Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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Un México sin Tribunal Constitucional
El populista e ignorante del derecho ha dado cátedra para aniquilar a la impartición de justicia que odia desde su época de opositor.
El populista e ignorante del derecho ha dado cátedra para aniquilar a la impartición de justicia que odia desde su época de opositor.
Un reto al que se ha enfrentado el Poder Judicial de la Federación en las últimas 3 décadas es plantear sistemáticamente una comunicación eficaz hacia la sociedad para destacar la importancia de su función en el equilibrio. ¿Cómo impacta el trabajo de los jueces en la vida cotidiana de un ciudadano? ¿Por qué es trascendente una sentencia para una madre de familia que defiende la pensión alimenticia de su hijo? ¿Son necesarios los juzgadores autónomos y profesionales en una democracia? ¿La impartición de justicia es simplemente un tema abstracto difícil de asimilar por la mayoría o realmente impacta en la vida de las personas? ¿La imagen de los jueces es lejana a los intereses primarios de los ciudadanos? ¿Es prescindible una Suprema Corte que fije límites al poder y el abuso de las autoridades?
Estas preguntas y sus respuestas no hacen sentido a la mayoría de la población en México, un dramático 70% desconoce un tema tan básico como la existencia de 3 poderes de la unión. De ahí parte el origen del problema sin resolver, que ha facilitado al Ejecutivo emprender la destrucción del Judicial.
En la reciente elección, a casi 36 millones de votantes no les importó la aniquilación de la impartición de justicia autónoma o la desaparición de una Corte que garantiza la división de poderes. ¿En qué momento la carencia de juzgadores profesionales e imparciales será trascendente a quienes no les interesa saber de monsergas técnicas y abstractas como la intangible justicia? Justo cuando enfrenten una situación en la que se vean indefensos ante una arbitrariedad, algún acto que les afecte en sus derechos o su vida cotidiana y ahí cabemos todos.
A la gran mayoría le tiene sin cuidado cuánto gana un ministro, si eso es más de lo que gana o no el presidente y sus colaboradores, cuál es la naturaleza de su trabajo y porque son importantes en una democracia constitucional. Las calumnias de Andrés Manuel López Obrador repetidas todos los días desde Palacio Nacional hacia ministros, magistrados y jueces han surtido el efecto calculado.
El populista e ignorante del derecho ha dado cátedra para aniquilar a la impartición de justicia que odia desde su época de opositor y aspirante a la presidencia. El tabasqueño ha sido consistente y congruente en su afán de venganza hacia la Suprema Corte, que nadie se sorprenda ahora del resultado o sus efectos nocivos.
Un ex ministro de principios desechables que presidió la Corte, de repente no se halló en esa institución porque el poder se le terminó y cuando intentó prolongarlo le falló la estrategia. Con el síndrome de “la Chimoltrufia” Arturo Zaldívar que en algún momento criticó la intromisión del Ejecutivo en las resoluciones del Máximo Tribunal y manifestó su desacuerdo con la elección por voto popular de juzgadores federales, ahora desacreditado, investigado y en búsqueda de empoderamiento político ha traicionado lo que juró defender al recibir la toga. ¿Será premiado por sus méritos en campaña o se le hará pagar su deslealtad? Su cabeza puede ser factor de negociación para descafeinar la reforma judicial y evitar que ciudadanos vayan a las urnas para elegir a más de mil 600 juzgadores federales que potencialmente podrían ser destituidos en los próximos meses. El tema está en el enrarecido ambiente judicial, es una posibilidad que cobra veracidad de acuerdo a los recientes acontecimientos y la desaparición de la narrativa sobre la inédita investigación que podría derivar en su inhabilitación. Casualmente ya nadie habla de eso y los tiempos de resolución del caso en la Corte.
Es un hecho a consumarse en septiembre; ministros, consejeros de una distinta judicatura y magistrados electorales serán electos en las urnas en 2025. Ahí no habrá negociación dentro del proyecto de reforma que se aprobará con la nueva legislatura de hegemonía morenista.
La vapuleada e indiferente oposición ha dejado solo al Poder Judicial en sus meses finales, ninguna voz hegemónica desde el empresariado ha visibilizado la gravedad del golpe que viene. Normalizando la inminente exterminación del Tribunal Constitucional capaz de revertir el autoritarismo de un Ejecutivo todopoderoso y un Legislativo obediente, transcurren los días previos a la entrega de constancia de presidenta electa para Claudia Sheinbaum. Quienes hoy aplauden la extinción de la impartición de justicia autónoma y embisten contra la presidenta de la Suprema Corte podrían ser las potenciales víctimas de un futuro sin jueces profesionales.
En la agenda de la reforma judicial del obradorato poco se habla del tema más grave que será el control absoluto del Tribunal Electoral en los procesos por venir. Nadie podrá hacer nada contra lo que se les ocurra a los abanderados del totalitarismo, el régimen tendrá controles absolutos sin ningún obstáculo o consideración jurídica que mitigue el abuso. Veremos magistrados electorales que abiertamente deberán el favor de haber sido candidateados y respaldados para ganar elecciones, como si la capacidad de un juez de esa naturaleza fuera cuestión de popularidad, anulando así la imparcialidad que les debería imponer tan elevada responsabilidad.
Paradójicamente, tras una elección donde la mayoría se expresó, la democracia está contra la pared y el agravio se normaliza con indiferencia y pasividad.
La descolorida marea rosa que movilizó a miles de ciudadanos en las principales plazas del país tendría que estar diseñando una estrategia de reclamo pacífico para defender al Poder Judicial, los líderes de la alianza opositora que abanderó a Xóchitl Gálvez tendrían que ser incisivos en la denuncia del golpe que viene, en vez de eso se acomodan en sus “huesos” legislativos con gran miseria humana.
Las amenazas de persecuciones futuras se ciernen sobre los ministros que han sido más consistentes en sus votos y resoluciones contra el Ejecutivo con razones de derecho, apegados a una Constitución que todavía les reconoce facultades para anular leyes abusivas y les otorga la investidura para dirimir controversias entre poderes y distintos niveles de gobierno.
¿Hay conciencia sobre lo que pasará cuando México se quede sin Tribunal Constitucional? La realidad de una resignación ominosa nos indica que no.
Lo que viene cambiará el paradigma sobre la enseñanza jurídica en escuelas y facultades. El derecho todavía vigente será parte de las materias de historia a partir de la consolidación del plan cuatroteísta para volver al presidencialismo de la dictadura perfecta como lo describió Mario Vargas Llosa. Esa declaración que tanto indignó a los priistas que se decían puros y que ahora negocian sus lealtades al nuevo partido de Estado con el ADN tricolor de la traición vuelve a ser vigente. Lo verdaderamente prescindible en nuestra nación es la clase política caníbal que con desfachatez se preserva a sí misma.
Con los anuncios de los integrantes del gabinete que asumirá en octubre, muchos conocidos personajes que defendieron otras banderas en el pasado reciente, analizan sus saltos a otras posiciones. Las devociones tienen precio para los especialistas en trepar, sus principios son desechables, lo de moda es garantizar un sitio en la nómina para no vivir en el error de la congruencia que les estorba.
Parece que ya es demasiado tarde para comunicarle a los ciudadanos cómo y en qué los jueces inciden en sus vidas diarias. ¿Si usted fuera empresario invertiría en México ante el riesgo de enfrentar un litigio en el que habrá un juez a modo para defender los intereses del gobierno o del mejor postor para subastar una sentencia?
La ciudadanía está extraviada en su diagnóstico de riesgos. Pocos, muy pocos advierten el daño irreparable que se avecina. El Poder Judicial habrá sido avasallado sin haber tenido la capacidad histórica de aterrizar los temas de la justicia a la comprensión y empatía de las mayorías.
EDICTOS
Estoy en condiciones de adelantarles que, tras diversos hallazgos en la investigación que se realiza en el Consejo de la Judicatura Federal, hay elementos contundentes que confirman presuntas irregularidades en la dirección del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Independientemente del curso que tome la reforma judicial, Edgar Manuel Bonilla del Ángel será cesado de ese órgano auxiliar en el que se tiene mapeado un patrón de irregularidades para favorecer despachos en procesos concursales y de quiebras amañadas. Se ha logrado detectar con claridad el modo de operar de los litigantes consentidos del titular del IFECOM y los beneficios que éste habría obtenido a cambio de su “colaboración”. La ministra Norma Piña llegará en este caso y en otros hasta las últimas consecuencias antes de septiembre.
Dato para el morbo, ¿saben quiénes integrarán la comisión de receso de la Corte durante el receso de la segunda quincena de julio? Loretta Ortiz y Lenia Batres.
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