Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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El ocaso de los equilibrios y el temor como instrumento de gobierno
Un colofón digno de la Suprema Corte que se va, sería evitar la impunidad de quienes traicionaron al Poder Judicial autónomo e independiente para evitar que una acción tan deleznable quede impune.
Un colofón digno de la Suprema Corte que se va, sería evitar la impunidad de quienes traicionaron al Poder Judicial autónomo e independiente para evitar que una acción tan deleznable quede impune.
Comienzo con una cita, de esas que perduran inalteradas por la fuerza de su actualidad. Dice el barón de Montesquieu, precursor de la ciencia política y emblemático estudioso del principio de separación de poderes en El Espíritu de las Leyes algo que se ubica en el centro de nuestra realidad nacional del siglo XXI: “Como la virtud en una república y el honor en una monarquía, es necesario el temor en un gobierno despótico; pero en esta clase de gobierno, la virtud no es necesaria y el honor hasta sería peligroso”.
Un gobierno que anula los contrapesos e impone su aplanadora legislativa podrá ser legítimo porque fue producto de la voluntad mayoritaria, pero será despótico en su ejercicio práctico. La clase política mexicana considera el honor como un inconveniente anacrónico que estorba para preservarse.
El temor es un elemento esencial para el déspota y lo usa porque tiene la fuerza para imponer sus decisiones sin reconocer, escuchar y atender el disenso que caracteriza a los auténticamente demócratas.
Dentro del Poder Judicial de la Federación hay un clima de incertidumbre y zozobra ante la inminente reforma que se impondrá en un Congreso dominado por Morena. No hay posibilidades de contrapesos en el Poder Legislativo, ahí se hará lo que quiera el Ejecutivo en los meses finales del sexenio y durante la administración Sheinbaum. Una de las consecuencias será la formalización del exterminio de la Suprema Corte y su aún vigente posibilidad de anular leyes inconstitucionales, como las que se incluyen en el paquete de iniciativas anunciadas desde febrero.
La más inquietante es la que propiciará la elección de juzgadores federales a través del voto popular como ocurre fallidamente en Bolivia. Violando criterios y precedentes claros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aniquilación de instituciones judiciales para suprimir equilibrios respecto al poder político. La impartición de justicia como la hemos conocido en los últimos 29 años será desfigurada en los próximos meses. La integración de la Corte cambiará, los ministros coherentes con la Constitución vigente serán reemplazados por empleados obedientes listos para satisfacer a sus patrocinadores en elecciones que buscarán popularidad y sacrificarán capacidad.
Se considera un derecho fundamental el acceso a jueces independientes, pero el odio del poderoso se impondrá bajo una fachada de falsa transformación que nos regresará al autoritarismo de los años 70. Las posibilidades de evitar este daño irreversible son prácticamente nulas, lo que queda es cerrar ciclos con dignidad y valentía.
¿Qué toca a la Suprema Corte presidida por Norma Piña en los próximos dos meses? Trabajar intensamente y con resultados efectivos hasta donde les alcance el tiempo que fijen los transitorios de las reformas que serán aprobadas en septiembre como ya ordenó el déspota de Macuspana.
Una medida que daría enorme dignidad al colofón histórico de esta Corte que dio la batalla y que cada vez queda más sola en la escena nacional, sería fincar procedimiento a los presuntos responsables de entregar la justicia independiente y autónoma a sus cómplices en el poder. A pesar del receso vacacional de la segunda quincena de julio que para muchos será agrio y preparatorio ante el cierre de un ciclo profesional, aún hay tiempo suficiente para estructurar un resolutivo sancionatorio que deje un mensaje indeleble de lo que fue la Corte como institución valiosa del Estado mexicano.
Arturo Zaldívar ante los ministros y sus secuaces ante las instancias del Consejo de la Judicatura Federal tendrían que enfrentar las consecuencias de su traición al Poder Judicial. Hay elementos exhaustivos y contundentes para pensar en su inhabilitación con efectos definitivos e inatacables. Se trata de un mensaje de firmeza ante la peor infamia documentada que se recuerde en la impartición de justicia, un pasaje oscuro que no puede quedar impune.
Ese sería un cierre de ciclo decoroso en la Suprema Corte, que cuando tenía esa atribución, declaró con valentía graves violaciones de garantías individuales sin importar las consecuencias políticas de sus decisiones. Ese Tribunal que dio a México episodios brillantes y políticamente incorrectos con juristas de época, honestos e institucionales que nunca se doblaron.
Norma Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez merecen irse con dignidad y reconocimiento a su verticalidad. Con esos votos y adicionalmente al de Luis María Aguilar que termina su encargo en noviembre y el de Alberto Pérez Dayán podrán darle una lección irrevocable a quien vulneró con irrefrenable ambición a una Corte que, pese a sus retos, dio esplendor a la historia jurídica de nuestro país.
En el Consejo de la Judicatura la ministra Piña también podrá procesar de forma ejemplar a Constancio Carrasco Daza, Carlos Alpízar Salazar, Edgar Manuel Bonilla del Ángel, Jaime Santana Turral, Alejandro González Bernabé y Netzaí Sandoval entre otros.
En el frente de los juzgadores federales hay desánimo y frustración por el desperdicio de cientos de carreras judiciales basadas en décadas de esfuerzo y meritocracia. Se sabe que cerca de 300 jueces y magistrados valoran seriamente su retiro de la función en agosto. Por otro lado, Daniel Sánchez Montalvo renunció abruptamente a la dirección nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) por un presunto conflicto de intereses que involucra a un familiar cercano del magistrado al partido político en el poder.
Se sabe también que hay dos posturas respecto a la reforma judicial que viene. La primera es la radical que impulsa vehementemente Andrés Manuel López Obrador para que los 1633 jueces y magistrados federales del país sean reemplazados por quienes resultarían electos en junio de 2025. Y la otra versa sobre la posibilidad de que los cargos a reemplazar a través de las urnas sólo involucren a Ministros, Magistrados Electorales y titulares de los nuevos órganos que reemplazarán al Consejo de la Judicatura (Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial).
Para tal efecto ¿se impondrá el proyecto de la virtual presidenta electa o el del presidente saliente que no quiere dejar de mandar? Estamos por verlo.
EDICTOS
Para coronar un primer semestre realmente gris en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas ha mostrado un flanco indignante en tiempos de efervescencia política. El lunes por la mañana el presidente López Obrador volvió a embestir contra la Máxima Casa de Estudios para manifestar su enfado por un documento que circuló hace 6 días el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el que se publicó un análisis técnico de 559 páginas sobre las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el tabasqueño. Los coordinadores de este serio, profesional y detallado trabajo fueron los doctores Diego Valadés, Pedro Salazar, José de Jesús Orozco Henríquez y Sergio López Ayllón. El documento expone la visión experta de juristas e investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional, pero fue considerado una insolencia que exhibe la ignorancia del inquilino de Palacio Nacional y sus ensoberbecidos incondicionales.
Por la tarde, en lo que se consideró un hecho inédito y lamentable, el aparato oficial de la UNAM difundió un texto aclaratorio en el que se deslindó a la institución del estudio mencionado. Nunca desde la rectoría se había dado un desmarque de esta naturaleza sobre un trabajo de sus investigadores, entre ellos 2 ex directores del instituto que fundó Héctor Fix Zamudio. El texto provocó el desagrado y la sorpresa de un sector importante de la comunidad académica, al expresar que lo establecido por jurídicas “de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni el sentir de su comunidad. En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores”.
En estos tiempos, la racionalidad y hasta la congruencia se ven amenazadas también en la UNAM, cuyo rector no está a la altura de la pluralidad, prestigio y espíritu crítico que caracteriza a los universitarios. Lomelí se arrodilló con temor ante López Obrador, en todo caso, tan sencillo y menos complicado habría sido guardar silencio.
¿Qué diría el gran Javier Barros Sierra de tan absurdo deslinde?
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