Organización ve ‘simulación’ en la estrategia antidrogas de AMLO

La organización Elementa consideró que la política antidrogas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado en los hechos e incluso ha sido una “simulación“, además de que ha estado marcada por “la visión moral” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Bajo la simulación de combatir a un enemigo, el narcotráfico, la violencia se ha multiplicado e incrementado como consecuencia de la fragmentación de grupos criminales —muchos de estos asociados con autoridades— que, ante la confrontación, responden o emplean formas de violencia extrema”, anotó la organización, en su informe titulado “Radiografía de la prohibición: política de drogas en México 2018-2024″.

Sobre la política de atención al consumo de sustancias, Elementa indicó que “esta administración priorizó una narrativa basada en la moral“, la cual “se dictó desde presidencia y se ejecutó a través de campañas de comunicación clasistas, discriminatorias y sin evidencia, ocupando de forma desproporcionada los espacios oficiales de difusión. Incluso el presidente responsabilizó a las víctimas de violencia al relacionarlas con uso de drogas en más de una ocasión”.

La política antidrogas estuvo marcada por un incremento de fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero esto no se tradujo en reducción de la violencia.

Para diciembre de 2023, la cantidad de elementos desplegados entre la Guardia Nacional y las fuerzas armadas alcanzó un total de 286 mil 494 elementos, una cifra histórica, considerando que en 2018 había 54 mil 980 elementos de las fuerzas armadas desplegados, mientras que en 2012 había 49,650.

La GN reportó que realizó 4 mil 503 detenciones entre 2019 y 2023, la mayoría de estas estaban vinculadas a delitos de drogas y se concentraron en Guanajuato. Por su parte, la Sedena señaló que entre 2018 y 2023 realizó 42 mil 627 detenciones. Los estados que más detenciones concentran son Baja California (con 5,340), Sonora (con 4,930) y Guanajuato (con 4,243).

Entre 2019 y 2023 se registraron 74 mil 654 detenciones por delitos de drogas que estuvieron a cargo del Esfuerzo Nacional en el Combate al Narcotráfico (Sedena, Marina, GN, CNI, SSPC). El informe señala que esto representa un incremento del 130.5% sobre el sexenio anterior.

La organización indica que este sexenio mantuvo la lógica bélica de “combate y persecución” mediante aseguramientos, decomisos y detenciones.

Pero “lejos de un declive del mercado de drogas ilícitas, este se ha reconfigurado para esquivar la prohibición. La implementación del enfoque bélico de la política de drogas se mantuvo mientras los grupos del crimen organizado perfeccionaron estrategias de control territorial, no solo de los mercados ilícitos, sino de las personas y comunidades que viven en dichos territorios”.

Desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2022, en México se han cometido 142 mil 421 asesinatos, una cifra elevada que rebasa a la de los dos sexenios anteriores, anota.

“Más allá de probar si se reportaron más homicidios o de si se trata de una tendencia a la baja, los niveles son alarmantes y un síntoma de que la violencia no se ha revertido. México es un país particularmente violento para la juventud. A lo largo del sexenio, miles de personas, en su mayoría jóvenes, han muerto en el marco de la estrategia bélica de ‘combate’ al mercado ilícito de drogas”, asegura.

Y expone que Morena tenía la mayoría en el Congreso, como por ejemplo para regular la cannabis. Y sin embargo, no lo hizo por decisión presidencial.

“La LXIV Legislatura concluyó sin avances en la discusión de la regulación del cannabis y con un reacomodo de las fuerzas políticas que terminó con la mayoría del grupo político en el poder. La falta de consenso en la discusión legislativa coincidió con un cambio de postura sobre la regulación desde el poder Ejecutivo. El presidente señaló durante su conferencia matutina que se había analizado el tema y que no existía consenso dentro de su gabinete para seguir impulsando reformas legislativas en ese sentido“, explicó.

Al Ejecutivo la organización le recomendó diseñar una política nacional de drogas basada en un enfoque en derechos humanos, por fuera de la confrontación bélica y que garantice plenamente el acceso a la salud para las personas usuarias.

Además, Elementa pidió regresar el control operativo, administrativo y financiero de la seguridad pública a un cuerpo de seguridad civil, es decir que la Guardia Nacional (GN) sea un cuerpo de carácter policial adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Así como reorientar la estrategia de seguridad hacia la persecución de graves violaciones a derechos humanos propiciadas en el marco del “combate” al mercado ilícito de drogas, como por ejemplo, la práctica sistemática de desapariciones a lo largo del territorio nacional.