‘Simulacro de democracia’: Guatemala se prepara para las elecciones en medio de temores de manipulación

A lo largo de las principales vías públicas que atraviesan Ciudad de Guatemala, los carteles de campaña que promocionan a casi dos docenas de candidatos presidenciales están pegados en postes de luz y alumbrado, cada uno prometiendo aportar prosperidad y seguridad al país más poblado de Centroamérica.

No obstante, a pesar de la pluralidad exhibida, pocos guatemaltecos esperan que cambien las cosas, en medio de la creciente evidencia de que las elecciones de este domingo podrían ser poco más que una simulación de democracia.

Candidatos de todo el espectro político quedaron descalificados por falsos tecnicismos de procedimientos, entre ellos el exfavorito Carlos Pineda – empresario agrícola conservador y estrella de TikTok– y Thelma Cabrera, líder indígena de la etnia maya mam.

Ambos han animado a sus seguidores a anular su voto el 25 de junio con la esperanza de forzar la repetición de la votación. Sin embargo, menos de 30 años después del final de la brutal guerra civil que dejó 200 mil civiles, en su mayoría indígenas, muertos y desaparecidos –y cuatro años después de que un organismo pionero en la lucha contra la corrupción, respaldado por la ONU, se viera obligado a salir de Guatemala–, crece el temor de que el país esté recayendo en la autocracia.

“Esto es un golpe para la supuesta democracia de Guatemala”, comentó Cabrera a The Guardian.

Los expertos advierten que al parecer la votación fue manipulada para garantizar la elección de un presidente dispuesto a consolidar el poder en nombre de las élites del país, las cuales en los últimos años han obtenido el control de todas las ramas del gobierno –así como de la fiscalía– con el propósito de garantizarse inmunidad frente a procesos judiciales relacionados con la corrupción y los crímenes de la guerra civil.

“El viento sopla en contra de los candidatos que son considerados opositores a la coalición gobernante”, señaló Edgar Ortiz, profesor de derecho constitucional residente en Ciudad de Guatemala. “El sistema legal es un desastre… la aplicación de la ley es impredecible y arbitraria”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detectó “graves y cada vez peores retrocesos” en la lucha contra la corrupción derivados de la erosión del sistema judicial y el creciente hostigamiento contra jueces, fiscales, periodistas y defensores de los derechos humanos que tienen una mentalidad independiente.

La semana pasada, el veterano periodista José Rubén Zamora fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, en un caso ampliamente denunciado como venganza política por la investigación periodística de su periódico sobre la corrupción. El Periódico, el diario que Zamora fundó en 1996, se vio obligado a cerrar en mayo.

Zamora se enfrenta a otros dos cargos falsos, mientras que ocho de sus periodistas son objeto de una investigación penal por presunta obstrucción de la justicia por escribir sobre el caso de Zamora.

“La votación es una simulación de democracia, un proceso arreglado para la elección de otra cleptodictadura para que siga gobernando en beneficio de las mismas élites”, explicó Zamora a The Guardian, mientras lo esposaban y escoltaban de vuelta a la cárcel para que comenzara su condena.

En 2015, Guatemala fue testigo de una serie de protestas contra la corrupción que desembocaron en la caída del gobierno y la detención del entonces presidente, como parte de una ola regional de activismo democrático conocida como la primavera centroamericana.

Tan solo ocho años después, cunde el pesimismo y no hay mítines populares ni manifestaciones bulliciosas en la plaza central de Ciudad de Guatemala.

“El viento sopla en contra de los candidatos que son considerados opositores a la coalición gobernante”. Edgar Ortiz

“Fue muy emotivo ver la plaza llena en 2015, después de décadas de terror”, comentó la veterana activista por los derechos Brenda Hernández, de 58 años, recordando los 36 años de conflicto interno que acabaron con una generación de líderes comunitarios y sindicalistas. “Ahora, el mayor miedo no es morir, es ir a la cárcel”.

Las manifestaciones están paralizadas desde noviembre de 2021, año en que el gobierno desplegó a la policía antidisturbios con gas lacrimógeno contra una protesta mayoritariamente pacífica después de que se produjera un incendio en el Congreso.

Desde entonces, manifestantes –junto con decenas de jueces, fiscales, periodistas y defensores de los derechos humanos– han sido encarcelados u obligados a exiliarse tras ser acusados de delitos falsos. Los abogados que defienden a las víctimas de la penalización están a su vez bajo investigación, encarcelados e inhabilitados por cargos absurdos.

“Esta persecución judicial constituye, sin duda, una estrategia de inteligencia militar cuyo objetivo es reinstaurar la impunidad”, indicó Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch Guatemala.

“La alianza gobernante se apropió de nuestras instituciones para destruir en seis años lo que tardamos 30 años en construir. Nunca antes habíamos visto semejante manipulación y uso arbitrario de la ley… con lo cual han logrado silenciar a una generación de líderes”.

Guatemala es el país más grande y pobre de Centroamérica, pues más de la mitad de sus 17 millones de habitantes viven en la pobreza y la mitad de los niños sufren desnutrición crónica.

Los índices de pobreza extrema, servicios públicos inadecuados y hambre son aún peores entre las comunidades indígenas, que suelen ser las más afectadas por las industrias de extracción, como la minería, las presas y las plantaciones de palma africana, que cuentan con el respaldo de las élites gobernantes y los financieros internacionales.

Estas nefastas condiciones han contribuido a provocar años de migración masiva hacia México y Estados Unidos. Las familias dependen enormemente de las remesas, que representan aproximadamente el 15% del PIB de Guatemala, ya que la élite gobernante no ha invertido en servicios públicos básicos como salud, educación, seguridad vial, vivienda, infraestructuras hídricas y agricultura sostenible.

El actual presidente, Alejandro Giammattei, llegó al poder poco tiempo después de que su predecesor –un excomediante que se pintaba la cara de negro llamado Jimmy Morales– expulsara a la CICIG, la agencia de lucha contra el crimen que cuenta con el respaldo de la ONU, en 2019.

En el transcurso de una década, la CICIG identificó más de 70 complejas estructuras delictivas en las que estaban involucrados algunos de los políticos, jueces, empresarios y veteranos del ejército más poderosos de Guatemala, socavando la inmunidad que durante mucho tiempo dieron por sentada los ricos y poderosos.

La CICIG capacitó y ayudó a los fiscales de la lucha contra la corrupción a dictar más de 400 condenas, entre ellas la del exgeneral de la guerra civil y presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, que se vieron obligados a renunciar en 2015 y posteriormente fueron condenados a 16 años de prisión.

Sin embargo, las investigaciones sobre el financiamiento ilícito de la campaña por parte de los oligarcas del sector económico del país –y otra que denunciaba la corrupción de Morales y su familia– desencadenaron una vengativa y finalmente exitosa campaña para expulsar a la CICIG. La campaña contó con el apoyo destacado de republicanos estadounidenses como Marco Rubio.

Morales nombró a un fiscal general que Estados Unidos sancionó por “obstrucción de la justicia”, pero que sigue en el cargo y ha llenado la fiscalía de aliados.

Giammattei, exjefe de prisiones, negoció varias alianzas con una docena de pequeños partidos para tomar el control de la legislatura, la cual, a su vez, ha obstaculizado el nombramiento de nuevos jueces –incluidos aquellos que determinan la elegibilidad de los candidatos políticos– con el objetivo de mantener a sus aliados en los tribunales.

Las investigaciones anticorrupción han quedado archivadas, al igual que las reparaciones y las investigaciones sobre los abusos cometidos en la época de la guerra civil, en aras de la persecución de los aliados de la CICIG.

“La ley está completamente quebrantada, no hay garantías de debido proceso ni derecho a la defensa. Toda persona considerada enemiga del régimen puede ser acusada de un delito inventado con fines políticos o de venganza personal”, señaló Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).

En un caso, Virginia Laparra, de 43 años, fiscal anticorrupción de la ciudad de Quetzaltenango, ubicada en el oeste de Guatemala, fue condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad tras denunciar sus sospechas de que un juez había filtrado detalles confidenciales de un caso de corrupción sellado. La semana pasada, un grupo de expertos de la ONU pidió su liberación inmediata después de llegar a la conclusión de que su detención era “arbitraria”.

Wendy López, una de las abogadas defensoras de Laparra, ahora está bajo investigación por alteración del orden público después de que se opusiera a ser expulsada del tribunal y pidiera al juez que sancionara a los fiscales y a los abogados de FCT por insultar a la defensa. “Es el mismo patrón de violaciones arbitrarias promovidas por los mismos actores… te impide dormir en las noches porque no importa qué tan bueno sea nuestro argumento legal, no podemos ganar”, comentó López.

En estos momentos, los principales contendientes para la presidencia son Sandra Torres, exprimera dama que en 2019 se enfrentó a cargos de corrupción por financiamiento ilegal de campaña; Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, exdictador militar condenado posteriormente por genocidio; y Edmond Mulet, diplomático de profesión que ha negado las acusaciones de que ayudó a facilitar adopciones irregulares en el extranjero durante la guerra civil.

Es probable que se lleve a cabo una segunda vuelta entre las dos principales candidatas en agosto, aunque Mulet podría quedar excluido de la votación del domingo, ya que se enfrenta a acusaciones de obstrucción de la justicia por pronunciarse en contra de la penalización de los periodistas guatemaltecos.

Los observadores electorales advierten sobre el bajo índice de registro de votantes y de participación, y en las calles hay pocas señales de entusiasmo. “Debería votar, pero no hay opciones reales”, comentó el taxista Edgar Aroldo.

Santos, defensor de los derechos humanos, señaló: “No importa quién gane, la mafia política ya se aseguró de que el régimen continúe y nosotros seamos la crisis durante al menos otra generación”.