La jornada electoral inicia en

Alejandro González Bernabé, otro engrane en la maquinaria Zaldívar para presionar juzgadores
Libertad bajo palabra

Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.

X: @jenroma27

Alejandro González Bernabé, otro engrane en la maquinaria Zaldívar para presionar juzgadores
Alejandro Sergio González Bernabé. Foto: Tribunal Electoral de Veracruz

Había una tableta ajena a la red de comunicaciones institucionales en la que Carlos Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia en la Judicatura Federal, daba seguimiento diario a una lista de asuntos con particular interés para su jefe, el hoy exministro de la Suprema Corte de Justicia y asesor jurídico de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.

Según testimonios de algunos funcionarios que trabajaban en el piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en Insurgentes Sur #2417, en ese dispositivo y otros no rastreables internamente se armaron listas de asuntos por número de expediente, circuito judicial y juzgado o tribunal que los resolvería. Esa selección de litigios tenía un común denominador: el factor político, económico o personal; y para ubicarlos les asignaban palabras en clave como “artista” o “Billy”, referencias sin aparente sentido en letras rojas que sólo el consultante conocía para identificarlos.

¿Y de qué tamaño eran las intervenciones operadas desde las oficinas de Constancio Carrasco Daza y Carlos Alpízar? Una fuente interna me dice que cuando menos había 500 expedientes rastreados bajo el sistema que controlaba Alpízar. ¿Además de esos 2 personajes, quién más conocía el modus operandi? Alejandro Sergio González Bernabé, líder del llamado grupo Oaxaca, enquistado en las entrañas de esa institución y con el más amplio margen de maniobra desde su posición de consejero, con todas las atribuciones para intervenir en las secretarías ejecutivas y las comisiones cuando fuera necesario.

A raíz de que el magistrado Alberto Roldán compartió los audios de las reuniones a las que fue convocado por el exsecretario general de la presidencia para intentar dirigir su resolución dentro de la red de presunto tráfico de influencias, otros juzgadores federales han decidido ponerle nombre y apellido formalmente a esta denuncia que desató hasta hoy el mayor escándalo en la historia del Poder Judicial en México, del que podría desprenderse la certeza de una fractura de la autonomía durante el periodo de un presidente de la Corte que habría obedecido la línea del Ejecutivo dentro del único poder que AMLO no controlaba a plenitud, pero si manoseaba.

El lunes por la noche, nuevamente en el noticiero estelar de Televisa, conducido por Enrique Acevedo, se dio seguimiento al caso y presentó el testimonio de la juez Primero de Distrito en Materia de Amparo del Primer Circuito en la Ciudad de México, Leticia Robledo Magaña quien también alzó la mano para enriquecer las investigaciones hacia Zaldívar y sus más cercanos excolaboradores. La juzgadora federal narró a detalle cómo fue presionada por el hoy funcionario refugiado en la Secretaría de Gobernación.

El asunto concreto en este caso involucra un rancho en Valle de Bravo, Estado de México, asegurado en 2016 a Javier Duarte que estaba siendo reclamado por un presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz. La Secretaría de la Defensa Nacional tenía interés de apropiarse del inmueble como se ha logrado plantear en la referida investigación periodística.

En la entrevista Robledo Magaña dijo que la instrucción emitida por Alpízar Salazar fue: “el punto es que el rancho no puede estar parado por una decisión de usted”.  La juzgadora reconoció que al día siguiente de la reunión en que se dijo intimidada y amenazada, prefirió declararse incompetente para conocer del asunto, toda vez que el inmueble se encuentra fuera de la Ciudad de México.

La denuncia anónima que tanto ha descalificado el extogado converso al obradorato, está construida con diversos casos que han sido mapeados a través de testimonios directos como el del magistrado Roldán, la juez Robledo y enriquecida con decenas de grabaciones, documentos, expedientes y quejas administrativas en proceso, que aportan circunstancias de modo tiempo y lugar contra los integrantes del grupo operativo interno creado durante la administración del queretano entre 2019 y 2022 que presuntamente intervino en diversos litigios que habrían sido contaminados en detrimento de la independencia, objetividad y autonomía judicial.

En el episodio González Bernabé existe una ramificación operativa con 2 magistradas federales cercanas a Zaldívar. Lorena Josefina Pérez Romo y Marisol Castañeda Pérez, ambas elocuentemente porristas de las causas no necesariamente institucionales del exministro durante su administración. Sobre ello hay todavía textos e imágenes que así lo muestran en las cuentas personales en la red social X de ambas impartidoras de justicia @LRomo18 y @Marisolcepe, lo que de ninguna manera es una irregularidad, pero sí otorga referencias interesantes.

En el caso de Marisol Castañeda, actual magistrada adscrita en Querétaro, fue impulsada sin éxito por Zaldívar y su grupo para lograr la designación de consejera de la Judicatura Federal, lo que más alcanzaron fue a integrarla en la terna en que resultó electa Lilia Mónica López Benítez, magistrada de carrera intachable, experimentada y capaz.

Lorena Josefina Pérez Romo es, desde hace poco más de 2 meses, la esposa del exconsejero y magistrado Sergio Alejandro González Bernabé. Con base en testimonios de funcionarios de diversas áreas del consejo se hicieron maniobras sumamente forzadas para impulsarla en su fallido intento por alcanzar la posición de consejera, durante el procedimiento en el que compitió precisamente con Marisol Castañeda, que sí integró la terna final, aunque tampoco lo logró ante la decisión final del pleno de la Suprema Corte.

Entre estas dos juzgadoras se estableció una peculiar competencia para lograr la mayor notoriedad posible sobre su cercanía con Arturo Zaldívar. Desde la renuncia del extogado a la Corte y con mayor razón tras el escándalo han preferido el bajo perfil, muy opuesto a la exuberancia que llegaron a mostrar hasta antes de la llegada de Norma Piña a la presidencia del Máximo Tribunal.

Siguiendo la pista al líder del llamado grupo Oaxaca dentro del Poder Judicial de la Federación, es importante reseñar algunos aspectos simbólicos de su carrera judicial iniciada en 1988 como secretario de juzgado en su estado natal. Su periodo como consejero de la Judicatura Federal fue de febrero de 2019 a febrero de 2024, nombrado un mes después de la llegada de Zaldívar a la presidencia de la Corte, lo que lo convirtió en un “funcionario ad hoc” junto con Alpízar y Constancio Carrasco en la operación de la red dirigida a incidir en centenares de resoluciones.

González Bernabé fue siempre discreto, se mantuvo alejado de los reflectores, excepto cuando diversos medios nacionales dieron cuenta de una denuncia presentada en su contra por el abogado de Rubén Oseguera González “El Menchito”. La Fiscalía General de la República investigó a González Bernabé por su presunta influencia para facilitar la extradición de Oseguera González, de acuerdo con la carpeta FED/SEIF/UNAI-JAL/0001926/2019. Según la indagatoria y la denuncia Kyle Mori, agente de la DEA, habría presuntamente sobornado al entonces consejero González Bernabé para que influyera en la resolución del asunto ante el juzgado de distrito que llevó la causa del hijo de uno de los narcotraficantes más buscados, poderosos y sanguinarios en México.

Otro tema en el que se acusan intervenciones del exconsejero, fue para tender un manto de protección en favor de su hermano Armando Félix González Bernabé, extitular de la Secretaría de Obras Públicas de Oaxaca, durante el gobierno de Ulises Ruíz. Armando González Bernabé fue señalado por un presunto desvío de más de 700 millones de pesos e investigado por supuesto peculado, fraude y abuso de autoridad. En los juzgados locales de la entidad y los federales de aquel circuito judicial fue evidente el blindaje operado por su hermano, según testimonios a los que esta columna tuvo acceso recientemente.

La red trabajaba así: Constancio Carrasco ablandaba a los juzgadores en comidas y encuentros relajados en los que se pedía “sensibilidad” para tratar asuntos del máximo interés para el entonces ministro y se pedía acudieran a citas personales con Alpízar, cuya función era más burda en el aterrizaje de las recomendaciones que culminaron en muchos casos con amenazas de cambio de adscripción o inicio de procedimientos administrativos. González Bernabé operó con sigilo desde su silla de consejero diversos temas en la Comisión de Adscripción o donde tuviera que apretar en la interlocución con sus compañeros de pleno y en otras comisiones como disciplina o carrera judicial en el caso de los concursos para designar nuevos jueces y magistrados, algunos, se dice, planificados para favorecer a los más cercanos.

La hoy esposa del exconsejero Bernabé fue designada en diciembre de 2022 integrante del Pleno de Circuito, junto con el ahora consejero Alfonso Montalvo y el magistrado Samuel Meraz. Al constituirse formalmente los plenos, la magistrada Emma Meza Fonseca solicitó la reconsideración para incluirla en ese pleno de circuito, en sustitución de Lorena Pérez Romo, un desplazamiento lógico que evidenció la creciente debilidad de González Bernabé.

El poder se acaba, la camarilla tiene muchas cuentas pendientes que son revisadas y en su caso serán sancionadas. Arturo Zaldívar se va quedando solo en esa frenética búsqueda de notoriedad y ambiciones personales, que al menos en el sector público podrían esfumarse con una inhabilitación determinada ante el mismo Tribunal Constitucional que presidió, sin la honra, lealtad y dignidad que exige el Poder Judicial de la Federación.

EDICTOS

Hubo, en días recientes, un gran berrinche aderezado con pésimas formas de trato protagonizado por Celia Maya en el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La excandidata a gobernadora de Morena por Querétaro ha hecho mancuerna con Bernardo Bátiz para tratar de dominar las adscripciones de jueces y magistrados en todo el país. De ahí la reacción fulminante de la ministra Norma Piña para designar al magistrado Edwin Noé García Baeza como nuevo secretario ejecutivo de Adscripción en esa institución.

Faltan 17 días para el “Día D ir a votar”, como dice el gran monero Paco Calderón. En Morena se percibe ese nerviosismo común en las carreras del hipódromo, con eso de que el caballo que alcanza gana.

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