La fiscalía de Georgia contempla crímenes de petición de delitos en la investigación sobre Trump

La fiscal de distrito del condado de Fulton que investiga los intentos de Donald Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia sopesó en las últimas semanas varios posibles estatutos según los cuales podría presentar cargos, incluida la petición de que se cometiera fraude electoral y conspiración para cometer fraude electoral, según indicaron dos personas al tanto del asunto.

La decisión de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de definir una lista de posibles cargos marca una encrucijada importante en la investigación penal y sugiere que los fiscales se disponen a pedir a un gran jurado que presente los cargos el próximo mes.

Entre los cargos de la ley electoral del estado que los fiscales estaban analizando figuran: petición delictiva de que se cometiera fraude electoral y conspiración para cometer fraude electoral, así como petición a un funcionario público o político de que incumpliera sus obligaciones y petición de que se destruyeran, estropearan o sustrajeran boletas electorales, indicaron las personas.

La fiscal de distrito también pretende imputar por delitos de intrusión informática al menos a algunos de los agentes de Trump que estuvieron implicados en el acceso a las máquinas de votación y en la copia de datos electorales sensibles en el condado de Coffee, Georgia, en enero de 2021, señalaron las dos personas.

Todavía se desconoce el resultado de estas deliberaciones, así como la forma en que se podrían aplicar los estatutos. Por ejemplo, los fiscales podrían presentar cargos en virtud de determinados estatutos de forma individual, incluirlos en un caso más amplio de asociación delictuosa del tipo que The Guardian informó anteriormente, o bien una combinación de ambos.

Se espera que los fiscales presenten cargos derivados de la investigación sobre Trump a principios de agosto, un plazo que se dedujo a partir de las instrucciones que la fiscal del distrito dio a su personal en mayo de trabajar de forma remota durante ese período debido a posibles cuestiones de seguridad.

El gran jurado que decidiría si se presentaba una acusación contra Trump u otras personas fue seleccionado a mediados de julio. Al proceso de selección asistieron Willis y dos fiscales conocidos por participar en el caso contra Trump: el fiscal adjunto Will Wooten y el fiscal especial Nathan Wade.

Un vocero de Willis no respondió las solicitudes de comentarios.

Para presentar una acusación de petición delictiva, los fiscales tendrían que demostrar que Trump pidió con insistencia a otra persona que realizara determinadas conductas ilegales que son “probables e inminentes” como resultado de la petición. El hecho de que las acciones solicitadas no se llevaran a cabo no se considera una defensa.

El estatuto relativo a solicitar a un funcionario público que incumpla sus obligaciones podría ser aplicable en el caso de Trump cuando presionó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “encontrara 11 mil 780 votos”, así como por sus llamadas telefónicas a la investigadora jefe, Frances Watson, y al presidente de la Cámara de Representantes, David Ralston.

La cuestión clave aquí consiste en saber si Raffensperger habría incumplido su deber como máximo responsable electoral del estado en caso de haber hecho lo que Trump quería, según indica Brookings Institution; por ejemplo, si realmente hubiera “encontrado” 11 mil 780 votos para revertir la derrota de Trump.

El estatuto relativo a solicitar la manipulación de boletas electorales, por otra parte, podría aplicarse en el caso de Trump cuando presionó a Watson para que se saliera del protocolo y se remontara a “dos años atrás, en lugar de limitarse a cotejar, ya sabes, una con otra” a la hora de verificar las firmas durante las auditorías de las boletas electorales.

La cuestión fundamental en esa llamada se resumiría a si Trump efectivamente le estaba pidiendo a Watson que utilizara un método no estándar para invalidar boletas electorales legítimas que esperaba lo beneficiaran porque reducirían el número de votos legítimos a favor de Joe Biden, descubrió Brookings.

También se espera que los fiscales intenten presentar un cargo de conspiración delictiva, indicaron las personas. El estatuto de conspiración en Georgia tiene una interpretación amplia, y la fiscalía del distrito solo tendría que demostrar que dos o más personas llegaron tácitamente a un entendimiento mutuo de promover un delito.

Trump podría verse muy expuesto jurídicamente en virtud del estatuto de conspiración, ya que los fiscales llevan meses investigando si Trump, sus principales abogados y sus asistentes de campaña tomaron medidas que sabían que eran ilegales cuando sustituyeron en Georgia las listas legítimas de electores por 16 falsos electores de Trump.

La fiscalía del distrito lleva más de dos años investigando si Trump y sus aliados interfirieron en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, mientras que los fiscales a nivel federal analizan los intentos de Trump de revertir su derrota que culminó con el ataque al Capitolio del 6 de enero.

Un gran jurado especial en Atlanta que escuchó las pruebas durante aproximadamente siete meses recomendó la presentación de cargos contra más de una decena de personas, entre ellas el propio expresidente, según sugirió enérgicamente su presidenta en entrevistas, aunque Willis tendrá que pedir imputaciones a un gran jurado ordinario.

En enero, Willis sugirió originalmente que las decisiones de imputación eran “inminentes”, sin embargo, los plazos se pospusieron en repetidas ocasiones después de que varios republicanos que pretendían ayudar a Trump a mantenerse en el poder como los denominados falsos electores aceptaran acuerdos de inmunidad cuando la investigación se acercaba a su fin.