Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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Tres canallas
Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes son capaces de cualquier pirueta para favorecer al Ejecutivo y confrontar a la Suprema Corte vulnerando al Poder Judicial de la Federación en esta etapa terminal.
Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes son capaces de cualquier pirueta para favorecer al Ejecutivo y confrontar a la Suprema Corte vulnerando al Poder Judicial de la Federación en esta etapa terminal.
Hace unos días una funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE) tocó a la puerta para buscar a uno de mis hijos que no pudo atenderla porque no se encontraba en casa, la amable mujer dejó aviso para volver en un horario que le permitiera encontrar al posible funcionario de casilla. Ahora se trata de la elección para 9 integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia; 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; 15 magistraturas de Salas Regionales; 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito que se dice darán rostro “popular” al Poder Judicial de la Federación con la reforma impulsada por el obradorato, avalada por una presidenta ciertamente limitada en temas jurídicos.
Al darle la noticia y sin que mediara comentario de contexto previo de mi parte, tuvo una reflexión de bote pronto sobre los acontecimientos que ha atestiguado en los últimos meses y que le permiten decidir informadamente. Papá entiendo que ser funcionario de casilla es una responsabilidad civil, pero en este caso ¿no significa avalar un atropello? Su pregunta fue una respuesta coherente, le dije que sería una oportunidad interesante para ver las entrañas de un engaño. Resultaría una ingenuidad pensar que bajo estos mecanismos tomboleros, producto de una maniobra inconstitucional nuestro sistema de justicia mejorará. La valoración de mi hijo lo llevará a tomar una decisión sobre su participación o no en la elección de junio desde una casilla en la Ciudad de México, la coyuntura me obligó a pensar sobre la posibilidad de votar en ese proceso y creo que sí lo haré pero para externar en la boleta mi rechazo con una leyenda que producirá su nulidad.
La llamada elección judicial será complicada en su logística para los votantes que decidan acudir a las urnas y mostrará pobres niveles de participación, salvo en los casos en que el acarreo natural de un proceso viciado favorecerá a personajes palomeados previamente por quienes los impulsan desde el interés político para controlar al sistema judicial y darle fachada “democrática” a un grave retroceso.
El catálogo de tropelías parece no tener fin para acrecentar la manipulación en torno a la elección de juzgadores federales y funcionarios que impartirán disciplina en la estructura que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal. Desde la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto encabeza un grupo capaz de cualquier pirueta para operar a favor del Ejecutivo y confrontar la autoridad constitucional de la Suprema Corte. Apenas el lunes y acompañada por “los felipes” Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña, se aventaron la puntada de pedir en conferencia de prensa que 4 ministros se excusen de votar la suspensión de la elección del Poder Judicial, según ellos porque han expresado sus opiniones sobre el tema en diversos medios de comunicación.
El pleno de la Corte discutirá este jueves el proyecto de resolución presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el que plantea que el Tribunal Electoral carece de facultades para invalidar una suspensión en materia de amparo emitida contra la llamada reforma judicial. Para tratar de justificar su petición absurda, los 3 magistrados electorales (que se mantendrán en el cargo como parte del agradecimiento por los servicios prestados al régimen) establecieron que Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el propio ponente del caso han mostrado parcialidad respecto a las decisiones de esa Sala Superior. Desde su tendenciosa perspectiva los 4 togados han quedado en causa de impedimento.
Soto, De la Mata y Fuentes muestran amnesia selectiva con su desfachatez. Para ellos no son tema las decenas de entrevistas otorgadas por Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel o Lenia Batres en las que hacen apología sobre las supuestas bondades de una elección popular que dicen democratizará al sistema judicial. El trío de canallas convenientemente no recordó el mítin político a favor de Morena en el que participaron Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama realizado sobre la vía pública a unos metros de la entrada principal del edificio sede del Máximo Tribunal el jueves 5 de septiembre de 2024.
La desmemoria tampoco permitió que hablaran del abierto activismo de las 3 ministras 4T en sus redes sociales y en cuanto evento participan o de su abierta campaña de proselitismo utilizando recursos públicos. Y qué tal la omisión de sus consistentes preferencias políticas en las decisiones jurisdiccionales que les atañen, no olvidar jamás que esa pandilla también abrió la puerta para regalar una sobrerrepresentación inaudita que permitió mayorías artificiales en el Congreso para desfigurar la Constitución con un paquete de reformas que lastiman nuestra democracia y entre otras barbaridades cancelan la carrera judicial.
Hay que ser caradura para tener el cinismo de confrontar a la Corte en una conferencia de prensa, una prueba más de su deslealtad institucional. Se intenta normalizar una escandalosa intromisión en asuntos que no competen a los magistrados electorales, tomandose atribuciones que tampoco les concede la Constitución para pedir la intervención del Senado y sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial que se rehusó a violar una suspensión vigente de amparo que impide seguir el proceso. Ahora su exigencia a los ministros abre otra crisis, una más en este repertorio inimaginable.
Ah, pero por favor no sean mal pensados con Felipe de la Mata y sus complicidades con los bufones que se hacen pasar por periodistas como “Lord Molécula” que anuncia entrevistas con él, dándole la categoría de “ministro” en un ejercicio de autoelogio y zalamería. Tampoco vayan a pensar que el cobijo otorgado al padre de Mónica Soto en la nómina de Yasmín Esquivel en la Corte es una concesión gratuita.
Este jueves se analiza la propuesta del ministro Gutiérrez Ortiz Mena que aborda la tendencia de esa mayoría en la Sala Superior del Tribunal Electoral. En el proyecto se puede leer:
“A través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes, la subordinación del derecho a consideraciones políticas”. Además la propuesta establece con gran claridad: “con independencia de si los jueces de distrito efectivamente tienen o no competencia para sustanciar sus juicios de amparo y emitir suspensiones, lo que es más claro para esta Corte es que la Sala Superior no puede hacer esta clase de pronunciamientos, a partir de ellos, irrumpir en el sistema de impugnaciones de los incidentes de suspensión. Hacerlo no sólo implica concebirse como un tribunal jerárquicamente superior a los jueces de amparo (cosa que no es), sino excepcionales del Estado de derecho y crear una competencia ad hoc que le permite determinar qué sentencias cuentan como derecho. Paradójicamente, esta competencia metaconstitucional termina violando la propia Constitución que dice defender en sus sentencias”.
En los resolutivos de la foja 64 se establece que las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral “son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo”.
Ante tales deshonestidades es pertinente hacer una relatoría que acredite la hipocresía de los 3 magistrados canallas, indignos de esa investidura y acreedores del signo perenne de la vergüenza.
EDICTOS
Con base en datos duros medidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que han sido procesados por Transparencia Internacional, es categórico afirmar que el combate a la corrupción tan ampliamente difundido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue una mentira del tamaño de su cinismo. Esto es algo que ya sabíamos, pero adquiere relevancia cuando instituciones tan reconocidas en este tipo de estudios le ponen tinta a la vergonzosa estadística mundial que nos sitúa en el sótano de los países con mayor percepción de corrupción. Las cifras destrozan el discurso de Claudia Sheinbaum y sus pregoneros, con actualización a enero de 2025 en el ranking de las 180 naciones evaluadas, México se encuentra en el número 26, empatado con Camerún, Irak, Madagascar, Nigeria y Uganda. En el entendido de que la medición ubica con 90 de 100 puntos posibles a Dinamarca como el país con menos percepción de corrupción y otorga la condición del más corrupto del orbe a Sudán del Sur con 8 puntos. El “Corruption Perceptions Index 2024” muestra que en el continente americano Guatemala, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Venezuela están peor que nosotros, aunque no muy lejos. A mayor detalle, la fuente citada es un documento público consultable en la página de internet de Transparencia Internacional, pero no se lo digan a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ella seguramente tendrá otros datos.
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