¿Apoyos clientelares? Se dispara costo de la pensión para adultos mayores

En 2024, la pensión universal para los adultos mayores se incrementará en 25% para llegar a 6 mil pesos bimestrales, en un año electoral donde estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular. Ante ello, expertos ven focos rojos en lo que podría ser su posible uso electoral.

En el que será el último año del sexenio, y en pleno proceso electoral federal, el programa estrella del gobierno federal será el único al que se le incrementen recursos por arriba de la inflación.

De acuerdo con los precriterios de política económica de 2024, se prevé un incremento de casi 100 millones de pesos al programa, respecto a lo destinado en 2023.  

En seis años, el presupuesto para la pensión universal de los adultos mayores se habrá multiplicado por 10, al pasar, en 2018 de un presupuesto anual de 43 mil millones 392 pesos, a un presupuesto proyectado de 439 mil millones 149 mil pesos en 2024.

Se trata de un programa que, de acuerdo con especialistas, no ha estado exento de cuestionamientos en su operación. 

Dalia Toledo, directora de Finanzas y Anticorrupción en ETHOS, afirma que el programa es muy susceptible de usarse con fines político – electorales, al haber opacidad en el padrón de beneficiarios, y al entregarse en muchos lugares a través de dinero en efectivo.

“Las transferencias directas son percibidas por los beneficiarios como una concesión de una persona o un partido político que te la da. Muchas personas deciden (su voto) en función de los beneficios que tengo ahorita con este gobierno, y en función de eso decido si me conviene su continuidad o no”, dijo. 

El pasado 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos […] es un asunto de estrategia política”.

Dalia Toledo considera que no hay una certeza tan contundente en torno a si los apoyos como el de la pensión universal para los adultos mayores podrá o no inclinar la balanza en la elección. “Esto estará en función de qué tanto las autoridades y la sociedad civil permite prácticas clientelares”. 

Se trata de un programa que fue universalizado y elevado a rango constitucional en 2020, para todos los adultos mayores de 65 años de edad en el país, con lo que, llegue quien llegue a la Presidencia en 2024, tendrá que mantenerlo. Lo que no queda claro, es la fuente de financiamiento que permitirá continuar fondeándolo.

Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirma que, si bien es un programa necesario, el problema es que no tiene una fuente de financiamiento, por lo que se paga con el gasto corriente, lo que, dijo, “deja un muy pequeño margen de maniobra”.

“El gasto en esta pensión no contributiva está desplazando gasto en educación, en salud, incluso en infraestructura, que está afectando a las generaciones más jóvenes”.

Dalia Toledo dijo no ver con tan buenos ojos el incremento, pues representa incrementar aún más el gasto público, mientras que los ingresos no crecen al mismo ritmo.

“Estamos en un momento de mucha restricción presupuestaria, y ese incremento de 25 % va a ser un golpe fuerte al erario público. En este momento, sin el incremento, la pensión de adultos mayores representa casi el 6 % del presupuesto total”.

Pensión para adultos mayores ya no es para los más pobres

Las especialistas también cuestionan su efectividad, pues mientras el gasto social se ha incrementado, su eficacia en el combate a la pobreza, es limitada, especialmente a partir de que es universal. 

“La política es necesaria pero tendría que estar más vinculada a todo el sistema de pensiones, porque el problema es que es universal, y las personas que se benefician más de esta pensión son personas de deciles más altos, no precisamente los más pobres”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Inegi, entre 2018 y 2022 el porcentaje de hogares más ricos beneficiarios de programas sociales, se triplicó, pasando del 6 % al 20 %.

Mientras que la cifra de hogares más pobres beneficiarios de estos programas, disminuyó considerablemente, al pasar del 68 % al 49 % en el mismo periodo, una caída de casi el 20 %.

El estudio también muestra disparidades regionales significativas en la distribución de los programas sociales.

Los estados con menos recursos económicos, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, muestran una disminución en la cobertura de programas sociales en 2022 en comparación con 2018; mientras que los estados con mayores ingresos, como Yucatán, Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, reportaron un incremento en su cobertura.

En lo que respecta a los deciles de ingresos, los hogares del décimo decil o con mayores ingresos, mostraron un incremento del 64 %, mientras que los del primer decil, o con ingresos más bajos, fue sólo del 4 %.

“Si no tenemos suficientes recursos públicos para financiar todos los servicios que necesitamos, y estamos gastando tantos recursos en una pensión, creo que debería de entregarse de manera más eficiente, que fuera para personas que lo necesitan”. 

 Para Dalia Toledo, el mejor blindaje de los programas sociales para su uso electoral, es informar al votante sobre sus derechos electorales, y cómo están desvinculados de los beneficios de los programas sociales. 

“La información es poder, y en la medida en que los beneficiarios sepan que estar o no en el padrón de beneficiarios no condiciona tu voto, es una herramienta muy poderosa”.