Elecciones 2024, ¿la Suprema Corte en la boleta?

Claudia Sheinbaum es una política profesional: se tragó sin hacer gestos la imposición de Clara Brugada como candidata a la capital del país. Y aunque la disciplina es clave bajo el sistema presidencialista mexicano, la candidata del oficialismo carga con una derrota anticipada que la debilita rumbo a la contienda del 2024 y, a la cual, está por sumarse otro descalabro más.

Se trata de una batalla todavía más compleja que la pretensión de instaurar a un policía como candidato de la “izquierda moderna” a la Ciudad de México: desbaratar al Poder Judicial; intención que, al ser una de sus banderas de campaña, le representará un desgaste innecesario porque, al igual que en su fracaso anterior, un sector importante e influyente de la Cuarta Transformación repudia dicho planteamiento.

Por ejemplo, dos de las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, argumentaron en contra de uno de los principales ejes narrativos usados desde Palacio Nacional en esa cruzada: la posibilidad de que los ministros sean votados por los ciudadanos bajo el falso argumento de que solo así estos responderán a los intereses de quienes los eligen.

Fue en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde, junto al ministro Alberto Pérez Dayan, se pronunciaron en contra de dicha propuesta. Una de las premisas usadas por Ortíz Ahlf para desmontar dicha idea es que un juez, al acudir a las urnas y fincar su posibilidad de ocupar un asiento en el Máximo Tribunal, está negativamente incentivado a orientar sus resoluciones en pro de adquirir popularidad.

Ante el público que asistió al seminario El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno, recordó cuando un juez de Estados Unidos le platicó que sentenció en Texas a un mexicano a pena de muerte, sin sustento sólido, con la finalidad de obtener notoriedad entre los votantes. Y aunque el sometimiento al Poder Judicial que busca AMLO es mucho más complejo y contiene otras aristas más allá de esta medida, las voces al interior de la Cuarta Transformación empiezan distanciarse de su líder, como también lo ha hecho en otras embestidas hacia la Corte la exministra en retiro y exsecretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Sin embargo, y aún con un sector relevante de la 4T en contra de asfixiar al Poder Judicial, la candidata a la presidencia por parte de Morena, Claudia Sheinbaum, insiste en colocar en la boleta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Poco a poco, en el imaginario colectivo empiezan a configurarse los términos bajo los cuales se dará la contienda de 2024. La mala noticia para Sheinbaum es que priorizar como bandera de campaña el sometimiento al Poder Judicial tendría implícita su irrelevancia en el tablero político-electoral pues reconfirmaría que solo es y será una extensión de Andrés Manuel López Obrador quien de manera errónea identifica a los jueces como principal obstáculo para la instalación de su Cuarta Transformación.

Aún no inician formalmente las campañas rumbo a la presidencia y la candidata oficialista ya carga sobre sí el fracaso que significó no imponer a su exsecretario de Seguridad en CDMX, Omar García Harfuch, en donde la militancia y la nomenklatura partidista le dieron la espalda. A eso se le sumará la intención de meter a la boleta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de cobrarle un desgaste, ahora con nuevas figuras de la Cuarta Transformación que la estarán desafiando.

¿Qué tan reducida tiene que estar Sheinbaum para poder encabezar “el proyecto”? ¿Podrá durante la campaña diseñar su propia plataforma electoral e imponer su sello? Sin duda son varias las pistas por las cuales se busca alterar el orden constitucional que establece mecanismos de control entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre ellas también una terna para suplir al ahora militante de Morena y TikToker Arturo Zaldívar.

Apunte:

Enhorabuena el posicionamiento de las dos ministras, Loretta Ortíz y Ríos Farjat. De esta última habría que destacar que a partir de sus resoluciones se ha venido consolidando como una de las piezas más sólidas dentro del Máximo Tribunal del país. Recientemente desde la Primera Sala resolvió que el gobernador de Nuevo León, no importando quién sea, publique en el periódico oficial el decreto por el cual se traslada la Unidad de Inteligencia Financiera estatal (Secretaría de Finanzas) a la Fiscalía de esa entidad, aprobado por el Congreso de ese estado desde junio del año pasado. La resolución termina por dar una valiosa lección a los diputados locales quienes en su momento buscaron que la ministra se abstuviera de conocer dicha controversia. La institucionalidad, avanza.