La carta de renuncia de Norma Piña

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

La carta de renuncia de Norma Piña
Norma Lucía Piña Hernández. Foto: SCJN

Este texto es un ejercicio ficticio sobre la hipotética carta de renuncia de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Tiene como único fin ayudar al lector a comprender mejor los términos en los que se da la reforma al Poder Judicial:

Norma Lucía Piña Hernández.

Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Estimados colegas y ciudadanos:

Derivado de una carga de responsabilidad que no puedo eludir, me veo obligada a presentar mi renuncia anticipada al cargo de presidenta del Poder Judicial. Esta decisión no ha sido fácil, pero es mi deber moral y constitucional frente a las circunstancias actuales.

Como fue de carácter público, la semana pasada durante el arranque de los Foros sobre la reforma judicial que organizó el Congreso de la Unión me fue imposible explicar por qué la votación arrolladora de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum no significa ni tiene implícito que una mayoría pueda atentar contra el orden constitucional.

Es decir, si bien es cierto que los votos son un elemento clave para la conformación de la legitimidad de cualquier gobierno, no son el único… y admito que no pude transmitir este principio fundamental a los legisladores, colegas y a los ciudadanos que nos observaban por el Canal del Congreso.

Aunque no lo expresé, tengo claro que en un Estado moderno que vive bajo un régimen democrático, la legitimidad de su gobierno se finca, además del mandato en las urnas, también en la rendición de cuentas y la transparencia; el respeto irreductible de los derechos humanos y el estado de derecho; así como en la garantía de la pluralidad sin coerción o sometimiento. La ausencia de tan sólo uno de estos ingredientes impide la configuración de la legitimidad.

Como ya lo he dicho en otras ocasiones: no soy política, aspecto que fue posible corroborar con tropiezos inexcusables que poco a poco fueron minando la imagen de la Institución que hasta hoy encabezo. Desde las presiones a legisladores y magistrados del tribunal electoral por mensajes de WhatsApp hasta las descuidadas reuniones con sólo un ala ideológica de actores políticos. No cumplí con las exigencias de la investidura justo cuando el país necesitaba un Poder Judicial impoluto que echara mano de todas las estrategias posibles para sobreponerse al uso violento del poder.

A pesar de que nunca me sentí sola –como se lo dije a El País– siempre permanecí aislada. En vez de construir puentes, alianzas y dinámicas que favorecieran la reputación de los Jueces, Magistrados y Ministros –principalmente ante la sociedad– me recluí en mi oficina y me limité a ser una simple espectadora de cómo la propaganda gubernamental nos ubicaba, día con día, como el enemigo Nº1 de la sociedad mexicana. Junto a mis timoratos asesores fallé en la defensa de quienes integramos al Poder Judicial.

Cuando por fin comprendí que de lo que se trata es de eliminar al Poder Judicial como contrapeso para, entre otras cosas, consolidar –más adelante– una Guardia Nacional de carácter militar, un Tren Maya ecocida, ocultar los gastos de la refinería de Dos Bocas, e impedir la investigación y judicialización de los cientos de casos de corrupción de los cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluidos sus hijos mayores; fue demasiado tarde. Tan tarde que apenas estamos por lanzar una campaña sobre nuestras sentencias con el hashtag #100Sentencias.

En vez de admitir que sí existen privilegios y corrupción en el Poder Judicial –aunque fueran mínimos– como un acto estratégico para deshabilitar y zanjar el ariete con el que todos los días éramos golpeados; lo dejé pasar y no emprendí ni una sola acción en contra de esos males que afectan a cualquier ámbito público –incluso privado– y que es necesario ir achicándolos.

No hay vuelta atrás. Tal vez, más adelante, reflexione sobre cómo en vez de asistir al Congreso a negociar los términos de la rendición anticipada de un Poder constitucional, hubiese sido mejor para el país, una defensa estratégica, proactiva e informada. De poco sirve acordar las condiciones bajo las cuales el destino final es el patíbulo. Ante esta dolorosa realidad, asumo la responsabilidad por no haber sido lo suficientemente firme y decidida en la defensa de los valores que prometí proteger.

Mi renuncia es un acto de humildad y responsabilidad frente a la historia y a todos aquellos que confiaron en mi capacidad para preservar nuestros principios fundamentales. Es mi ferviente deseo que mi renuncia sirva como un llamado de alerta y un recordatorio de la importancia de preservar la independencia judicial como piedra angular de nuestra democracia.

Hasta pronto.

Apunte:

En donde sí están haciendo su trabajo, es en la firma global Hogan Lovells. Apenas la semana pasada llevaron a cabo el evento Jornadas de Arbitraje, en el que sus socios-directores de talla internacional provenientes de ciudades como Londres, Nueva York, Múnich, Edimburgo, Quito y Washington, participaron en distintos paneles en los que se habló de la protección y blindaje de inversionistas extranjeros en nuestro país. Sin duda alguna, un tema que cobra gran interés en medio de una coyuntura tan especial.

Síguenos en

Google News
Flipboard