La externalización de ‘la crisis del fentanilo’ en EU y sus riesgos para México

En julio de 2023, Estados Unidos convocó a la Coalición Global para Abordar las Amenazas de las Drogas Sintéticas, que une a países bajo la premisa de que estas drogas -entre las que están la metanfetamina, el fentanilo, el MDMA y la ketamina- representan una amenaza para la seguridad y el bienestar de todas las personas en el mundo, por lo que deben construirse políticas comunes y de cooperación entre países para terminar con su tráfico.

Hasta octubre de 2023 120 países, entre ellos México, habían firmado su entrada a la Coalición. Su creación se da en el contexto de una creciente crisis de sobredosis por la que está pasando Estados Unidos, atribuible en gran medida al consumo de opioides sintéticos como el fentanilo. En 2021 en este país hubo 106 mil 699 muertes por sobredosis, de las cuales 70 mil 61 involucraron algún opioide sintético.

El riesgo asociado con el consumo ilícito del fentanilo es una realidad, y Estados Unidos ha promovido algunas medidas importantes hacia el interior para empezar a abordar este problema desde una perspectiva de salud pública y no de seguridad lo que, de concretarse, representaría un destacado cambio de perspectiva, si consideramos que ha sido uno de los principales promotores de la llamada “guerra contra las drogas” a nivel global. Entre los esfuerzos de salud pública emprendidos durante la administración de Joe Biden, se encuentran, por ejemplo, aprobar la venta sin receta de la naloxona, una medicina que puede detener sobredosis de opioides.

Los cambios internos en Estados Unidos en materia de drogas no deben verse como algo aislado, ya que en los últimos años ha habido cuestionamientos hacia el régimen internacional de drogas en todo el mundo. Muestra de ello es la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Droga que tuvo lugar este año en Colombia, un país que ha sufrido las consecuencias más graves de imponer este modelo y que lideró las exigencias para comenzar a plantear políticas alternativas a la prohibición.

En este contexto la Coalición Global debería representar una oportunidad para abandonar la política prohibicionista sobre las drogas y atender los problemas de drogas sintéticas desde un enfoque de salud pública y derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora, parece más probable que busque ser otro espacio para que Estados Unidos refuerce el enfoque prohibicionista fuera de sus fronteras y comience una externalización de las responsabilidades por esta crisis de sobredosis de opioides a países en los que las consecuencias de imponer la “guerra contra las drogas” han sido catastróficas, como el nuestro.

Esta tendencia, de externalizar las responsabilidades, se ha visto desde que el presidente Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” hace 50 años. Esta declaración implicó imponer a países como México y Colombia la responsabilidad de terminar con el tráfico de sustancias ilícitas por medio de políticas de erradicación y control de ofertas. Actualmente, con la declaración de esta nueva Coalición, hay un riesgo real de que esto ocurra de nuevo, pero ahora con las drogas sintéticas.

La externalización de este problema ha implicado adoptar estos discursos y enfoques basados en pánicos morales frente a las drogas sintéticas lo que, en el caso de México, ha empeorado el enfoque con el que se aborda el tema de las drogas. En el caso del fentanilo, esto ha sido notable: en las campañas informativas han prevalecido discursos que recurren al pánico moral y a estereotipos clasistas y racistas de personas usuarias que buscan construir una asociación directa entre el uso de estas sustancias y su muerte.

Al mismo tiempo, y de manera paradójica, el discurso oficial no ha querido reconocer que exista un consumo de fentanilo en el país que requiera de medidas de reducción de daño o tratamiento. El discurso oficial, liderado por el presidente, afirma que el fentanilo no es un problema en México, pues a diferencia de Estados Unidos, “hay mayor integración familiar y menos individualismo”. El gobierno está abordando la solución al consumo de sustancias desde un enfoque incorrecto, pretendiendo resolverlo únicamente a partir de preceptos morales y espirituales. Esto ignora la multitud de factores sociales, culturales y ambientales que intervienen en la adicción, y convenientemente le permite al gobierno evadir su responsabilidad para atenderlos.

La externalización de responsabilidad a México por los problemas de drogas también ha exigido, implícita o explícitamente, una mayor militarización de la seguridad pública, con todos los riesgos que esto implica. La administración de López Obrador ha apoyado, bajo la excusa de detener el tráfico de fentanilo y la amenaza que éste representa, entregar mayores tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, así como tareas de administración y control de aeropuertos, aduanas y puertos.

En el contexto de las elecciones estadounidenses los candidatos presidenciales republicanos han propuesto no sólo exigir una mayor militarización para cortar la oferta y el tráfico de fentanilo, sino también realizar operativos militares en el país. Incluso en algunas conferencias matutinas, el presidente López Obrador ha admitido que el Ejército mexicano ya cuenta con adiestramiento del estadounidense para este fin.

Este discurso prohibicionista también ha generado un ambiente hostil para propuestas de reforma que ya estaban en discusión, como la regulación de la cannabis, la excarcelación por delitos menores de drogas o la eliminación del delito de posesión simple. Estas propuestas, que tenían un apoyo importante y popularidad en campaña, representaban una forma de atender o remediar los problemas asociados con el prohibicionismo. Lamentablemente, el pánico moral asociado con drogas sintéticas ha detenido los avances para una mejor regulación y evitado que avancen alternativas que contribuyan a mejorar la salud de las personas usuarias.

Lo más grave es que la mayor imposición de este enfoque no resolverá el problema. El problema de sobredosis por opioides sintéticos no es a pesar del enfoque prohibicionista, sino a causa de éste. El movimiento del mercado ilícito a sustancias de una mayor intensidad, la falta de alternativas de tratamiento y reducción de daños y la mala información dirigida a personas usuarias, responden a las dinámicas del prohibicionismo. La crisis del fentanilo en Estados Unidos, que también afecta a nuestro país, es la expresión más drástica de un sistema que ha fracasado para atender los problemas desde un enfoque de salud pública.

Las estrategias deben ser integrales, y México debe negociar con Estado Unidos para atender la problemática de opioides sintéticos de manera conjunta. Sin embargo, los acuerdos entre ambos países no pueden seguir apostando al prohibicionismo, a la represión y al abandono de las personas usuarias ante esta situación. Debemos buscar soluciones basadas en la cooperación, pero también en la atención de este problema como un tema de salud pública, con enfoque de derechos humanos, reducción de daños e interseccionalidad. Esto es no sólo posible, sino también necesario para no cometer los mismos errores del pasado.