Cheque en blanco a Sheinbaum para desmantelar al Poder Judicial

Que nadie se llame a sorpresa sobre lo que vendrá en los próximos meses para el sistema federal de impartición de justicia como efecto inmediato del resultado electoral de carro completo para Morena. Se sabía que esa sería una consecuencia de la abolición de los contrapesos y un eventual equilibrio de fuerzas en el Congreso que ya no fue.

¿Qué viene? La ejecución acelerada del desmantelamiento del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia en su calidad de Tribunal Constitucional autónomo. El proyecto de la 4T y su llamado segundo piso tiene como base elegir jueces, magistrados federales y ministros a través del voto popular para imponer una línea de decisiones jurisdiccionales privilegiando el criterio político. Esto significará una regresión sin precedente, algo indefendible desde la coherencia más elemental que 33 millones de votantes hicieron a un lado para respaldar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Se avizora un cambio de paradigma que hiere de muerte a la división de poderes y los sanos equilibrios diseñados en la Constitución vigente. Trato de ver con cierto optimismo, seguramente infundado, la designación de Juan Ramón de la Fuente para encabezar los trabajos de la transición y me pregunto:

¿El respetable exrector de la UNAM puede estar de acuerdo con el desmantelamiento del Poder Judicial? ¿Un personaje como él puede avalar en automático la aniquilación de los contrapesos y la extinción de órganos autónomos creados en el devenir de las décadas recientes en las que participó activamente, incluso como secretario de Estado?

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Desde su etapa de jefa de gobierno en la capital, en precampaña y campaña, la candidata presidencial triunfadora se adhirió incondicionalmente al proyecto de AMLO para embestir a la impartición de justicia independiente, avaló la narrativa de ataque y remató en uno de los debates que “muchos ministros se han extralimitado y han echado para atrás las leyes que apoyan al pueblo de México”. Lo hizo conociendo que la posibilidad de anular leyes inconstitucionales es atribución de la Corte como Máximo Tribunal del país.

Las consecuencias serán catastróficas, en razón de brevedad sólo enumero 10:

1. La elección de jueces por voto popular acabará con la carrera judicial, un proceso esencial para la formación de impartidores de justicia.

2. Los criterios de selección no serán jurídicos o técnicos, lo que formalizará una abierta politización de la justicia con un Ejecutivo todopoderoso.

3. La calidad profesional de los juzgadores, entre ellos ministros, será lamentable. Muestra clara es la designación presidencial de Lenia Batres Guadarrama que en cada sesión exhibe una ignorancia jurídica insultante. Ese sería el parámetro para el futuro.

4. El diseño garantiza juzgadores obedientes, maniatados para resolver contra el poder político, un peligroso despropósito.

5. La plataforma que viene incrementará exponencialmente el tráfico de influencias para lograr sentencias a modo que favorecerán abiertamente al mejor postor y a los intereses de las figuras políticas del régimen.

6. En 2025 se realizará una “elección” extraordinaria para renovar a todos los jueces, magistrados (incluidos los electorales) y ministros del Poder Judicial de la Federación. La “nueva Corte” sólo tendrá 9 ministros y se eliminarán sus 2 Salas.

7. Ningún juzgador que deba el favor de su elección “popular” se atreverá a ir contra los patrocinadores de esta aberración, leyes o actos de autoridad, aunque sean abusivos no podrán ser suspendidos o revertidos, lo que nos dejará un contexto de indefensión.

8. Con este lamentable panorama los abogados litigantes profesionales se convertirán en simples gestores de la corrupción y el influyentismo.

9. En la delicada materia penal, se producirían absoluciones y condenas basadas en intereses políticos que agudizarían el disparate de dar prisión a inocentes y liberar delincuentes por consigna. Una maquinaria común en las dictaduras.

10. Desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal tal y como lo conocemos desde 1995. Será reemplazado por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. Cada uno integrado por 5 magistrados propuestos o electos a satisfacción del Ejecutivo, las mayorías en el Congreso y la “nueva Corte”.

Esto y otros aspectos por venir serán un retroceso espeluznante que tendrá como principal efecto la extinción de un Poder Judicial autónomo que por mandato en las urnas fue condenado sumariamente a la aniquilación de su independencia. ¿A quiénes afectará en mayor medida esta consecuencia? Lamentablemente a los propios ciudadanos que decidieron darle todo el poder al mismo grupo y a una sola persona, un espaldarazo al verdugo de la justicia objetiva y profesional.

Puedo seguir con los escenarios del ámbito judicial, pero también quiero referirme a la inexorable desaparición de órganos autónomos tan importantes como el INAI, que todavía garantiza la protección de datos personales, la transparencia y el acceso a la información pública para coronar una nueva era de opacidad patrocinada desde la omnipotente presidencia.

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Ante la contundencia del resultado electoral para la integración del Congreso, resulta irrelevante, pero catártico preguntarnos: ¿Había conciencia real de la mayoría de los votantes para avalar esto? ¿Quiénes favorecieron a Morena y sus satélites imaginaron reflexivamente el cheque en blanco que extendieron a un régimen destructor de las instituciones?

Para efectos prácticos, somos en virtud de la reciente decisión en las urnas un país que padece el síndrome de Estocolmo. Aquí la democracia se convirtió en su propia némesis.

EDICTOS

• Comparto algunas preguntas adicionales basadas más en un anhelo que en el sustento de una reflexión objetiva. ¿Qué presidenta veremos en Claudia Sheinbaum? ¿Seguirá por el camino de la confrontación y la descalificación que caracteriza a su antecesor o podrá honrar sus palabras en el discurso del triunfo en el que hizo un guiño a la reconciliación? A pesar de todo, ningún ciudadano de bien podría dejar de desear éxito a la primera presidenta en la historia de México, cuyo gran poder le otorga la plataforma para sacudirse las intencionalidades de un eventual maximato. Ya lo veremos desde la integración de su gabinete en el que hay 4 nombres aparentemente cantados: Omar García Harfuch en Seguridad, Rogelio Ramírez de la O en Hacienda durante el arranque del sexenio, Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores y David Kershenobich en Salud.  

• Hace unas horas, en Albania, México fue reelegido como presidente de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Esta responsabilidad de carácter global recae en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para encabezar este foro en el que participan 57 países de los 5 continentes. Dato que muestra la valía y reconocimiento de este órgano autónomo ante el mundo.