Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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Cuenta regresiva para el Poder Judicial con Sheinbaum
El daño será irreparable, a pesar de los mensajes de la virtual presidenta electa que ha tratado, sin éxito, de generar calma ante la volatilidad del peso y las caídas de la bolsa. La saliva y las fotos no serán suficientes. ¿Cómo garantizar el Estado de derecho sin independencia de los juzgadores federales y separación de poderes? Es imposible.
El daño será irreparable, a pesar de los mensajes de la virtual presidenta electa que ha tratado, sin éxito, de generar calma ante la volatilidad del peso y las caídas de la bolsa. La saliva y las fotos no serán suficientes. ¿Cómo garantizar el Estado de derecho sin independencia de los juzgadores federales y separación de poderes? Es imposible.
Queda claro que a 11 días de las elecciones con el resultado que convertirá a Claudia Sheinbaum en la primera mujer en asumir la presidencia de México y el enorme poder que concentrará, no veremos esa versión de moderación que algunos anticiparon, quizá sin ningún elemento objetivo para tal pronóstico.
El anhelo de los optimistas no se cumplirá, a pesar de que los costos de la destrucción de la Suprema Corte independiente ya son palpables en el día a día con el debilitamiento del peso, directamente proporcional al nerviosismo que produce el llamado Plan C, que no es otra cosa que la aniquilación de la impartición de justicia profesional y autónoma como dique de contrapeso al autoritarismo que caracteriza al que se va, pero seguirá dirigiendo a distancia.
Generalmente los buenos ganadores extienden la mano a sus rivales en contienda tras el resultado, a pesar de su impulso de triunfo tienen la humildad de escuchar y evaluar sus siguientes pasos con la certeza de la inclusión que brindará mayor legitimidad a su victoria. Lo que está en juego no es un marcador de futbol sino la viabilidad de nuestro país, el impulso para enfrentar los formidables pendientes sin resolver. Nos encontramos en una delicada etapa de transición en la que el que concluye se niega a dejar de mandar y la que llega debe enviar señales claras de cómo ejercerá el poder y con quienes.
Durante las campañas políticas, y ahora, el tema central de la agenda nacional está enfocado en el futuro del Poder Judicial de la Federación, la institución más odiada por Andrés Manuel López Obrador durante 3 décadas.
Con el pretexto de la corrupción y la “podredumbre” que no es ajena a su administración y sus protegidos, el tabasqueño ya dio la instrucción a sus incondicionales que habrán de asumir la próxima legislatura para que, en el mismo mes de septiembre, el último de su administración, se apruebe al vapor el “reformón” judicial que acabará con la división de poderes.
No me voy a enfocar en calificar la decisión mayoritaria de los ciudadanos, sólo me referiré a lo que es evidente. A los votantes que definieron el resultado en todo el país no les importó el destino de los factores de equilibrio, otorgaron un salvoconducto al ganador. Han sido bastos los análisis sobre este punto y los más naturales hablan de un voto que no se basó en lo abstracto de nuestro sistema de impartición de justicia, sino en lo cotidiano de la supervivencia con lo más elemental. La realidad de la mayoría dominó y esquivó la reflexión. Para más de 35 millones de ciudadanos de todos los niveles sociales y rangos académicos vale menos que nada una Corte que genere contrapesos frente al Ejecutivo, una crudísima realidad.
En ese camino nos encontramos en la cuenta regresiva que marcará el fin del Poder Judicial como lo conocíamos desde 1994 en que la Corte adquirió la categoría de Tribunal Constitucional y se creó el Consejo de la Judicatura Federal.
Muchos comparan equivocadamente lo que viene con el llamado “Zedillazo” con una reforma que dio un rostro distinto a la Suprema Corte y dejó atrás un sistema ciertamente anacrónico en aquel entonces. Debo decir que la relación de eventos se basa sólo en una justificación amañada para vulnerar la esencia de la Carta Magna vigente, que reconoce a un Poder Judicial capaz de autodeterminarse y oponerse a cualquier acto inconstitucional. Así de simple.
Hace 30 años la nueva integración de la Corte llevó a su pleno a juristas de enorme y reconocida capacidad que hicieron lucir la autonomía de los jueces frente al poder político. Debo mencionar a ilustres togados como Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Vicente Aguinaco, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Humberto Román Palacios.
Tal y como está planteada, la reforma de AMLO que será aprobada en septiembre, acabará con la carrera judicial y el profesionalismo de los peritos en derecho (jueces) preparados en un ciclo de peldaños diseñado con lógica de sana meritocracia y capacidades. La elección por voto popular de juzgadores federales, incluidos ministros, politizará a la justicia y dará como resultado sentencias sin rigor técnico, no importará quienes puedan ser capaces de demostrar razones conforme a derecho y las reglas de un procedimiento que ha preservado la independencia.
¿A quiénes veremos aspirar a ser jueces, magistrados y togados? A todo aquel que se preste a un guiñol de simulaciones para quedar bien con el poder político. Los perfiles de muestra son Lenia Batres Guadarrama en la Corte o Celia Maya en la judicatura federal.
La selección de candidaturas está calculada para privilegiar el signo ideológico desde el palomeo presidencial y las mayorías de un Congreso sin balances.
Así morirá el Estado de derecho constitucional y democrático.
Debo decir que hay jueces y magistrados que ya buscan apoyos de la 4T para preparar su campaña con la nueva plataforma. También hay quienes en la Corte y cientos de órganos jurisdiccionales en todo el país ya meditan sobre el fin de su carrera judicial. El planteamiento de la reforma del obradorato no mejorará la calidad de la impartición de justicia, irremediablemente la devaluará. La corrupción, que es cierto nunca se ha ido del todo, ampliará exponencialmente su nociva presencia, los litigantes tendrán que replantear sus estrategias para convertirse en gestores del “influyentismo”, más que en defensores profesionales de sus clientes.
El efecto de incertidumbre económica y financiera que experimentamos es producido por una entendible inquietud que anticipa el escenario que vendrá. ¿Qué seguridad y certeza tendrán los inversionistas, el capital extranjero, los empresarios y en general los particulares ante un Poder Judicial sometido por los intereses del gobierno y los personajes más poderosos del régimen?
Según el plan, en 2025serían electos más de 1633 juzgadores federales en las urnas, más 9 ministros, magistrados electorales y los titulares de los nuevos órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal. El efecto no sólo será interno, las repercusiones reducirán las calificaciones de nuestro país en cuanto a la calidad de su democracia.
El daño será irreparable, a pesar de los mensajes de la virtual presidenta electa que ha tratado sin éxito de generar calma ante la volatilidad del peso y las recurrentes caídas de la bolsa. La saliva y las fotos no serán suficientes, sólo un golpe a estas alturas improbable, para sacudirse la imposición de AMLO que también ningunea con abrazos, palmaditas en la espalda, besos y sonrisas inquietantes.
¿Está en la convicción de Sheinbaum avalar el proyecto de reforma judicial, sin quitarle una coma en la víspera del arranque de su administración? Por lo dicho y lo no dicho es claro que sí.
¿Cómo pedir calma con la guillotina frente a los ministros que dieron la batalla por la defensa de la Constitución? Resulta infundado.
Plantear una consulta amplia para valorar el trámite de la reforma en el nuevo Congreso es meramente demagógico, una salida de bote pronto para satisfacer a su mentor y dar una imagen conciliadora prácticamente irreal.
¿Cómo garantizar Estado de derecho sin independencia de los juzgadores federales y auténtica división de poderes? Es imposible.
Hacia allá vamos.
EDICTOS
A pesar de todo, la influencia nociva de Arturo Zaldívar no ha cesado entre algunos juzgadores federales. Al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México llegó recientemente el magistrado Fernando Cruz Ventura, un incondicional del expresidente de la Corte que incluso fue su secretario de estudio y cuenta, también vinculado al tristemente célebre Carlos Alpízar. Se dice que ahora Cruz Ventura incide en las decisiones de su compañera de tribunal, Mónica Cacho Maldonado, que aparentemente ha dado extraños virajes en sus decisiones jurisdiccionales sobre temas considerados cosa juzgada en ese colegiado. En el contexto de la investigación que se realiza en la judicatura por instrucciones de la ministra Norma Piña ha llamado la atención ese personaje y sus intencionalidades en el manoseo de resoluciones. Ojalá la magistrada Cacho sacuda pronto esa cuestionable y mal intencionada persuasión.
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