CURP con fotografía ampliaría vigilancia del Estado sobre ciudadanos: R3D

La Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que la “CURP con fotografía” sería un documento biométrico obligatorio, que permitiría ampliar la capacidad de vigilancia del Estado sobre los ciudadanos.

“Estos datos pueden ser usados para monitorear y restringir la libertad de movimiento y asociación de las personas, así como perseguir a activistas, periodistas, representantes de la oposición, minorías, entre otros”.

Luego de que Morena y sus aliados aprobaran en comisiones del Senado la nueva Ley General de Población que incluye la creación de la CURP con fotografía, que tendrá valor como identificación personal en el país o en el extranjero, la Red en Defensa de los Derechos Digitales cuestionó que dicha normatividad establece en el artículo 78 que el documento contendrá “cuando menos” el nombre, apellido paterno y apellido paterno; la Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía de la persona titular, lugar y fecha de nacimiento, firma y huella dactilar.

La organización señaló que este documento de identidad “esconde graves riesgos para los derechos humanos, tales como la vigilancia masiva del Estado o la exclusión al acceso a servicios públicos”.

Así mismo, en el artículo 83, establece que la Secretaría de Gobernación podrá compartir la información del Registro “a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones”, sin mencionar claramente cuáles, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas.

Considera además que hay ambigüedad en la recolección de datos biométricos, como son el rostro y las huellas dactilares del o la titular, pues deja a discreción del Reglamento de la ley la posibilidad de solicitar otros datos biométricos, como el escaneo de iris.

Ve alto riesgo de vulnerabilidad de los datos biométricos al considerar su resguardo en la Secretaría de Gobernación, pues, señala, “representan un alto riesgo de vulnerabilidad frente a atacantes informáticos”, además de que “una vulneración o filtración puede tener consecuencias devastadoras para las personas comprometidas”.

La Red también considera que el registro obligatorio abre la puerta a la exclusión. “La obligatoriedad impide el consentimiento de las personas para la entrega de sus datos biométricos. Esta disyuntiva abre la posibilidad de exclusión social, ya que la implementación de la CURP con fotografía como requisito para el acceso a servicios públicos como programas sociales o servicios de salud, puede afectar gravemente a quienes no cuenten con este documento de identidad”.

La organización recordó que esta iniciativa no es el único esfuerzo actual de la Secretaría de Gobernación para expandir su alcance sobre el manejo de información biométrica de la población. En marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad, que se vinculará con la base del Registro Nacional de Población y también contempla la transferencia de datos, sin ningún control, a cualquier dependencia pública, privada y financiera.

“Estas implicaciones no pueden soslayarse en un contexto donde las autoridades y la delincuencia organizada a menudo se encuentran coludidas, casi de forma indivisible, así como en el historial de despliegue de tecnologías de vigilancia por parte de actores estatales en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos”, consideró.