Insuficiencia de guardias, autogobierno y nulas sanciones desatan violencia en cárceles

El hallazgo del cadáver de un bebé dentro de un bote de basura en una cárcel de Puebla y una riña dentro de un reclusorio de Colima que ha causado la muerte de nueve personas, hechos ocurridos en poco más de dos semanas, han puesto de nuevo en evidencia la violencia extrema que impera dentro del sistema penitenciario mexicano.

La organización Reinserta, especialista en temas de derechos humanos dentro de los penales, reportó que el cuerpo del bebé Tadeo fue encontrado en un bote de basura del centro de reclusión de San Miguel en Puebla el 10 de enero. El hallazgo fue realizado por un interno que buscaba PET y hasta ahora 21 funcionarios públicos han sido detenidos por este caso.

Días después, el 25 de enero, una riña dentro del Centro de Reinserción Social de Colima derivó en la muerte de nueve internos y seis más quedaron heridos. La Comisión de Derechos Humanos del estado abrió el expediente CDHEC/2V/031/2022 para investigar lo sucedido dentro de la prisión.

José Luis Gutiérrez, abogado y director de la asociación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), apunta a que el hallazgo del bebé y la riña en Colima son producto del “entorno torturante” de las prisiones, en las que priva la comisión de delitos, el autogobierno y la falta de personal de guardia y custodia.

“El sistema penitenciario tiene la misma situación de toda la vida, siguen los problemas de hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno pese a las múltiples recomendaciones que el sistema penitenciario ha recibido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales ”, señala Gutiérrez.

Los problemas enunciados por el director de AsiLegal se materializan en cifras. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la CNDH, de 94 cárceles evaluadas 68 tienen insuficiente personal de seguridad y custodia, lo cual equivale al 72% de las prisiones.

Para Gutiérrez el problema de la ausencia de custodios no es menor, pues esto deriva en otras fallas. “Muchas veces no hay personas que quieran trabajar en las cárceles y cuando sí hay, esas personas no están capacitadas”, dice el experto. “Esa falta de personal deriva en el autogobierno, personas privadas de la libertad que sancionan a otros internos o que los acomodan como ellos quieren y generan hacinamiento”.

En el caso del bebé Tadeo, un gruṕo de asociaciones civiles expertas en sistema penitenciario también apuntó que las autoridades de la cárcel de San Miguel han sido superadas y eso ha generado otras irregularidades.

“Las autoridades están completamente rebasadas y son cómplices de los actos de corrupción que se viven al interior del penal; que van desde el cobro de lista, el ingreso de mujeres sexoservidoras, la manufactura de droga y las peleas de perros para apuestas”, señalaron las ONG.

Las cárceles con más problemas de seguridad

Las cárceles han sido identificadas como focos de violencia e inseguridad en México por décadas. En el peor de los escenarios estos espacios, que deberían estar destinados a la readaptación de personas, han sido captados por grupos del narcotráfico que los utilizan para cometer delitos.

El pasado 25 de enero más de 60 activistas, académicos y organizaciones sociales entregaron un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga la investigación del Centro de Rehabilitación Social de Piedras Negras en Coahuila, que entre el 2009 y 2012 habría sido utilizado por el grupo criminal Los Zetas para asesinar adversarios, esconderse de las autoridades y para fabricar armas.

“El CERESO de Piedras Negras se convirtió en un centro receptor de víctimas y adversarios del propio grupo criminal; al menos 150 personas fueron torturadas y desaparecidas en ese lugar”, señalaron en un comunicado las asociaciones civiles que pidieron a la FGR investigar este tema.

En 2019 el gobierno de Nuevo León clausuró la cárcel de Topo Chico para construir un parque. En ese lugar se vivieron motines, fugas y enfrentamientos entre grupos delictivos rivales que operaban en la cárcel.

Actualmente las prisiones que tienen un mayor problema de inseguridad, de acuerdo con la CNDH, se encuentran en Tamaulipas: son los centros de ejecución de sanciones de Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Reynosa.

Por detrás le siguen el Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado; el Centro de Reinserción Social No. 7 de Tehuantepec; el Centro de Reinserción Social de Bucerías, y el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.

Otros problemas de las prisiones estatales

La insuficiencia de personal de seguridad y custodia no es el único problema de las cárceles estatales. La presencia de actividades ilícitas es el segundo reto de los centros de reclusión, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

De las 94 prisiones estatales evaluadas por la CNDH para ese estudio, 40 registraron actividades delictivas en su interior, aunque la comisión nacional no especifica qué tipo de delitos son los que se cometen.

Las deficiencias en la implementación de sanciones disciplinarias son el tercer problema más común de las prisiones. La CNDH identificó esta situación en por lo menos 30 espacios carcelarios.

Y el resto de las problemáticas de seguridad más comunes dentro de las cárceles estatales son la falta de capacitación del personal penitenciario; falta de reglamentos y normativas que rigen a las cárceles; condiciones de autogobierno por parte de los reclusos; redes de extorsión y sobornos, y sobrepoblación.

José Luis Gutiérrez, de AsiLegal, lamenta que estos son problemas que el sistema penitenciario arrastra desde hace décadas y, en su opinión, no se han podido corregir por varios motivos, por ejemplo, la falta de programas de reinserción social o la omisión en la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“En 2008 tuvimos una reforma para dejar atrás un modelo de readaptación social que veía a las personas como enfermas para empezar a verlas como sujetas de derecho, pero prácticamente no hay programas integrales para lograr la reinserción social y no hay corresponsabilidad de otras instituciones de gobierno (como las secretarías de Salud, Educación o Empleo) en la reinserción social”, concluye Gutiérrez.