Aumentan los crímenes de guerra en Burkina Faso, la ‘crisis más desatendida’ del mundo

La población civil de Burkina Faso se ve castigada por la “guerra total” que el gobierno está librando contra los grupos militantes islamistas, y ambos bandos están acusados de crímenes de guerra.

Los militares fueron acusados de atacar a la etnia peul, por su parte, los yihadistas buscan venganza contra los aldeanos que creen que apoyan al gobierno.

Según la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), el año pasado el ejército y los militantes islamistas mataron a mil 694 civiles, y la cifra aumentó vertiginosamente entre abril y junio, después de que se anunciara una “movilización general” para librar una batalla más agresiva contra los yihadistas.

Human Rights Watch (HRW) señaló esta semana que el ejército mató y secuestró, o hizo “desaparecer”, a varias personas durante sus redadas en las aldeas, con frecuencia revisando los documentos de identidad de sus víctimas antes de atacarlas. Algunas personas comentaron a HRW que las habían acusado de ser aliados de los militantes por el simple hecho de no haber abandonado sus aldeas en las zonas de conflicto.

En un informe publicado el jueves, HRW indicó que desde febrero había hablado con testigos de tres incidentes en los que murieron nueve hombres y desaparecieron otros 18 en la región del Séno.

HRW señaló que todos los abusos que había documentado involucraban a personas del grupo étnico nómada peul y citó a víctimas que alegaban haber sido perseguidas porque los soldados creían que apoyaban a Al Qaeda y a grupos militantes vinculados al Estado Islámico.

“Las ejecuciones y desapariciones perpetradas por el ejército de Burkina Faso no solo constituyen crímenes de guerra, sino que generan resentimiento entre las poblaciones afectadas, lo cual fomenta el reclutamiento por parte de grupos armados”, explicó Carine Kaneza Nantulya, directora adjunta para África de HRW.

“Las autoridades de Burkina Faso deberían basar su estrategia de contrainsurgencia en la protección de la población civil, el respeto de los derechos humanos y en la rendición de cuentas por los abusos cometidos”.

El mes pasado, Amnistía Internacional indicó que había pruebas de que el ejército era el responsable de una matanza en el pueblo de Karma, donde, según se informó, 156 personas, entre ellas 45 niños, murieron después de que los soldados las acorralaran y les dispararan.

A principios de este mes, HRW acusó a los militantes islamistas de asesinar a civiles, saquear e incendiar propiedades y expulsar a personas de sus aldeas.

La organización señaló que los yihadistas atacaron aldeas a las que acusaban de apoyar a las fuerzas de defensa voluntarias del gobierno, que el presidente Ibrahim Traoré creó en octubre.

Traoré, oficial del ejército, asumió el poder en septiembre después de un golpe de Estado en el que Paul-Henri Damiba fue derrocado por su incapacidad para hacer frente a los seis años de insurgencia de los militantes islamistas. Damiba, que también era militar, había tomado el poder ocho meses antes.

Héni Nsaibia, investigador principal de ACLED, comentó que el gobierno anterior había adoptado una estrategia más amplia para afrontar el conflicto, que incluía el diálogo con los militantes islamistas y la concesión de amnistías.

“El régimen actual lo descartó por completo. Tal como lo expresó explícitamente el presidente: ‘Esta es una guerra total y vamos a matar'”, señaló Nsaibia.

Nsaibia comentó que el resultado de ello fue un aumento de los homicidios en masa, las ejecuciones sumarias y el uso de ataques con drones, nada de lo cual, en su opinión, ayudaría al ejército a recuperar territorio, sino que podría exacerbar aún más el conflicto.

Nsaibia señaló que temía una mayor división dentro de Burkina Faso por cuestiones étnicas.

“Se trata de un castigo colectivo por parte de ambos bandos. También sigue el patrón de movilización de voluntarios principalmente por motivos étnicos, sobre todo de las comunidades sedentarias (agrícolas) y de los peul (nómadas). Esto ha acelerado las peticiones para que se lleve a cabo una limpieza étnica, los mensajes que circulan en las redes sociales y las peticiones de que se mate a los peuls prominentes”, comentó.

Casi dos millones de personas en Burkina Faso se han visto desplazadas por el conflicto, que se extendió desde Malí en 2016. Se calcula que alrededor de 800 mil personas viven bajo el bloqueo de los militantes islamistas, quienes al parecer atacaron el suministro de agua y forzaron el cierre de escuelas.

El Consejo Noruego para los Refugiados calificó a Burkina Faso como “una tormenta perfecta de conflictos, desplazamientos e inseguridad alimentaria” y recientemente la clasificó como la crisis más desatendida del mundo. La respuesta humanitaria solo ha recibido una quinta parte de los fondos que solicitan los grupos de ayuda.