Históricamente para nuestro país, pensar en las remesas es hacerlo como un salvavidas macroeconómico y para millones de familias mexicanas. Pero desde la llegada de Trump, enfrentan una tormenta perfecta. Después de años de crecimiento constante y de alcanzar cifras históricas, los flujos de dinero proveniente de Estados Unidos muestran una preocupante tendencia a la baja. Cifras del Banco de México indican que, durante el primer semestre del año en curso, el valor acumulado de las remesas cayó un 5.6 % en comparación con el mismo periodo de 2024, revirtiendo una racha de once años de bonanza.
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Esta disminución no es un fenómeno aislado, sino un caldo de cultivo que golpea el poder adquisitivo de los migrantes y sus familias. Por un lado, la presión política del gobierno estadounidense, se cierne como una amenaza real y como un fantasma que alimenta el miedo colectivo. La simple discusión de un posible impuesto a las remesas de hasta un 5 %, aunque no se ha aprobado, genera incertidumbre y podría desincentivar los envíos a través de canales formales, orillando a algunos a buscar alternativas menos seguras.
A la par de esta presión política, las familias mexicanas enfrentan el otro lado de la moneda: el fortalecimiento del peso. Aunque un “superpeso” puede ser celebrado como un signo de estabilidad económica, sus efectos son muy negativos para quienes dependen de los dólares. Un migrante que envía la misma cantidad en dólares que hace un año, ve cómo ese dinero se traduce en muchos menos pesos para su familia. Esto disminuye de manera directa y tangible el poder adquisitivo en sus comunidades, obligando a los receptores a estirar cada vez más su presupuesto para cubrir necesidades básicas como alimentos, educación y salud.
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La combinación de un impuesto potencial y un peso fuerte crea un escenario donde la ayuda que envían los migrantes vale menos y cuesta más enviarla. Los estados con mayor dependencia de las remesas, como Jalisco, Michoacán, Guerrero o Zacatecas, son los que sentirán con mayor fuerza este doble golpe. Las familias que han sostenido su economía con estos recursos se ven ahora en una encrucijada, enfrentando una realidad económica más ajustada y precaria.
Así, aunque desde Palacio Nacional ha resistido con -cabeza fría-, es crucial que tanto las autoridades mexicanas como las instituciones financieras exploren mecanismos para mitigar los efectos del “impuesto Trump”. Se deben encontrar alternativas que no solo defiendan a los migrantes, sino que también aseguren la estabilidad económica de las comunidades. El futuro de millones de familias pende de un hilo y es urgente actuar.
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