La-Lista de reformas con las que diputados ‘madrugaron’

En las últimas 24 horas la Cámara de Diputados ha sesionado sin descanso, a fin de aprobar las reformas más importantes presentadas por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ya que ésta es la última semana del periodo ordinario de sesiones, y el próximo iniciará hasta septiembre de este año, el grupo mayoritario en San Lázaro busca sacar de último minuto algunas reformas para que mañana puedan ser aprobadas en el Senado de la República.

Te presentamos La-Lista de las reformas más recientes aprobadas en la Cámara de Diputados:

La maratónica jornada de la Cámara de Diputados inició con la aprobación de una reforma a la Ley General de Salud con la que se extingue el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La propuesta de reforma la presentó la mañana del martes por el diputado de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, y pocas horas después ya estaba siendo votada y aprobada en el Pleno sin análisis previo en comisiones.

La reforma, que fue remitida al Senado de la República, traslada las funciones y recursos humanos y financieros del Insabi al Servicio de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS-Bienestar).

Después de la desaparición del Insabi, se aprobaron una serie de reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con la que unidades paraestatales (empresas del Estado) puedan prestar servicio en la materia, así como explotar y aprovechar bienes federales.

Esta reforma, propuesta por el diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, también se aprobó sin previo análisis en comisiones.

La reforma permite que, con una autorización previa del titular del Ejecutivo Federal, cualquier empresa paraestatal, incluidas las que controla la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pueda ofrecer servicios ferroviarios y de transporte terrestre por tiempo indefinido.

La oposición denunció que esta reforma busca militarizar el Tren Maya y entregarle al Ejército su operación de manera indefinida.

Otra de las reformas aprobadas al vapor en la Cámara de Diputados es la que otorga facultades de control, vigilancia y salvaguarda del espacio aéreo mexicano a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de recuperar la categoría 1 de seguridad en aviación.

La reforma modifica una serie de artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil. El dictamen ya fue remitido al Senado para continuar con su trámite legislativo.

En caso de que la reforma se apruebe en la Cámara Alta, la Sedena tendrá la responsabilidad de “salvaguardar la soberanía y la defensa de la integridad del espacio aéreo”, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

Este reforzamiento del control militar del espacio aéreo fue denunciado por la oposición como otro intento de “militarización”.

La siguiente reforma que aprobaron Morena y sus aliados en San Lázaro fue a la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de precio, transparencia y oportunidad en licitaciones públicas.

La misma busca que se eviten “grandes pérdidas” en la venta de inmuebles que pertenecen al Estado, toda vez que la misma permite una disminución de hasta un 40% del valor de los inmuebles en caso de no ser enajenados en la primera licitación.

“Incluso, facilita la configuración de prácticas de corrupción en la adquisición de los inmuebles federales, en razón de que las personas licitantes pueden acordar la participación y ofertas en estos procedimientos para provocar la celebración de una segunda o tercera licitación en las que disminuya el valor base del inmueble en beneficio de la persona adquirente, no así del patrimonio federal”, expuso la diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leyva, en la iniciativa de reforma aprobada.

En ese sentido, la legisladora morenista aseguró que la reforma “permitirá una obtención de ingresos más justa para la federación”, ya que sólo se disminuirá un máximo de 10% del valor del inmueble del Estado, en caso de no ser enajenado en una primera licitación.

La única reforma que tuvo aprobación de todas las fuerzas parlamentarias fue las adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de imponer sanciones a las aplicaciones que prestan dinero con pocos requisitos, conocidas como “montadeudas”.

La reforma prohíbe a las instituciones de crédito acceder a información privada sensible de la persona solicitante, como contactos telefónicos, fotografías, videos, entre otros.

Lo anterior, a fin de proteger los datos personales de las personas solicitantes de créditos y evitar que sean víctimas de cobros fraudulentos, amenazas o extorsión.

Además, se impondrá una sanción de uno a seis años de prisión a quien utilice lenguaje financiero para engañar o amenazar a otra persona.

Ya en la madrugada del miércoles, Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo, con la que se otorga el 80% de los ingresos en actividad turística se destinen a la entidad paraestatal (empresa del Estado) encargada del desarrollo de proyectos de infraestructura.

La reforma propone que únicamente el 20% de lo recaudado en materia turística sea destinado al Instituto Nacional de Migración (INM), a fin de que “mejoren los servicios que en materia migratoria proporcionan”.

En cambio, el 80% restante se será entregado a la entidad paraestatal (empresa pública) cuyo objetivo sea la administración, administración y operación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios y turísticos, a fin de que se utilicen para el estudio de nuevos proyectos en infraestructura.

Las diputadas y diputados de la oposición denunciaron que estos ingresos producto del turismo irán a parar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), toda vez que dicha dependencia tiene a su mando las entidades paraestatales que administran el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, etc.

Por la mañana de este miércoles se aprobó la iniciativa del presidente López Obrador con la que se extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Lo anterior, bajo el argumento de que la Financiera Rural ha sido “incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el sector rural y agropecuario”. Además, de que se busca “hacer más eficiente” el uso de recursos en este sector.

Los legisladores de la oposición acusaron de haberle dado “un golpe al campo” con la desaparición de la Financiera Rural y exigieron establecer un Parlamento Abierto, a fin de escuchar la opinión de campesinos y campesinas sobre esta reforma.

En tanto, la reforma fue remitida al Senado de la República y, en caso de aprobarse allí y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá un plazo de 180 días para consumar la desaparición de la Financiera Rural.

Cuando se acercaban las 24 horas continúas de sesión interrumpidas en la Cámara de Diputados, se aprobó la expedición de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y a la Ley de Planeación.

Ante el rechazo de la oposición e integrantes de la comunidad científica, se avaló la llamada “Ley Buylla” por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces.

La reforma impulsada por el presidente López Obrador establece la incorporación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la Junta de Gobierno de Conacyt.

Lo anterior, fue denunciado por la oposición como un intento de “militarizar la ciencia”. En tanto, la reforma fue remitida al Senado de la República para continuar con su trámite legislativo.

La última reforma que lograron aprobar Morena y sus aliados en esta jornada maratónica de la Cámara de Diputados fue las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta reforma, que también fue rechazada por la oposición, plantea que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea la dependencia encargada de planear, coordinar, aplicar, evaluar y vigilar la política general de contrataciones públicas del gobierno federal.

Lo anterior, bajo el argumento de “asegurar y fortalecer una buena administración pública”.

La reforma fue remetida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.