Coinversión y certeza jurídica: la clave para la nueva infraestructura de México

El presupuesto público ya no alcanza. Ese fue el mensaje central que el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar llevó al Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, celebrado en Toluca y convocado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Para el legislador, la única salida viable es fortalecer esquemas de coinversión público-privada con reglas claras que den certidumbre a largo plazo.

Ramírez Cuéllar subrayó que los proyectos de conectividad, transporte, energía y servicios públicos no deben verse como obra física aislada, sino como parte de una estrategia integral que garantice competitividad y derechos sociales. En su visión, infraestructura y energía deben caminar juntas: sin acceso a energía limpia y confiable, la infraestructura no genera desarrollo sostenible ni justicia social.

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¿Cuál es la propuesta de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar?

La propuesta de Ley busca convertirse en un marco jurídico que atraiga inversión, multiplique recursos y acelere proyectos estratégicos en todo el país. Esto implica compartir riesgos entre el Estado y la iniciativa privada, pero también establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para evitar que la coinversión derive en privilegios o en desequilibrios frente al interés público.

Especialistas y representantes empresariales coincidieron en que la planeación de largo plazo es indispensable para dar estabilidad a los proyectos, más allá de cambios de administración. También plantearon la necesidad de descentralizar la infraestructura, de modo que sus beneficios no se concentren solo en grandes ciudades, sino que alcancen zonas rurales y marginadas.

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México requiere certidumbre jurídica

El encuentro reunió a figuras como Miguel Sergio Silíceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP; Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex; y Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE. Todos coincidieron en que México requiere certidumbre jurídica y reglas claras para que la infraestructura se consolide como columna vertebral del desarrollo económico.

Para Ramírez Cuéllar, la apuesta va más allá de los proyectos: se trata de convertir la infraestructura en una política de bienestar de largo plazo, anclada en sostenibilidad energética, participación privada regulada y un nuevo pacto de confianza entre gobierno, empresas y ciudadanía.

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