El pasado 11 de febrero, en las instalaciones del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuvo lugar el conversatorio “El derecho humano a la ciencia: mujeres y niñas en las ciencias”, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En el evento coincidieron la Dra. Elia Martha Pérez Armendariz, académica de la Facultad de Medicina y presidenta del grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, la Dra. Margarita Rosado Solís del Instituto de Astronomía y la Dra. Beatriz Arias Álvarez del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, así como la Dra. Ana María Cetto, científica mexicana de referencia en el mundo por su congruencia ética, rigor intelectual y calidad humana. Realmente fue todo un honor haber sido considerado para participar en la mesa.
Además de análisis puntuales, las académicas e investigadoras presentaron una serie de propuestas recogidas por las autoridades del Cenadeh y que darán pie a una serie de encuentros sobre el derecho humano a la ciencia, con especial referencia a la situación de las mujeres en la ciencia.
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En mi caso, durante mi intervención retomé el artículo publicado hace un par de semanas en La-Lista que intitulé “A propósito del temido regreso de la ‘ciencia neoliberal’”. Para mayores detalles por supuesto remito a su lectura en línea. Mi intención al citarlo no fue otra que recordar que no podemos bajar la guardia. Me explico. Celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es también una oportunidad para señalar las brechas que dividen las oportunidades, las condiciones laborales y el reconocimiento de las niñas y mujeres en el campo científico profesional, así como para generar propuestas de política pública y regulación que apuntalen la perspectiva de género en el sector, en particular los principios de paridad y equidad, además de acciones afirmativas puntuales, pero que también fortalezcan los derechos básicos de niñas y mujeres en relación con la actividad científica y el acceso al conocimiento.
En este sentido, es inevitable hacer referencia al llamado derecho humano a la ciencia. En específico al desarrollo normativo y conceptual que ha tenido en nuestro país a raíz de la reforma de 2019 a la fracción V del artículo 3º constitucional, así como de la expedición y vigencia desde mayo de 2023 de la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Asimismo, la construcción de políticas de ciencia, tecnología e innovación se encuentra indefectiblemente inmersa en los debates relativos a la defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional y el interés público ante la subordinación imperial de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Por ello las autoridades responsables no pueden prescindir del humanismo, las humanidades y el derecho humano a la ciencia en tanto derecho habilitador de naturaleza colectiva que favorece el acceso universal al conocimiento y el ejercicio de múltiples derechos fundamentales mediante la investigación con incidencia en problemáticas nacionales, la toma informada de decisiones públicas y la generación de tecnologías propias comprometidas con el cuidado del ambiente y la salud de la población.
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De igual manera, se requiere que las políticas sean intersectoriales y diferenciadas al menos por origen étnico, género y región. Al respecto, abonan en particular a dicho propósito la transversalidad de la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo con el que fue redactada la legislación vigente, las múltiples medidas de acción afirmativa incluidas en reglamentos y lineamientos del sector para garantizar equidad, la reconfiguración paritaria de los distintos órganos colegiados de deliberación del Sistema Nacional de HCTI y la constitución por mandato de ley de un grupo de trabajo permanente sobre género y derechos de las mujeres en el marco del órgano consultivo del entones Conahcyt, ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Al momento en que se empieza a hablar de la ciencia en relación con los derechos humanos, es decir, cuando se introduce el discurso de los derechos al mundo de la ciencia, la privatización del conocimiento y su consiguiente mercantilización bajo la forma de “prestación de servicios” o el “pago de licenciamientos”, así como la subordinación del trabajo académico y los procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación a las dinámicas de acumulación de capital, se topan con los límites institucionales y jurídicos que impone el interés público nacional. Asimismo, las comunidades indígenas, campesinas y urbanas encuentran cierta protección frente al desprecio formal y el despojo efectivo de saberes y prácticas tradicionales por parte de autoridades públicas y corporaciones del sector privado. Otro tanto cabe decir sobre la disparidad de lugares en los espacios deliberativos y de toma de decisión en el sector, así como la ausencia de acciones afirmativas a favor de las mujeres, pues son hechos claramente contrarios al derecho humano a la ciencia y su carácter universal, progresivo, indivisible e interdependiente.
Bajo estos supuestos volvamos al asunto del “temido regreso de la ciencia neoliberal”. Como ya se ha precisado, no se trata de verificar si existe o no la “ciencia neoliberal”, sino de reconocer que la expresión se usa al interior de ciertas comunidades lingüísticas con pleno sentido. Por lo que, más bien, se trata de identificar a qué se refieren quienes introducen la expresión en sus circuitos de comunicación y campos de acción intersubjetiva.
En tanto actividad científica, la expresión “ciencia neoliberal” nos remite a las prácticas apegadas a criterios que fomentan el individualismo, la competencia y el lucro, incluso violentando las reglas del propio “mundo de la ciencia”, como las relativas al conflicto de interés. Se trata de la enajenación que padece la actividad científica al quedar sometida a su propia mercantilización y ser considerada como una prestación de servicios comerciales.
Cuando se entiende la ciencia como un tipo de conocimiento específico, la expresión “ciencia neoliberal” designa un conjunto de conocimientos calificados como “científicos” que fueron bajo las pautas del neoliberalismo, particularmente se refiere a aquellos conocimientos orientados a intensificar y hacer más eficiente la extracción de plusvalor o que reditúan en la apología del régimen de acumulación.
El uso mayormente aceptado de la expresión “ciencia neoliberal” es como política pública de ciencia (tecnología e innovación), una política con características distintivas, acordes con el modelo neoliberal de desarrollo, donde la ciencia es una mercancía y en todo caso un servicio que genera ganancias privadas.
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También se ha empleado la expresión “ciencia neoliberal” para designar una ideología que pretende dar cuenta de una comprensión acotada de la ciencia que la comunidad científica se representa como la única forma válida de entender “lo científico”, justificando con ello un determinado orden de cosas y su respectivo régimen de verdad. Cuando la comunidad científica convierte la perspectiva científica estándar en una ideología es que aparece el llamado “cientificismo”.
Pero la expresión “ciencia neoliberal” también se usa para hacer referencia a una compleja red de dispositivos económicos, políticos, culturales y normativos alineados con la reproducción del capital a escala mundial, patente en el control oligárquico y la captura corporativa de las instituciones estatales de educación superior y de ciencia y tecnología, así como en la promoción efectiva de todo tipo de intereses patrimoniales ajenos al conocimiento y el quehacer científico auténticos a costa de los presupuestos públicos e indiferentes a las necesidades populares. A este fenómeno Javier Echeverría le ha llamado “revolución tecnocientífica”.
En términos más amplio, cuando se habla de la “ciencia neoliberal” se designa un proceso integral de subordinación del quehacer científico, así como del conocimiento y sus aplicaciones, a un régimen particular de acumulación de capital según condiciones que se presumen atemporales y promueven la despolitización del discurso científico, así como el “cientificismo” ramplón propio de un gremio masificado y vuelto “capital humano” de las corporaciones vía las universidades. Bajo esta tesitura, la expresión “ciencia neoliberal” nos remite a un proceso histórico que apunta al sometimiento integral de la ciencia y sus aplicaciones a las lógicas de acumulación del mercado mundial capitalista. Podría identificarse esta acepción de “ciencia neoliberal” con las nociones de “sociedad de la información” o “economía del conocimiento”, incluso de cierta manera con el llamado “capitalismo cognitivo”.
Así las cosas, en el marco de gobiernos comprometidos con la reivindicación soberana de principios nacionalistas y de justicia social, desarrollar una política postneoliebral en la materia supone más que nunca defender el derecho humano a la ciencia y la ley que lo garantiza a favor del pueblo de México, de las niñas y las mujeres de nuestro país. Pero también supone liberar el conocimiento, el quehacer de la comunidad y la práctica científica del mercado capitalista y los intereses comerciales e industriales.