El acuerdo de AMLO sobre la Guardia Nacional violaría la Constitución, advierten

El acuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende emitir para que la Secretaría de la Defensa (Sedena) se encargue de la Guardia Nacional viola la Constitución y concreta la militarización del país, de acuerdo con constitucionalistas y defensores de derechos humanos.

La mañana de este lunes, el presidente informó que la operación de la Guardia Nacional pasará de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena con un acuerdo que él mismo expedirá en los próximos días.

“Si no violo la ley, no hay ningún problema, y nunca lo voy a hacer. Tengo que usar los márgenes legales (…) Tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”, dijo el presidente en su conferencia mañanera de este lunes 8 de agosto desde Palacio Nacional.

Sin embargo, Javier Martín Reyes, académico y abogado constitucionalista del CIDE y la UNAM, explicó a La-Lista que el acuerdo viola el artículo 21 de la Constitución, el cual fue reformado en 2019 para determinar que la Guardia Nacional sería una corporación de seguridad con un mando civil.

“Viola lo que dice el 21, que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y además está adscrita a la Secretaría de Seguridad, entonces, este es un tema de jerarquía normativa porque por encima de todo está la Constitución y tanto las leyes, como las decisiones del presidente se subordinan a lo que dice la Constitución”, dijo Javier Martín Reyes.

En junio pasado, el presidente anunció que mandaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional fuera adscrita a la Sedena, lo que ocasiona que quede bajo el mando del Ejército, sin embargo, el grupo de oposición ─conformado por el PRI, PAN y PRD─ se ha declarado en “moratoria legislativa” para no aprobar las reformas a la Guardia Nacional y en materia electoral, por lo que López Obrador optó por este acuerdo presidencial.

Para una reforma constitucional, requiere del voto de dos tercios de los diputados presentes en el pleno, lo que representa poco más de 50 diputados, cifra que no obtuvo en abril pasado, cuando frenaron su intento de reforma eléctrica.

“Sí hay una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar una reforma para que lo podamos hacer en lo administrativo, por si no pasa, vamos a hacerlo así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, dijo el presidente en su conferencia.

Ante el anuncio del presidente, el coordinador de los diputados del PRD, Luis E. Cházaro, aseguró que de expedirse este acuerdo, los legisladores opositores lo impugnarán. Por su parte el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del conservador Partido Acción Nacional, publicó en su cuenta de Twitter que su partido no votará a favor de la reforma constitucional en caso de que ésta llegue a la Cámara de Diputados.

Desde 2019, AMLO ha impulsado reformas para que la Guardia Nacional realice labores de seguridad en el ámbito civil, como la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, las cuales fueron impugnadas ese mismo año ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que hasta el momento no cuentan con proyecto para que el Pleno las discuta.

Ambos asuntos están a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, pero hasta el momento no cuentan con proyecto para su discusión en el Pleno de la Corte.

Además, se encuentran pendientes cuatro controversias constitucionales promovidas en 2020, contra el acuerdo que faculta a las fuerzas armadas a realizar tareas de seguridad pública. 

Estas impugnaciones fueron promovidas por los gobiernos estatales de Colima, Michoacán, la Cámara de Diputados y el municipio Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, todas contra el acuerdo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad y bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat.

El reciente acuerdo que anunció Andrés Manuel López Obrador podría tener el mismo destino que su acuerdo de 2020, es decir, podrá ser impugnado por medio de controversias constitucionales.

“No es una ley en sentido formal, entonces no se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad porque esas sólo proceden en contra de leyes. Esto implica que la vía para impugnar podrá ser: controversia constitucional, probablemente es la vía más rápida porque va directo a la Corte”, dijo Martín Reyes.

Para Víctor Del Pozo, coordinador de defensa integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH), este acuerdo podría ser la culminación de la militarización de México, la cual se ha construido a lo largo de los últimos 50 años, y el poder del Ejército, que ahora no sólo se encarga de tareas de seguridad pública, sino también de funciones administrativas.

“Todos los días vemos cosas que corresponden normalmente a la vida civil y que se le han ido entregando poco a poco a la Guardia Nacional o al Ejército y una vez que la Guardia Nacional pase a ser un órgano militar, como la Marina o las Fuerzas Armadas, no vamos a ver una militarización de la seguridad, vamos a ver un militarismo de la vida pública”, dijo Del Pozo.

De diciembre de 2018 a junio de 2021, la CNDH recibió 914 quejas por violaciones a derechos humanos como tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias por parte del Ejército, 341 contra la Marina y 487 quejas contra la Guardia Nacional, que empezó a operar en 2019, de acuerdo con el informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México del Observatorio de la Guardia Nacional.

Al no ser una reforma que cambie la Constitución, este acuerdo no impedirá que la Corte resuelva las impugnaciones que ya están desde 2019 y 2020, explicó Del Pozo.

“Para los asuntos que están siendo impugnados ante el Poder Judicial de la Federación no tendría por qué haber una afectación en tanto esta norma es inferior a la Constitución, la cual es el parámetro para analizar las violaciones a derechos humanos”, explicó a La-Lista Del Pozo.