Estado y covid
Enfermeras del Hospital General de la SSA esperan para recibir la vacuna contra el covid en la ciudad de Saltillo. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

La vacuna ha generado la esperanza en millones de personas en el mundo de que pronto se podrá recuperar la normalidad, si es que algo así es posible. La magnitud del esfuerzo logístico y los obstáculos naturales en la producción y distribución de la vacuna costarán tiempo y dinero. Es altamente probable que se abra una nueva brecha entre las sociedades desarrolladas y el resto: países con mejor solvencia económica y una institucionalidad fuerte lograrán mejores condiciones de inmunización en comparación con otros que no se prepararon correctamente, o bien, ahí donde el Estado carece de las posibilidades mínimas de una intervención eficaz. La vacuna mostrará otra faceta de la desigualdad: la injusta distribución del riesgo.

Pongamos en el ejemplo de nuestro país. El acceso a la vacuna no está garantizado, por una mala planeación del gobierno y por esa extraña decisión de monopolizar su adquisición y aplicación. La estrategia de vacunación simplemente no tiene forma.

El Consejo de Salubridad General, la instancia máxima de decisión frente a epidemias como la del covid-19, presidido por el propio presidente de la República y con amplias atribuciones para organizar un despliegue nacional -presupuestal y operativo-, no ha sido convocado para determinar las acciones de salud que se deben implementar para garantizar el acceso universal y equitativo de la vacuna.

El Consejo Nacional de Vacunación, el órgano de coordinación entre los sectores público, social y privado para la prevención y control de las enfermedades que se pueden evitar mediante la administración de la vacuna, ha sido desplazado por la red de “siervos de la nación”. Los sistemas locales de salud en evidente infrautilización, porque el gobierno federal no quiere compartir el crédito político de la vacuna. Estas instituciones tienen una razón de ser: son los instrumentos técnicos que el derecho ha tomado de la experiencia humana. Es capacidad instalada que debe ponerse al servicio del fin socialmente útil de contener la pandemia. Los recursos con los que cuenta el Estado para preservar la vida.

Además de este desperdicio institucional, no se entiende la resistencia del gobierno federal de no estimular la economía, a través de un plan integral de estímulos y apoyos al empleo, el consumo y a la subsistencia del aparato productivo.

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Después de la crisis financiera del 2008, el mundo aprendió que la austeridad mal entendida trae consigo daños mayores. Cuando se impuso este paradigma como medicina para la recuperación económica, lo que sucedió en realidad es que se contrajo la presencia del Estado en las necesidades básicas de las personas y en la prestación de servicios públicos. La desigualdad se recrudeció y se desgarró el tejido social. En la precariedad de la existencia se encendió la chispa de la polarización y el desprestigio de la democracia capitalista. Justo cuando más se justificaba la intervención del Estado para paliar los saldos sociales de la crisis económica, el racional ortodoxo de la disciplina financiera y de los rescates selectivos a las grandes empresas se impuso para empequeñecerlo hasta los huesos.

El covid-19, la pandemia global que inaugura políticamente el siglo XXI, devolvió al Estado -al gobierno y las administraciones- el protagonismo que la globalización le había arrebatado. Regresaron las fronteras, los estados de confinamiento, el ejercicio de la soberanía. Los sistemas de salud nacionales, no las empresas trasnacionales o los mercados internacionales, se hicieron cargo de los contagios y los enfermos. Los gobiernos nacionales lograrán o no la inmunización, salvarán o no a sus respectivas economías. Y lo que no se haga desde ahí, no caerá del cielo.

El primer presidente nominalmente de izquierda de la democracia mexicana es el presidente más renuente para utilizar los resortes del Estado para impedir que la crisis sanitaria sea solo el preludio de una crisis económica y social mayor. El vecindario nos sugiere que las ayudas no inhiben el empleo, que el déficit público no necesariamente presiona las tasas de interés y la inflación, que una acción decisiva en el consumo reduce la probabilidad de que desaparezca la planta productiva. Nada mal le caería al país que el Andrés Manuel López Obrador estatista convenza a su alter ego neoliberal de que la economía necesita ingresar ya a terapia intensiva.