Los pasos de Chile a una verdadera democracia son una esperanza para el mundo

Kirsten Sehnbruch/The Guardian

El domingo pasado, los ciudadanos chilenos votaron a favor del establecimiento de una nueva Constitución. Después de un año de protestas sociales continuas y violentas, al enterarse de los resultados, el país explotó en la forma de jubilosas fiestas y celebraciones callejeras como no se habían visto desde 1989, cuando un plebiscito le puso punto final a los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.

Jaime Guzmán, consejero de Pinochet e ideólogo de la derecha, escribió la actual Constitución de Chile, que fue aprobada gracias a una consulta popular amañada. Cuando Chile se convirtió en una democracia en 1990, los principios autoritarios plasmados en esta constitución limitaron el proceso de democratización del país e impusieron un modelo neoliberal de desarrollo económico. La Constitución le permitió a Pinochet nominar senadores, establecer un sistema electoral que inicialmente priorizó a la derecha política, y requería de una mayoría cualificada para reformar instituciones como las Fuerzas Armadas y el sistema educativo.

Una Constitución incompleta

Aunque se hicieron muchos cambios a lo largo de los años, notablemente gracias a los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la Constitución subyacente permaneció manchada e ilegítima ante la mirada de muchos chilenos. Además, durante los últimos 30 años, la Constitución fue una pieza clave en la creación de élites políticas que acapararon el poder, y previnieron que las reformas políticas  avanzaran al mismo paso que los cambios y las expectativas de la sociedad. Los miembros de la clase media más educada vivieron con altos niveles de precariedad: el desempleo y las enfermedades empujaron a muchos hasta los límites de la pobreza. Las instituciones perdieron confianza gracias a escándalos de corrupción políticos e institucionales. Una variedad de desigualdades y la impotencia para enfrentarlas caracterizó las vidas de muchos.

Si bien las protestas estudiantiles ampliamente difundidas de 2011 generaron la voluntad política de aprobar reformas estructurales significativas durante el segundo periodo de Bachelet, estas llegaron demasiado tarde como para disuadir las protestas provocadas por un aumento rutinario de las tarifas del metro en octubre de 2019. La violencia subsecuente convirtió a las ciudades chilenas en campos de batalla desiertos. El crecimiento económico y las inversiones se desplomaron. La crisis conmocionó a las élites políticas y las obligó a actuar e impulsó los intentos de tranquilizar a los manifestantes del gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera.

Los abusos autoritarios

Pero la promesa de atender sus demandas no trajo consigo la calma que deseaban, especialmente porque se hizo evidente que la fuerza policial no reformada violaba constantemente sus derechos humanos. Este mes, Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, presentó un reporte que detalla las 3,203 presuntas violaciones a los derechos humanos del año pasado, y explicó que: “Estamos frente a las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia … Nos preocupan especialmente … traumas oculares, el abuso de la escopeta antidisturbios y los tratos inhumanos, crueles y degradantes con connotación sexual”.

Durante la crisis, ganaron terreno las voces de quienes habían exigido una asamblea constituyente durante mucho tiempo. En noviembre de 2019, el temor al aumento de la violencia en las calles llevó a los diputados de una amplia variedad de partidos políticos a firmar un acuerdo para la paz social y una nueva constitución, que entonces fue aprobada casi unánimemente por las dos cámaras del congreso. Esto preparó el escenario para el referéndum del domingo anterior (hubiera sucedido antes de no ser por la crisis de Covid-19). En una jugada innovadora y sin precedentes, también se alcanzó el acuerdo de que las subsecuentes asambleas constituyentes deberán conformarse por un 50% de mujeres.

Abrumador el SÍ

Al final, la votación fue más grande de lo que esperaban los encuestadores: 78.3% del electorado votó a favor del establecimiento de una nueva Constitución. La participación en el referéndum, 50.9% del padrón, fue un poco más grande que en la última elección presidencial. Muchos jóvenes (y otros no tanto) votaron por primera vez. La imagen de millones de chilenos respetando la distancia social, haciendo filas con paciencia y utilizando mascarillas es un testamento a la fe que tuvieron en las soluciones democráticas e institucionales.

En un continente donde la democracia ha sufrido fuertes golpes en los últimos años, y donde las asambleas constituyentes suelen utilizarse para consagrar el poder de un presidente o facción política en particular, Chile tiene el potencial de sentar un nuevo precedente en la región: ello podría sanar divisiones polarizantes en el espectro político; consagrar derechos humanos sociales y ambientales en una constitución; y resolver las desigualdades sociales y políticas. Pero lo más crucial es que debería resaltar la importancia de las instituciones democráticas funcionales así como el poder del diálogo social con un amplio rango de intereses.  

La votación para elegir a los miembros de una nueva asamblea está programada para abril de 2021, y se espera un segundo referéndum para aprobar o rechazar el documento que produzcan para la primera mitad de 2022. También hay una importante elección general programada para noviembre de 2021, por lo que el proceso constitucional será asociado con más de un gobierno. Hay muchos retos en el futuro y ninguna garantía de que funcione. Pero Chile cuenta con muchos expertos constitucionales, una gran selección de legisladores y un amplio rango de líderes civiles empoderados que pueden ayudar a dar forma al proceso.

No es la solución universal

Una nueva Constitución no resolverá automáticamente los problemas enfatizados por la crisis reciente. Pero debería legitimar el proceso político ante los ojos de muchos chilenos, forzar a las élites políticas a ser más inclusivas y transparentes, así como permitirle a los políticos negociar e implementar las reformas necesarias.

Por ahora, deberíamos celebrar el compromiso con la democracia que ha llevado tan lejos a Chile. Sólo nos queda esperar que la próxima elección en Estados Unidos el 3 de noviembre resulte tan bien y que sus líderes aprendan la lección chilena.

*Kirsten Sehnbruch es profesora global de la British Academy en el LSE y coeditora de Democratic Chile: The Politics and Policies of a Historic Coalition.