Personaje del mes | Familias de Ayotzinapa

El caso Ayotzinapa sacudió este mes la agenda nacional por una serie de hechos. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) dio a conocer este mes un informe en el que indica que no hay indicios de que los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala estén con vida.

Esa misma semana, cayó Jesús Murillo Karam, el funcionario de más alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien defendió la “verdad histórica” desde el inicio de las investigaciones y se aferró a esta durante la audiencia en el reclusorio norte, en la que fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, y permanecerá en prisión preventiva, al menos lo que dure el juicio.

También surgió la exigencia de que se esclarezca el asesinato de los normalistas Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón, así como la agresión contra Aldo Gutiérrez Solano quien quedó en estado de coma por un disparo en la cabeza.

La familia de Mondragón cuestionó que no hayan sido convocados a la reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que apenas se mencione el crimen en contra del normalista al que llamaban “El Chilango”, quien fue torturado esa noche a solo unos metros del C4 de Iguala sin que su muerte haya sido registrada por las cámaras.

Las familias de los 43 no respondieron de inmediato al informe de la Covaj y el 26 de agosto, como cada mes, salieron a marchar a las calles de la Ciudad de México para dar su posicionamiento hasta ese día. Expresaron que ven como una buena señal la detención de Murillo Karam, pero se mantienen en la exigencia de saber qué pasó con sus hijos y dónde están. Por ellas y ellos, en La Lista el personaje del mes es las familias de Ayotzinapa.

Cuatro padres y una madre de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han muerto en estos ocho años en la exigencia de saber por qué sus hijos fueron atacados por policías municipales y entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

A causa de cáncer, en 2018 murió Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, el cuarto de siete hermanos. “El Kali”, como le dicen sus amigos por su parecido al cantante Kalimba, creció en el campo y solía ir a recoger leña para su casa montando a caballo.

Tomás Ramírez Jiménez, el padre de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres normalistas que fueron asesinados la noche del 26 de septiembre murió el 2 de diciembre de 2018 en espera del acceso a la justicia por el crimen en contra de su hijo.

Saúl Bruno, padre de Saúl Bruno García, murió el 22 de agosto del 2021. Fue padre de nueve hijos, que nacieron en la comunidad de Magueyitos, en el municipio de Tecoanapa, Guerrero, desde donde salió su hijo Saúl a los 15 años para seguir estudiando.

Bernardo Campos Santos, padre de José Ángel Campos Cantor, falleció el 3 de septiembre del 2021 a causa de complicaciones de Covid-19 porque padecía diabetes. Fue uno de los padres incansables que buscó a su hijo en rancherías y comisarías del estado de Guerrero, según contó su amigo Clemente Rodríguez a Corriente Alterna.

Hace solo unos días Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora, sufrió un infarto en un hotel Vida en el Lago del municipio de Tepecoacuilco, a donde llegó el sábado para participar en la marcha en la cabecera municipal de Iguala, convocada por familiares y amigos del exalcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Restos óseos de su hijo fueron los primeros en ser identificados por pruebas genéticas en la Universidad de Innsbruck luego de que supuestamente fueron hallados en el Río Cocula. Por años se mantuvo a la espera de recuperar los restos completos de su hijo. Al igual que los restos de Alexander Mora han sido identificados pequeños trozos óseos pertenecientes a Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

La presunta participación del ejército en los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre fue uno de los reclamos por años de parte de las familias.

Después del informe de la Covaj, la Fiscalía General de la República obtuvo 86 órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa.

En las conversaciones telefónicas que forman parte de la investigaciones de la Comisión de la Verdad se revela que seis estudiantes permanecían con vida el 30 de septiembre y que un “coronel” dijo a un presunto integrante de Guerreros Unidos que se harían cargo.

Además, el celular del normalista Julio César Mondragón, quien murió torturado esa noche, registró actividad desde las instalaciones del Batallón de Iguala.

Entre las conclusiones preliminares de la Covaj se reiteró que en la Normal Raúl Isidro Burgos había un soldado del ejército infiltrado, que también fue desaparecido la noche del 26 de septiembre. Se trata del soldado Julio César López Patolzin, cuyo mando era el teniente de infantería Marcos Macías Barbosa, e informaba sobre las actividades de los normalistas para el Batallón 27.

El ejército no actuó para proteger a su soldado ni aplicó el  Protocolo para Militares Desaparecidos, no hizo nada para brindar ayuda al joven, quien rindió su último reporte a las 10 de la mañana del 26 de septiembre.

Vidulfo Rosales, abogado de padres y madres de los 43, dijo ante medios en la marcha del 26 de septiembre que las autoridades están presentando avances en la investigación que no van a desestimar.

“Participaron en la desaparición gente de Guerreros Unidos, policía estatal y Ejército mexicano. Ya no estamos hablando de que el Ejército mexicano solamente participó encubriendo u omitió en prevenir razonablemente el crimen que se cometió. Ya está probado que las autoridades, las fuerzas policiacas y militares participaron en la desaparición”, dijo ante medios.

Agregó que se espera que se investigue a toda la cadena de mando, incluyendo a quien era el Ejecutivo federal en ese tiempo (Enrique Peña Nieto), a quien era secretario de la Defensa Nacional en ese tiempo (Salvador Cienfuegos) y a quien era gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre).

“La lógica nos indica que ellos no pudieron ignorar lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban enterados, eran autoridades de primer nivel. Entonces, debieron estar al tanto de lo ocurrido. Entonces debe alcanzarlos la justicia a ellos también”, señaló el abogado de Tlachinollan.

En medio de una intensa lluvia, las madres y padres marcharon el 26 de agosto del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43, en Paseo de la Reforma y Bucareli, donde hicieron el pase de lista y exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

Al llegar al Hemiciclo a Juárez, frente a la Alameda Central, leyeron su pronunciamiento en donde reconocieron el avance en las investigaciones y vieron como buena señal la aprehensión de Murillo Karam. Sin embargo, exigen la presentación con vida de sus hijos o prueba científica e indubitable de que han muerto.

“Por nuestra parte, seguiremos con la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero. Será doloroso para nuestras familias saber de su destino, sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo”, leyóHilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa.

Entrevistado al respecto, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, dijo que las autoridades deben de tener las pruebas de que sus hijos están muertos.

“De que no hay indicios de que estén con vida, lo hemos sabido de parte de nuestros expertos. Eso lo tenemos claro, pero también nos han señalado que nuestros hijos están muertos y donde les han dicho los lugares tampoco los han encontrado. Entonces, el día que nos lo demuestren con pruebas legales y científicas de que están muertos, ahí vamos a aceptarlo”, expresó Navarrete.