Las reformas administrativas de la administración Sheinbaum

Jueves 2 de octubre de 2025

Marco Antonio Zeind Chávez
Marco Antonio Zeind Chávez

Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

X: @antoniozeind

Las reformas administrativas de la administración Sheinbaum

Como puede verse, además de proponer cambios a su propia estructura, estamos ante un nuevo momento en que desde este órgano del poder público se propone reformar de manera sustancial a otro y eliminar otros en beneficio del engrosamiento del ámbito competencial del primero.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

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Gabriel Monroy/Presidencia

El día de ayer se cumplió un año del comienzo del periodo presidencial de la presidenta Sheinbaum. Abundan diversos análisis sobre todo desde una perspectiva política respecto del legado que ha estado construyendo y de su estilo personal de gobernar.

Si bien las reflexiones desde esos ángulos son relevantes, estimo necesario realizar una sobre las más importantes reformas administrativas que la presidenta ha impulsado y que puedo adelantar, han transformado profundamente el panorama de la estructura institucional del Estado mexicano.

Sin un estricto orden cronológico y más bien en relación con la profundidad del cambio que conlleva, se deben destacar:

  • La reforma a los poderes judiciales de todo el país gracias a la cual estos 32 órganos de las entidades federativas y el del orden federal están experimentando el cambio más profundo en la época moderna (y quizás en su historia). Aunado a la forma de acceder a los cargos cuya labor sustantiva es de tipo jurisdiccional, la administración interna de los 33 poderes judiciales está experimentando un giro radical con la creación de los tribunales de disciplina judicial y de los órganos de administración judicial.
  • La reforma de simplificación orgánica a través de la cual se eliminaron diversos organismos constitucionales autónomos, los órganos reguladores coordinados en materia energética y distintos organismos públicos descentralizados ha traído como consecuencia la necesidad de replantear las normas, instituciones y procedimientos indispensables para garantizar los derechos humanos que en su momento buscaban garantizar aquellas instituciones. Ahora todas esas funciones serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal y por los poderes ejecutivos de las entidades federativas en los casos respectivos.
  • La reforma energética que, entre otras cosas, convirtió a las entonces empresas productivas del Estado en empresas públicas del Estado. Mas allá que un cambio de denominación, a partir de ese momento Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad quedaron adscritas a la Administración Pública Federal paraestatal y su estructura orgánica respondería a lógicas menos cercanas a la que normalmente tienen las empresas que buscan además de prestar servicios públicos con calidad, generar utilidades que en este caso alimentarían el presupuesto público.
  • La reforma a la estructura de la Administración Pública Federal que desembocó en un crecimiento del número de secretarías de despacho y equivalentes, así como en el cambio de denominación de algunas de ellas. Derivado de ello el número de dependencias se incrementó al sumarse la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Desde luego, las anteriores no son todas las reformas promovidas desde el Poder Ejecutivo Federal pero sí son algunas de las más importantes. Como puede verse, además de proponer cambios a su propia estructura, estamos ante un nuevo momento en que desde este órgano del poder público se propone reformar de manera sustancial a otro y eliminar otros en beneficio del engrosamiento del ámbito competencial del primero.

Así, a reserva de llevar a cabo un estudio pormenorizado de todos estos cambios, puede afirmarse que la centralización que se ha estado gestando ha estado produciendo a su vez la Presidencia de la República, las gubernaturas y la jefatura de gobierno en las entidades federativas, más poderosas desde hace al menos 50 años.

Una gran responsabilidad.

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