Los antecedentes judiciales socavan la defensa de Clarence Thomas en el escándalo sobre los regalos de lujo

A principios de este mes, el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas hizo una declaración en la que abordó la avalancha de críticas en la que se ha visto envuelto tras el exitoso reportaje del medio ProPublica en el que se reveló que no declaró los suntuosos regalos de vacaciones de lujo y viajes en avión privado que le dio un magnate inmobiliario de Texas.

Thomas confirmó que el multimillonario de Dallas y megadonador republicano Harlan Crow y su esposa Kathy eran “unos de nuestros amigos más queridos”. Thomas admitió también que él y su esposa Ginni se “unieron a ellos en varios viajes familiares a lo largo del más de un cuarto de siglo que llevamos conociéndolos”.

El juez, que es el miembro más antiguo del más alto tribunal de la nación y discutiblemente su conservador más firme, insistió en que aceptó el consejo de que “este tipo de atenciones personales ofrecidas por amigos cercanos” no tenían que ser declaradas bajo las leyes federales de ética. Hizo hincapié en que el amigo en cuestión “no tenía asuntos que tratar con la Corte”.

No obstante, un análisis minucioso de las actividades judiciales que Thomas llevó a cabo desde el momento en que entabló amistad con Crow, a mediados de la década de 1990, sugiere que la declaración podría no reflejar toda la realidad. Esto revela que una organización conservadora afiliada a Crow sí trató asuntos con la Corte Suprema cuando Thomas formaba parte de la magistratura.

Además, Crow está vinculado a varios grupos que, desde hace años, ejercen presión sobre la Corte Suprema a través de los denominados “amicus curiae”, es decir, escritos en los que se presentan argumentos jurídicos en apoyo de un demandante o un demandado.

En 2003, el grupo contra los impuestos Club for Growth se unió a otras personas y organizaciones de derecha, entre ellas el senador republicano Mitch McConnell y la Asociación Nacional del Rifle (NRA), para intentar frenar la imposición de restricciones al financiamiento de las campañas electorales.

En el momento en que se interpuso la demanda, al menos entre 2001 y 2004, Crow era miembro del prestigioso “comité de fundadores” del Club for Growth. Aunque se tiene poca información sobre la función de este comité, es evidente que ejercía cierta influencia en la elaboración de las políticas del grupo.

En el transcurso de una investigación realizada en 2005 sobre posibles violaciones de las normas de financiamiento de campañas por parte del Club for Growth, la Comisión Federal Electoral (FEC) señaló que los miembros de base del club podían “votar sobre una cuestión política anual seleccionada por el comité de fundadores”.

Crow también ha sido un importante donador del club, ya que aportó 275 mil dólares a sus arcas en 2004 y otros 150 mil dos años después.

En 2003, el Club for Growth presentó una demanda dirigida contra la Ley McCain-Feingold, que había sido aprobada el año anterior con el apoyo de todos los escaños. La ley imponía nuevos controles sobre la cantidad de “contribuciones indirectas” que los comités de los partidos políticos y las empresas podían destinar a las elecciones.

En la apelación, la Corte Suprema admitió una versión consolidada de la demanda, denominada Mitch McConnell contra la FEC. En una sentencia mayoritaria, la Corte autorizó que se mantuvieran los elementos más importantes de la Ley McCain-Feingold (aunque posteriormente quedaron anulados tras la polémica sentencia Citizens United de 2010 de la Corte Suprema).

Thomas estaba colérico. Emitió un voto disidente de 25 páginas en el que se alineaba firmemente con la postura antiregulación adoptada por el Club for Growth y sus aliados de derecha. Thomas comenzó su voto acusando afanosamente a sus colegas de defender “lo que solo se puede describir como la reducción más significativa de las libertades de expresión y asociación desde la guerra civil”.

Cuando Thomas emitió su voto en diciembre de 2003, ya había forjado su profunda relación con Crow. Según el multimillonario, se conocieron en una conferencia en Dallas en 1994, época en la que George H. W. Bush ya había propuesto a Thomas para formar parte de la Corte más poderosa del país.

El empresario ya había colmado a Thomas de varios obsequios lujosos antes de que la demanda McCain-Feingold llegara a su Corte. Thomas declaró, por ejemplo, que en 1997 voló desde Washington al norte de California en el jet privado de Crow para asistir a un retiro exclusivo para hombres en Bohemian Grove, del cual el juez se convirtió en invitado habitual.

También había una Biblia que fue propiedad de Frederick Douglass, valorada en aquel entonces en 19 mil dólares. En 2001, Crow hizo una donación de 150 mil dólares para la creación de una sección dedicada a Clarence Thomas en la biblioteca de Savannah, Georgia, que el juez frecuentó en su infancia.

La ley federal Título 28 sección 455 del US Code obliga a cualquier juez federal –incluidos los nueve jueces de la Corte Suprema– a excluirse de cualquier procedimiento “en el que se pueda cuestionar razonablemente su imparcialidad”.

La explosiva investigación de ProPublica publicada a principios de este mes sacó a la luz los regalos y viajes no declarados que el multimillonario sigue concediendo a Thomas hasta el día de hoy. Entre ellos figuraban unas vacaciones de nueve días con Ginni en Indonesia en el verano de 2019 cuyo costo probablemente superó los 500 mil dólares.

En un artículo posterior, ProPublica reveló que en 2014 Thomas vendió la casa de su madre en Savannah a Crow. Tampoco se reveló esa transacción.

Las revelaciones de ProPublica suscitaron un debate sobre la necesidad de ejercer un mayor escrutinio sobre la conducta de los jueces de la Corte Suprema. Los demócratas más destacados pidieron que se iniciara una investigación oficial sobre el comportamiento de Thomas y que todos los jueces estuvieran sujetos a un estricto código ético.

La diputada demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez, en sus comentarios en la cadena CNN, denunció la generosidad de Crow como un acto de “corrupción muy grave” y pidió la destitución de Thomas.

Gabe Roth, director ejecutivo de Fix the Court, un grupo no partidista que aboga por que se reforme la Corte Suprema, señaló que desde hace tiempo se estaba gestando una crisis de confianza en los juicios éticos de Thomas.

“La razón por la que es tan importante ahora es que la Corte Suprema ha incrementado exponencialmente su poder desde que el juez Thomas dio ese primer paseo en avión privado en 1997, cuando la Corte se convierte en el órgano gubernamental más poderoso, entonces las cuestiones éticas se vuelven todavía más críticas”.

The Guardian contactó a Thomas en la Corte Suprema, pero no obtuvo respuesta.

Esta semana, Crow, normalmente poco mediático, que posee activos valorados en 30 mil millones de dólares (unos 500 mil millones de pesos) y que ha donado al menos 13 millones de dólares (unos 200 millones de pesos) a los republicanos, concedió una entrevista detallada al periódico Dallas Morning News. Afirmó que el revuelo en torno a sus relaciones con Thomas era un “ataque político” por parte de los medios de comunicación liberales.

Insistió en que Thomas y él eran solo amigos que pasaban el tiempo conversando sobre sus hijos y sus mascotas. “Hablamos mucho de perros”, señaló.

Cuando se le preguntó si alguna vez consideró que su amistad era un boleto para el quid pro quo, respondió: “Toda relación –la de un bebé con su madre– tiene algún tipo de reciprocidad”.

La oficina de Crow, en un comunicado enviado a The Guardian, negó cualquier relevancia que pudieran tener los vínculos de Crow con el Club for Growth, su amistad con Thomas y la opinión del juez en el caso McConnell contra la FEC. “Harlan Crow no fue una de las partes del litigio, solo fue un apoyo financiero del Club for Growth, y no tuvo ningún papel en ninguna de las decisiones del litigio del Club for Growth”.

El comunicado continuó: “Cualquier insinuación de que el juez Thomas escribió su voto sobre este caso porque Harlan Crow era un partidario es ridícula, ya que el juez Thomas ya había expresado estas mismas opiniones en un caso anterior, Nixon contra Shrink MO PAC”.

La oficina del multimillonario insistió en que el escepticismo de Thomas respecto a la constitucionalidad de la regulación del financiamiento de las campañas “quedó demostrado incluso antes de que conociera a Harlan Crow”.

Crow nunca ha comparecido personalmente ante la Corte Suprema y niega haber intentado influir en Thomas en algún asunto jurídico o político. Sin embargo, formó parte de las juntas directivas de al menos tres grupos conservadores que presionaron a la Corte Suprema a través de amicus curiae.

Al principio de su amistad con Thomas, Crow formó parte de la junta nacional del ya desaparecido Center for the Community Interest, que presentó al menos ocho amicus curiae en casos de la Corte Suprema en apoyo de causas derechistas como la erradicación de la delincuencia de las calles y la lucha contra la pornografía.

También ha sido administrador desde hace más de 25 años del American Enterprise Institute (AEI), un centro de estudios que promueve las ideas de la libertad de empresa y que ha presentado varios escritos de apoyo ante la Corte. En 2001, el AEI le regaló un busto de Abraham Lincoln valorado en aquel momento en 15 mil dólares.

Crow es supervisor del Hoover Institution, un centro de estudios conservador con sede en la Universidad de Stanford. En febrero, los miembros senior de Hoover Institution encabezaron un escrito amicus curiae que se presentó a Thomas y a sus colegas jueces impugnando el programa de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles de 400 mil millones de dólares introducido por el presidente estadounidense Joe Biden.

Es probable que la Corte Suprema decida este verano si dicho programa puede continuar. En los alegatos orales presentados en febrero, Thomas fue uno de los jueces derechistas que ostentan la supermayoría que se mostraron escépticos respecto al programa, lo cual plantea la posibilidad de que la Corte desbarate las esperanzas de más de 40 millones de estadounidenses que pueden beneficiarse del alivio de la deuda.