoría o acompañamiento en el ejercicio de sus derechos. Las personas deben saber que, estamos al servicio de la gente y continuaremos trabajando para que cada vez sean más los que reconozcan en estos derechos una llave que les posibilite el ejercicio de otros derechos y libertades. 

El Inai no nació para ser cómodo al poder público. Este Instituto nació para atender las demandas de la población en términos de información pública, que muchas veces resulta incomoda al evidenciar malos manejos de los recursos públicos o prácticas que no se apegan al Estado de Derecho. En ello reside nuestro compromiso, sabemos que al hacer pública la información y al impulsar la transparencia posibilitamos un espacio público donde haya verdadera rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Asimismo, la transparencia y el derecho a saber favorecen un ecosistema de información veraz y fidedigna que fortalece el debate público y la participación ciudadana. No obstante, mientras se cuente con un Pleno incompleto por la falta de nombramientos por parte del Senado, más de 2 mil 500 inconformidades en materia de acceso a la información y más de 460 casos en materia de datos personales, continúan sin ser votados. Y más que cifras por advertir, debemos saber que detrás de esos recursos hay más de 3 mil ciudadanas y ciudadanos esperando una resolución que solvente sus necesidades informativas o de protección de sus derechos ARCO. 

Desde esta casa de la transparencia, instamos respetuosamente a que se ponga por delante la agenda de los derechos humanos del Estado mexicano, a fin de que se garantice la tutela efectiva de estos dos derechos y se respete los principios que de éstos emanan. Limitarlos y vulnerarlos, es regresivo y transgrede las garantías de las y los mexicanos. No podemos volver 20 años atrás, pues los derechos humanos estarían en un alto riesgo de ser vulnerados. 

La transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales ya se encuentran en el ADN del debate público y la manera en que ejercemos ciudadanía.