En México, como en otras regiones de América Latina y el Caribe, la violencia parece tener rostro de mujer. Según registros de la CEPAL, al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día en la región; cifra que la desvela como una problemática estructural, social y cultural, que ha perpetuado la desigualdad y discriminación por razones de género y por lo que millones de mujeres se han movilizado denunciándola como una emergencia.
Gracias a esta presión, algunos sectores sociales y gobiernos han buscado formas de combatir la violencia, por ejemplo, promoviendo campañas de prevención que generen cambios en las ideas y prácticas de las nuevas generaciones. Y es que la misoginia y el machismo ha normalizado comportamientos y actitudes violentas contra las mujeres, tan arraigados en estereotipos de género, discursos discriminatorios y la legitimación de un sistema androcéntrico, que las sujeta a un rol de subordinación frente a la figura de los hombres y/o la masculinidad.
Frente a la necesidad de cambios de actitudes violentas y machistas un primer elemento de utilidad para combatirlo, es el fomento de la cultura de la legalidad, una estrategia para promover espacios de no violencia, la convivencia basada en el respeto y el cumplimiento de las normas y las leyes; además de promocionar los derechos humanos, la dignidad humana y establecer un compromiso colectivo que puede ser la clave en la respuesta para erradicar la violencia hacia las mujeres.
La cultura de la legalidad existe cuando la mayoría de las personas sigue las reglas y normas que son justas, es decir que son acordes con el Estado democrático de derecho. Al conocer, difundir y defender los derechos de las mujeres, fomentamos la cultura de la legalidad.
Otro elemento de importancia para avanzar hacia la erradicación de la violencia de género es comenzar a concebir nuestras comunidades como una red de soporte, acompañamiento y acción para crear espacios seguros, rutas libres de violencia, relaciones de confianza y apoyo colectivo. Para hablar de prevención de violencia de género, se requiere partir de un análisis contextual desde un enfoque comunitario, en el que identifiquemos los elementos socioculturales con raíces misóginas y patriarcales utilizadas para violentar estructural y sistemática a las mujeres; de igual manera, en comunidad, podemos identificar los factores de riesgo que han logrado que esta violencia sea perpetuada a lo largo de la historia (como la pobreza, la falta de acceso a la salud y la normalización del machismo). Cuando las y los integrantes de una comunidad logran tener un enfoque integral de estas condiciones contextuales pueden trazarse rutas efectivas para afrontar este tipo violencia.
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El empoderamiento comunitario es clave para efectuar medidas de prevención y las redes comunitarias se vuelven un factor de protección capaz de disminuir pronunciadamente la violencia y la inseguridad, a través de una convivencia pacífica, la creación de grupos de apoyo, la colaboración, el diálogo y el establecimiento de acuerdos.
En cada uno de estos ejes de acción se vuelve indispensable promover la equidad de género, la no violencia, los derechos humanos y la importancia de vivir en el marco del respeto y exigencia de cumplimiento de las normas y las leyes que efectivamente deben proteger a las mujeres y nuestras comunidades. Además, las dinámicas de vinculación comunitaria como la participación ciudadana de forma inclusiva, el uso de espacios públicos y las actividades de convivencia, generan lazos de solidaridad, formas de cuidado colectivo, refuerzan la confianza y fortalecen la identidad colectiva, esa identidad en donde las mujeres tejen su día a día.
En este planteamiento, la cultura de la legalidad actúa como una estrategia de prevención que, partiendo de un marco normativo que promueve el respeto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, busca establecer dinámicas de vinculación comunitaria donde se instauran normas claras y sanciones frente a la violencia contra las mujeres; además, el actuar conforme a lo legal, no solo invita a la ciudadanía a fomentar una cultura de denuncia, sino que, también implica un mayor compromiso de las instituciones gubernamentales y fomenta la colaboración entre ciudadanía y autoridades para realizar procesos efectivos que garanticen la prevención de la violencia machista, el acceso a la justicia a mujeres víctimas, la reparación y la no revictimización.
Así, la cultura de la legalidad y las redes comunitarias resultan positivas en la tarea de prevenir y atender la violencia de género, para avanzar hacia un modelo de participación, exigibilidad y corresponsabilidad con un Estado que tiene una deuda histórica con las mujeres y las víctimas de la violencia.