Ante la trata de personas, la militarización no es opción

Desde 2014 cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de erradicar este delito que, tan sólo en 2021, tuvo 2,202 víctimas en México de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).

Y es que de acuerdo con el “Informe Mundial sobre Trata de Personas 2022”, elaborado por ese mismo organismo, en nuestro país el porcentaje de víctimas de trata de personas aumentó en 67.3% entre 2020 y 2021. Una cifra especialmente alarmante en América del Norte, pues, a nivel global el delito de trata disminuyó un 11% pero en esta región el porcentaje de víctimas creció en 16% debido al aumento de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica que transitan por México y que tiene por destino final Estados Unidos.

De acuerdo con organismos nacionales a internacionales, entre los elementos que explican el reciente aumento de trata de personas en México se encuentran la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y el actuar de los traficantes de personas migrantes en su tránsito por el país, pero hay otro elemento que es importante poner en la mira: la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad. Este último aspecto resulta preocupante teniendo en cuenta que las FFAA fueron autorizadas a hacerse cargo de la seguridad pública pero en la práctica se han comportado omisas o se han visto directamente involucradas en la comisión de diversos delitos, incluida la trata. Una problemática para la que, incluso, carecen de capacitación para atender.

El 18 de agosto de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió una denuncia por parte del personal de una aerolínea de Huatulco, Oaxaca, quienes advirtieron que una adolescente que viajaría desde ese destino sin compañía a Hermosillo, Sonora era probable víctima de trata. Según la Comisión, la Guardia Nacional, lejos de actuar bajo lo que estipula la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, decidió remitir a la adolescente a una “rediencia para la recuperación de adicciones” que, claramente, “no era [el lugar] adecuado para la atención de posibles víctimas de trata de personas y mucho menos para facilitar su bienestar físicio, psicológico y social”.

Como resultado de este caso, la CNDH emitió la recomendación 28/2023 en abril de 2023, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y al DIF – Sonora, solicitando la Guardia Nacional emitir un Protocolo de Detección, Identificación, Atención y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados, Victimas y/o Posibles Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas en los Aeropuertos, mismo que, hasta la fecha, no ha sido publicado.

Otro ámbito en el que podemos observar que las FFAA no cuentan con las capacidades para atender este tipo de casos, e incluso participan de este delito, ocurre en materia migratoria: la Ley de la Guardia Nacional ha facultado a este cuerpo para realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), tareas en esta materia, como inspección de documentos de personas extranjeras, apoyo en aseguramientos del INM, así como resguardo de las estaciones migratorias y de personas migrantes.

Apenas este marzo de 2023, cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron separados de su cargo y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para ser investigados precisamente por el delito de trata de personas. Originalmente, los cuatro elementos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina por haber estado relacionados al “resguardo” de 12 personas migrantes de origen ruso.

Estos dos casos nos ilustran algo alarmante: las FFAA no están contribuyendo efectivamente a atender y mucho menos prevenir el delito de trata de personas. Por el contrario, ya se registran casos en los que se les acusa de cometerlo, al tiempo que su actuar negligente ha destapado la necesidad de incluso crear nuevos protocolos para atender este delito.

De acuerdo con el Reporte sobre Trata de Personas 2023 de la Embajada de Estados Unidos en México, la Guardia Nacional ha capacitado a tan sólo 276 del de las decenas de miles de efectivos de este cuerpo de seguridad para identificar e investigar los delitos de trata, lo cual es a todas luces insuficiente para un país en el que la trata de personas ha aumentado.

En el marco de este Día Mundial contra la Trata de Personas, desde México Unido Contra la Delincuencia queremos recordar que el entrenamiento y actuar de las FFAA no es el adecuado para atender la seguridad pública ni reducir efectivamente la comisión de delitos como la trata de personas. Al contrario, aumenta el riesgo de cometer violaciones a derechos humanos y que éstas queden impunes por la acostumbrada opacidad de estas instituciones que con frecuencia dificulta la rendición de cuentas.

En el contexto de militarización que enfrenta México y con la evidencia existente respecto a la participación de las FFAA en la comisión de delitos como la trata de personas es imperante que, como sociedad, exijamos a las autoridades que se investiguen todos los delitos en los que integrantes de los cuerpos castrenses participen y que las sanciones se determinen en el fuero civil. De no haber sanciones ante este tipo de casos, las FFAA seguirán actuando impunemente y la seguridad seguirá sin mejorar.