Doctora en Comunicación y Pensamiento Estratégico. Dirige su empresa BrainGame Central. Consultoría en comunicación y mercadotecnia digital, especializada en tecnología y telecomunicaciones. Miembro del International Women’s Forum.
De la promesa a la realidad: el rol del Gobierno en las telecomunicaciones mexicanas
La adquisición estatal de redes al 10% de su valor podría reducir la competencia, afectar la innovación en el mercado de telecomunicaciones y generar riesgos fiscales en México.
La adquisición estatal de redes al 10% de su valor podría reducir la competencia, afectar la innovación en el mercado de telecomunicaciones y generar riesgos fiscales en México.
Recientemente se dio a conocer que la CFE está negociando comprar la deuda de Altán Redes al 10% de su valor. Esta adquisición podría ser vista como una estrategia para consolidar aún más el control estatal sobre la infraestructura de telecomunicaciones. Si bien esto podría facilitar la expansión de Internet en áreas rurales, también plantea preocupaciones sobre el uso eficiente de los recursos públicos y el impacto en la competencia del mercado, como ya lo mencioné en una columna anterior.
La estrategia del gobierno reduce la competencia en un mercado donde América Móvil como agente preponderante ya tenía el 70% de la misma. Ahora, ya no se trataría de un jugador económico, sino de un agente gubernamental, lo que seguiría generando un ambiente anticompetitivo para el ingreso de nuevas empresas y desincentivando a las actuales de seguir invirtiendo en el país. Con la competencia eliminada como motor del mercado, la innovación disminuirá de manera natural, lo que afectará la calidad, cantidad y avances de los servicios. Sin presión competitiva, el monopolio a cargo no tendría —ni tendría por qué— invertir en mejorar la calidad y reducir costos.
Históricamente, las empresas estatales han sido criticadas por su ineficiencia, especialmente debido a la burocracia y la falta de incentivos para mejorar el rendimiento y la eficiencia operativa. En este sexenio, la gestión gubernamental se ha caracterizado por el incumplimiento de promesas de mejora de los servicios hacia la población, como el contar con un aeropuerto de clase mundial en la Ciudad de México, la operación de la refinería Dos Bocas (en épocas de crecimiento de la electromovilidad) que dice que arranca, pero no lo logra, la pacificación del país, la gestión del huachicol, y la baja en los precios de la gasolina, por mencionar algunas y dejar corta la larga lista.
La operación y comercialización de servicios de telecomunicaciones requieren inversiones en infraestructura, mantenimiento y expansión de la red. Si estos costos no se abordan adecuadamente, se convertirán en una amenaza fiscal, y el presupuesto del estado no podrá contenerlo en consecuencia. Así mismo, el estado no generará los ingresos suficientes para cubrir los costos operativos; por lo tanto, causará déficits en los presupuestos que necesitarán ser cubiertos, repercutiendo en una mayor carga impositiva para el consumidor que será el afectado, ya que el estado se verá en la disyuntiva de subsidiar para sostener los precios y la infraestructura, o aumentar precios como la gasolina y la electricidad.
Desaparición de los órganos autónomos
Para evitar este obstáculo o superar el conflicto de intereses, el gobierno busca deshacerse de la regulación de un tercero. La razón por la que el gobierno busca desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es precisamente porque no quiere que le obstaculicen mediante regulaciones la operación monopólica de las telecomunicaciones del país, y sacrifica la transparencia y la rendición de cuentas para empujar hacia su estrategia anticompetitiva.
Desafortunadamente, cada vez más voces dentro de los medios están siendo silenciadas para evitar que estas salvaguardas, así como otras, se implementen. La entrega del control a CFE e Internet para Todos por parte del gobierno de Morena, juntamente con la reestructuración de la deuda de Altán Redes, supone riesgos importantes para el estado de competencia y la equidad en la regulación del mercado de telecomunicaciones.
Es necesario mantener una vigilancia constante para garantizar que el consumidor y la transparencia prevalezcan por encima de los estímulos a corto plazo. Sólo así, la promesa de proporcionar acceso a Internet para todos se puede convertir en una realidad sostenible y equitativa a largo plazo para todos los mexicanos.
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