La construcción del derecho de acceso a la información en América Latina: casos y experiencias regionales

Históricamente, los países latinoamericanos han experimentado períodos de gobiernos autoritarios, censura y transparencia limitada. Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido una creciente demanda de gobierno abierto y mayor acceso a la información. Esto ha sido posible por factores como la expansión de la participación, una mayor conciencia de la importancia del respeto a los derechos humanos, los avances tecnológicos que facilitan la difusión y el intercambio de insumos en posesión de entidades gubernamentales.

La lucha por el acceso a la información pública en América Latina, así, es una construcción colectiva, producto del esfuerzo continuo de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos para promover la transparencia y garantizar su disponibilidad para el público. Y, como tal, se ha convertido en un aspecto crucial de la promoción de la democracia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

Los instrumentos clave en este proceso son las leyes de acceso a la información. Los países de América Latina y el Caribe han adoptado garantías legales en la materia, para que los ciudadanos puedan solicitar información en poder de las instituciones públicas: veintiséis países cuentan con este tipo de legislación.[1] En ellas, generalmente se describen los procedimientos para solicitar, establecen plazos para responder las solicitudes y definen las excepciones a la divulgación basadas en criterios de seguridad nacional o privacidad.

Asimismo, uno de los factores clave en este desarrollo ha sido la instalación de Órganos Garantes (OG) en la región, que supervisan la implementación y cumplimiento de las leyes de acceso a la información. Al responsabilizar a las entidades gubernamentales, crean una cultura de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, que son elementos esenciales en la construcción de las democracias latinoamericanas. Se cuenta con 13 instituciones de este tipo, pero tan sólo 5 tienen autonomía: las de México, Chile, El Salvador, Honduras y Panamá.

Si bien existieron dinámicas propias de los países, a nivel regional existió un caso paradigmático que comenzó a sentar las bases de la importancia del derecho a saber: en 2005, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Los demandantes solicitaron información al Comité de Inversiones Extranjeras de Chile sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor, que buscaba explotar recursos que afectarían el medio ambiente. Si bien la información fue entregada, el Estado chileno no explicó el por qué no había permitido el acceso de manera oportuna.

La CIDH resolvió que, en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por el principio de máxima divulgación y toda información es accesible, salvo en casos específicos. En su análisis, la Corte argumentó que las autoridades de Chile no cumplieron la carga argumentativa y vulneraron el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), con lo cual ordenó la entrega de la información a los solicitantes.

El examen de las resoluciones regionales y nacionales sobre el acceso a la información permite un análisis comparativo enriquecedor. Esto facilita a formuladores de políticas, activistas e investigadores identificar elementos comunes, mejores prácticas y enfoques innovadores que se pueden adaptar e implementar en diferentes contextos. Así, las experiencias de otros países, son una fuente de estrategias efectivas para promover la transparencia y mejorar el acceso a la información.

[1] UNESCO, A steady path forward: UNESCO 2022 report on public access to information (SDG 16.10.2), pág. 13. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385479