Hoy en día, México vive un momento de muchos cambios en materia de transparencia, acceso a la información y apertura de los datos. La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y la absorción de sus funciones por distintas dependencias de la Administración Pública Federal, así como la promulgación de una nueva Ley General de Acceso a la Información, generan incertidumbre sobre qué permanece, qué cambia y cuál es el impacto de estas modificaciones.
En materia de datos abiertos, uno de los cambios más importantes es que ahora son una atribución de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Pero, ¿qué son y por qué deberían importarnos? En términos simples, los datos abiertos son producidos generalmente por los gobiernos y deben ser presentados en un formato que le permita a cualquier persona utilizarlos y compartirlos sin restricciones. Los fines de su uso son variados, desde sociales hasta económicos. Por ejemplo, si los resultados de una encuesta sólo están disponibles en formato PDF podemos decir que son datos públicos, pero no abiertos, pues el usuario no puede manipularlos o cruzar información para sacarles el mayor provecho.
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Los datos abiertos son importantes por los innumerables beneficios que generan. Desde el lado más social, promueven la participación ciudadana y la rendición de cuentas de nuestros gobiernos. Por ejemplo, si no tuviéramos información de presupuesto en datos abiertos no podríamos saber con detalle en qué se ejercen los recursos públicos, lo que impediría a las organizaciones sociales pugnar por que no sean desatendidas áreas sensibles como la salud o la educación. Asimismo, gracias a los datos abiertos sobre contrataciones se han podido detectar casos de conflicto de interés al cruzar la información de los servidores públicos que otorgan los contratos con los contratistas del gobierno.
Pero los datos abiertos también sirven al propio gobierno para encontrar soluciones basadas en evidencia, fomentando así mejores resultados. Los mapas delictivos, por ejemplo, permiten conocer las zonas con mayor criminalidad, el tipo de delito que se comete más, el perfil de las víctimas, entre otras cosas. Esta información permite a nuestros gobiernos focalizar sus acciones en las zonas y horarios de mayor conflicto, o diseñar estrategias de prevención del delito más efectivas.
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Finalmente, los datos abiertos sirven, incluso, a las unidades económicas. México es el segundo país y economía más grande de América Latina. Asimismo, somos el segundo mercado de internet más grande de la región, después de Brasil, con más de 100 millones de usuarios de internet. La cantidad de datos que se generan en internet son sumamente útiles para las empresas, pues con ellos pueden identificar usuarios potenciales o patrones de consumo, por ejemplo.
Entonces, queda claro que los datos abiertos son importantes en muchos sentidos. Es por ello que, desde hace varios años, ha sido una agenda impulsada por el extinto INAI y del interés de otros actores, tanto nacionales como internacionales. Hemos dado algunos pasos adelante, pero también otros hacia atrás, como el estancamiento de los trabajos de la Alianza por el Gobierno Abierto ante la salida de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, ante la falta de seguimiento de los acuerdos.
Con los cambios legislativos e institucionales por los que atravesamos, como sociedad civil tenemos la obligación de ser un actor vigilante que asegure que la apertura de los datos no se frene, sino que camine hacia un modelo de gobierno más abierto, transparente, y útil para las personas. Este compromiso debe reflejarse no sólo a nivel federal, sino en los tres órdenes de gobierno y poderes del Estado. Solo así estaremos en posibilidades de promover cambios en las políticas e impulsar la rendición de cuentas de los gobiernos, lo cual redituará en mayor bienestar para la sociedad mexicana.
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