El Poder Judicial, ¿al servicio de las mayorías?

Durante las últimas semanas, se ha vuelto común escuchar o leer las siguientes consignas como justificación de los ataques que se conjuran contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial:

“El Poder Judicial debe dejar de privilegiar los intereses de las minorías y comenzar a trabajar en favor de las mayorías…”, “las instituciones no sirven a las mayorías como deberían…”.

Ya sea por ignorancia o por deliberada omisión, los autores de dichas frases olvidan que la justicia constitucional no tiene la obligación de ceñirse únicamente a la voluntad de las mayorías políticas, sino la de garantizar que la voluntad del pueblo soberano –positivizada en nuestra Norma Fundamental–, se cumpla y se respete.

Como he señalado en otros textos, la Constitución es la expresión de la voluntad soberana del pueblo de México, por ello cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida un acto de autoridad o una norma del legislativo, lo que hace es defender la propia voluntad popular.

Se equivoca el presidente López Obrador y los miembros de su grupo político al pensar que detentan en exclusiva la representación de la voluntad ciudadana. 

Precisamente, el simple hecho de que el electorado decidiera no otorgarles los votos suficientes para contar con una mayoría parlamentaria que les permitiera modificar la Constitución es prueba irrefutable de que no hablan en nombre de todo el pueblo de México.

Pero existe otro aspecto que quienes promueven los ataques contra el Poder Judicial deciden convenientemente ignorar: el carácter contra-mayoritario que el Poder Judicial está obligado a desempeñar en la protección de los derechos humanos.

Históricamente en nuestro país han existido minorías sociales que han sido segregadas de la participación política, lo que se ha traducido en la imposibilidad de que estas pudieran incidir mediante el proceso político en la defensa de sus intereses. 

Roberto Niembro, en su libro La argumentación constitucional de la Suprema Corte ^[1] señala que por distintas razones dichas minorías “no pueden participar en condiciones de igualdad y las condiciones que se lo impiden no pueden cambiarlas por sí solas”.

Pensemos por ejemplo en los pueblos originarios o en la lucha por el matrimonio igualitario. No fueron las mayorías políticas o parlamentarias las que otorgaron las primeras victorias en la defensa de sus derechos, fue precisamente la justicia constitucional la que hizo posible su efectividad.

Ronald Dworkin, filósofo del derecho y catedrático de derecho constitucional, sostenía que los derechos humanos constituyen verdaderas cartas de triunfo frente a los gobiernos y las mayorías.

Por consiguiente, sostener que los tribunales deben servir a los intereses políticos dominantes se revela como un planteamiento absurdo. Aunque la democracia se sustente en la “regla de la mayoría”, cuando la decisión mayoritaria entra en conflicto con los derechos humanos, es responsabilidad del Poder Judicial asegurar su protección y salvaguarda.

^[1] Niembro Ortega, Roberto, La argumentación constitucional de la Suprema Corte. A diez años de la reforma de derechos humanos, UNAM, 2021.