El Amazonas se enfrenta a una crisis delictiva ‘urgente’, dice la zar antidrogas de Brasil

La responsable de la política antidrogas del gobierno de Brasil reconoció que el rápido avance de las facciones del narcotráfico en la selva amazónica ha generado una “situación muy difícil” en la región, mientras un informe de la ONU advirtió que los prósperos grupos de la delincuencia organizada estaban impulsando el auge de la devastación medioambiental.

Marta Machado, secretaria nacional de Política sobre Drogas, señaló que el desmantelamiento deliberado por parte del gobierno anterior de los organismos brasileños encargados de la protección del medio ambiente y de los indígenas había creado un peligroso vacío en el Amazonas, que habían ocupado poderosos grupos delictivos procedentes de Río de Janeiro y São Paulo.

“La situación del narcotráfico en el Amazonas es urgente”, comentó Machado a The Guardian durante una importante cumbre de seguridad pública organizada en la ciudad amazónica de Belém.

Machado atribuyó la culpa de la crisis al gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, que eliminó las medidas de protección de la selva tropical durante sus cuatro años de mandato.

“El debilitamiento de los mecanismos de monitoreo y vigilancia utilizados para el crimen medioambiental organizado abrió este espacio que ocuparon los cárteles de drogas”, advirtió, y agregó: “El problema en el Amazonas es una clara consecuencia de … la omisión deliberada del gobierno anterior y de (su) casi (fomento de) los delitos ambientales en el Amazonas”.

Machado habló durante un congreso que duró tres días, organizado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, al que asistieron importantes jefes de seguridad y funcionarios del gobierno, así como ecologistas, activistas indígenas y analistas de inteligencia.

Por primera vez, el evento se llevó a cabo en el Amazonas, en una señal de la cada vez mayor preocupación por el impacto que los grupos de la delincuencia organizada están generando en la extensa región de la selva tropical, donde se dispararon la deforestación ilegal y la minería durante la presidencia de Bolsonaro entre 2019 y 2023.

A principios de este mes, un exalto jefe de policía del Amazonas comentó a The Guardian que el avance de los grupos de delincuencia organizada podría convertir a la región en una zona rural asolada por conflictos y plagada de “insurgentes criminales” fuertemente armados que causan estragos en tierras indígenas.

En la conferencia de Belém se reiteraron estas advertencias, así como en un informe publicado esta semana por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Informe Mundial sobre las Drogas, que publica anualmente el grupo, señaló que el narcotráfico estaba “exacerbando y amplificando otros tipos de economías delictivas en la cuenca del Amazonas, entre ellas la ocupación ilegal de tierras, la tala ilegal de árboles, la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre y otros delitos que perjudican al medio ambiente”.

“‘La narco-deforestación‘ –el lavado de las ganancias del narcotráfico mediante la especulación con la tierra, el sector agrícola, la ganadería y las infraestructuras relacionadas– supone un peligro cada vez mayor para la selva tropical más grande del mundo”, advirtió el informe, que se centró en las partes boliviana, brasileña, colombiana y peruana del Amazonas, que comprenden aproximadamente el 87% de la región.

“La penetración del narcotráfico se ha extendido también al tráfico de vida silvestre y a la pesca ilegal”, añadió el informe, citando las investigaciones relativas a los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y del activista indígena Bruno Pereira cometidos el año pasado. La policía federal identificó a un presunto capo de la pesca ilegal –supuestamente vinculado al mundo clandestino del narcotráfico– como autor intelectual de esos asesinatos perpetrados en la remota región del valle del Yavarí, cerca de la frontera de Brasil con Colombia y Perú.

El informe de la ONU afirmó que la zona conflictiva trifronteriza del narcotráfico en la que murieron Phillips y Pereira “probablemente (albergaba) una de las concentraciones más densas de grupos de delincuencia organizada del planeta“.

Machado expresó su preocupación por la forma en que las facciones del narcotráfico de Brasil habían reforzado su control sobre una región que desde hace tiempo ha sido utilizada como corredor para el contrabando de cocaína boliviana, colombiana y peruana hacia Europa, y donde se estaban intensificando estas actividades, con terribles consecuencias para las comunidades tradicionales e indígenas.

“Lo que observamos ahora es el avance de las organizaciones (delictivas) que tenían su base principalmente en el sureste de Brasil y estaban asentadas sobre todo en el interior de las cárceles… Tenemos dos grandes organizaciones en Brasil –el PCC (Primer Comando de la Capital) y el CV (Comando Rojo)– y siguen luchando por el dominio de la región (amazónica). Y cuando eso ocurre, sabemos que aumentan mucho las tasas de homicidio”, indicó.

Machado también expresó su preocupación por la “convergencia total” entre los distintos grupos ilegales que operan en el Amazonas, ya que cada vez colaboran más las facciones del narcotráfico y los delincuentes medioambientales.

Las facciones del narcotráfico no solo utilizaban actividades como la minería ilegal para lavar sus ganancias, sino que también aprovechaban las pistas de aterrizaje clandestinas de las minas para contrabandear drogas. “Están compartiendo las rutas (de transporte), compartiendo aviones, compartiendo pistas de aterrizaje… Básicamente están compartiendo la infraestructura. De modo que existe una convergencia total entre estos crímenes“.

Machado indicó que las fuerzas de seguridad estaban trabajando para hacer frente al problema, destacando los esfuerzos del gobierno para desalojar a miles de mineros ilegales –algunos de ellos con presuntos vínculos con el PCC– del mayor enclave indígena de Brasil, el territorio indígena yanomami. “Sin embargo, también opinamos que no basta únicamente con la represión policial (y) que es necesario (combinarla) con políticas de desarrollo sostenible, social y humano en la región”, añadió.

El informe de la ONU también describió la forma en que el CV y el PCC “intensificaron su presencia” en el Amazonas brasileño en los últimos años y que ahora operan en sus nueve estados.

“En amplias zonas de la cuenca del Amazonas se está experimentando la convergencia de múltiples formas de delincuencia que tienen graves consecuencias para la seguridad pública y el desarrollo sostenible”, indicó el informe.

Humberto Freire, jefe del recién creado Departamento de Policía Federal para el Medio Ambiente y el Amazonas de Lula, restó importancia a la idea de que los grupos delictivos estuvieran a punto de tomar el control de la región, calificándola como “precipitada“, pero señaló que las autoridades estaban intensificando sus medidas después de que durante varios años se hubieran “destruido” las iniciativas de protección.

“Todo viaje –no importa cuán corto o largo sea– comienza con el primer paso, y ya hemos dado varios, pero tenemos un largo camino por recorrer”, dijo Freire.