Cero impunidad en los crímenes contra periodistas

La información es un bien público y por ello debemos proteger a quienes la crean

Gautier Mignot

El pasado 2 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una jornada que nos brindó la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de garantizar la importante labor de comunicar de forma libre y en un entorno seguro, lo que es, sin duda, un pilar fundamental de cualquier sociedad que se precie de ser democrática.

Reconocer la función social del periodismo es vital para construir una ciudadanía plural, participativa e informada para tomar mejores decisiones en los asuntos que impactan en su vida y la de sus comunidades. El trabajo periodístico ha sido la mirada, la escucha y la voz de la población, incluso arriesgando su propia vida. Por ejemplo, en el contexto de la crisis sanitaria, en territorios de extrema violencia, y en otros que han sido afectados por desastres naturales, como lamentablemente lo padecemos en Guerrero.

Por ello, garantizar el ejercicio de su labor libre de toda agresión, amenaza o intimidación es indispensable para el desarrollo de un entorno democrático en el que se respeten derechos y libertades fundamentales; pues las agresiones y violaciones en su contra no sólo repercuten en su esfera más íntima sino que además atentan contra el respeto y la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de libertad de expresión de la sociedad en su conjunto.

Lo anterior se debe a que existe una correlación entre el estado que guarda nuestra libertad para buscar, recibir y difundir información con nuestra capacidad para desarrollarnos como ciudadanía. De tal forma, la sociedad también tiene un rol fundamental en la salvaguarda del periodismo, por lo que esta conmemoración resultó el marco perfecto para dialogar y replantear acciones encaminadas a apoyar e impulsar el periodismo libre, independiente y seguro, sin estigmas ni señalamientos.

En ese sentido, es necesario poner de relieve la situación actual en la que se ejerce el periodismo tanto a nivel mundial como en nuestro país. De acuerdo con el Informe Semestral 2023: “Violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado”, de la organización Artículo 19, durante los primeros seis meses de este año se registraron 272 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en México, lo que equivale a una agresión cada 16 horas. Las agresiones con mayor registro fueron las intimidaciones y hostigamientos con 68 casos, el uso ilegítimo del poder público con 61 y amenazas en su contra con 49 casos.

Esas cifras se agravan por la preocupante tasa de impunidad que tienen los asesinatos en su contra que, de acuerdo con el Informe “Conocer la verdad es proteger la verdad”, es del 86% a nivel mundial, es decir, sólo 1.4 de los asesinatos llegan a una conclusión judicial.

No obstante que en este informe se identificó una leve disminución de casi tres puntos porcentuales en el número de asesinatos de periodistas a nivel global desde el año 2018, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más peligrosas para la prensa. En el caso mexicano, nuestro país registró el mayor número de víctimas mortales.

Ese contexto, resalta la necesidad de que, sociedad y Estado, promovamos acciones y mecanismos para prevenir delitos en su contra; para proteger su ejercicio libre y pleno; y para impulsar instrumentos legales que lo garanticen.

En el Instituto Nacional de Transparencia coincidimos en la necesidad de cumplir ese objetivo, pues es una condición indispensable para garantizar el conocimiento de las sociedades, fomentar la libertad de pensamiento y promover la participación en los espacios públicos. No debemos permitir que quienes dan voz a la sociedad sean silenciados; la libertad de expresión es crucial para un Estado democrático y una sociedad informada, pues si las y los periodistas no nos informan, ¿quién lo hará?