El pasado 31 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforma en el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas”.
Luego de prácticamente 10 años de contar con el modelo creado en el sexenio del presidente Peña Nieto y de una reversión paulatina del mismo ejecutada durante la administración del presidente López Obrador, la publicación del decreto mencionado líneas arriba implica la consolidación del modelo impulsado en dicho sexenio y la sepultura definitiva de aquel surgido por el denominado “Pacto por México” de 2012.
Es bien sabido que derivado de la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión de la que pudimos ser testigos entre los años 2018 y 2024, el presidente López Obrador encontró imposible anclar a rango constitucional los cambios que se propuso realizar y, debido a ello, solo pudo llevarlos a cabo en la legislación secundaria, lo que provocó que las contradicciones entre esta última y el texto constitucional produjeran una buena cantidad de controversias en los tribunales y que, finalmente, la implementación de dichas reformas encontrara muchos obstáculos.
La realidad de la administración que está iniciando con la presidenta Sheinbaum Pardo es distinta, pues la correlación de fuerzas ha cambiado y hoy es relativamente sencillo que el partido en el gobierno y sus aliados realicen cambios constitucionales como el comentado, teniendo además que con otras reformas como la denominada “en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal” publicada el mismo día, el ecosistema que se está construyendo haga prácticamente imposible impugnar todo aquello que se decida elevar a rango constitucional y que las transformaciones en cualquier rubro (incluido el del sector energético), encuentren muy pocos obstáculos en los años por venir.
Así, entre los aspectos que se están modificando es que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad dejen de ser consideradas “empresas productivas del Estado” para ahora convertirse en “empresas públicas del Estado”, resultando este cambio en su naturaleza jurídica en, por lo pronto, acentuar el hecho de “evitar el lucro”, lo cual modifica radicalmente la generación de “valor económico y rentabilidad” que hasta hace unos días ambas empresas buscaban de acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Petróleos Mexicanos y con el artículo 4º de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad aún vigentes.
Asimismo, la participación que por ejemplo en la industria eléctrica podrá tener la iniciativa privada sufrirá mayores restricciones, pues en la reforma se señala claramente que “las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
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De esta manera y a reserva de en los próximos meses conocer en qué consistirán los cambios que se realicen a la legislación secundaria, se puede prever que la preponderancia que se dará a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad derivará en un ambiente complejo para la inversión privada y en una nueva oportunidad para que estas empresas públicas del Estado resurjan vuelvan a ser lo que un día fueron, lo cual luce francamente complicado debido a sus problemas estructurales cuyo impacto en su eficiencia y competitividad es muy claro.
El reto para la actual administración será sin duda lograr encontrar una fórmula lo suficientemente atractiva para que, de manera paralela a seguir apoyando a las empresas públicas del Estado (como ya se ha dejado claro en la recién dada a conocer “Estrategia Nacional del Sector Eléctrico) se generen las condiciones propicias para que la inversión privada detone, mucho más en tiempos en los que la transición energética debe comenzar luego de los muchos años en que ha sido postergada.